Medioambiente, jueces y derechos humanos

Sergio González

Alego que nuestros jueces y tribunales no han terminado de clarificar (o no han podido o querido) la zona gris alrededor de los dos ejes de la protección al medioambiente  consagrados por la Constitución: que el Estado garantizará el derecho de toda persona a un medioambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien los provoque.

La bruma interpretativa empieza a clarear, pero por audacia de actores externos. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Opinión Consultiva (OC) sobre medioambiente y derechos humanos que encarna un parteaguas histórico al reconocer la correlación directa entre la protección del medioambiente y la realización de otros derechos humanos.

La OC deviene de la consulta realizada por Colombia sobre las obligaciones estatales en relación con el medioambiente, en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La opinión contiene dos elementos fundamentales que hay que destacar. El primero clarifica la relación de interdependencia e indivisibilidad entre la protección del medioambiente  y la realización de varios derechos humanos, pues la degradación ambiental afecta el goce efectivo de aquellos, en especial el derecho a la salud, a la integridad personal o a la vida entre otros, dado que puede causar daños irreparables en los seres humanos, lo cual impone una serie de obligaciones ambientales a los Estados de garantizar estos derechos de manera integral.

En el segundo determinó el alcance de las obligaciones estatales relacionadas con el deber de respetar y garantizar los derechos a la vida y la integridad personal en relación con daños al medioambiente  en los siguientes componentes: (I) prevenir los daños ambientales significativos al territorio de un Estado; (II) actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medioambiente , que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aun en ausencia de certeza científica; (III) cooperar con otros Estados de buena fe para la protección contra daños ambientales; (IV) garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medioambiente; (V) garantizar el derecho a la participación pública de la sociedad en la toma de decisiones y en la adopción de políticas sobre medioambiente; y (VI) garantizar el acceso a la justicia relativa a la protección del medioambiente .

Como todos sabemos, por decisión de nuestro tribunal constitucional, las opiniones de la Corte Interamericana no tienen el mismo efecto vinculante que sus resoluciones cumpliendo en mayor o menor medida la función de una mera asesoría o criterio orientador en materia de Derechos Humanos.

En esta época de control de convencionalidad, principio pro persona e interpretación conforme, la opinión de la que hablamos bien podría ser retomada por nuestros jueces y por el propio Ejecutivo federal a fin de apropiarse de este gran alegato jurídico moderno de los jueces de la CIDH para contribuir a iluminar la penumbra en la que se encuentran hoy los derechos humanos medioambientales relativos a la salud humana.

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@El_Consultor_

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