Hammurabi en Los Pinos

Aurelio Ramos Méndez

Hace tres décadas los mexicanos nos creímos el cuento de que ya habíamos quedado insertos de lleno y para siempre en el primer mundo; la resaca fue dolorosa y todavía persiste. Por estos días, desde la cima del poder del Estado, se intenta hacernos deglutir el embuste de que estamos a un tris de alcanzar la felicidad general, así tenga ésta que ser por decreto.

El gobierno federal, que ya sabemos no llegó sólo a administrar sino, transformar, suscribió el pasado martes, en Dubai, su adhesión a la Coalición Mundial de la Felicidad.

La noticia pasó virtualmente inadvertida, semioculta en el maremágnum de demagogia, chismorreo, intrigas y bajezas preelectorales.

Fue difundida de modo casi simultáneo con otra que, de no ser dramática la coyuntura, juntas podrían prefigurar el consabido chiste no de la buena y la mala, sino la mala y la peor:

Según cifras del Coneval, a causa de la inflación de 6.77 por ciento, de finales de 2016 al mismo período de 2017, un millón 821 mexicanos abultaron la población que no puede adquirir la canasta básica con su salario. Ahora suman 50 millones 880 mil las personas en esa triste situación; 41 por ciento del total nacional. Y con hambre no hay felicidad posible.

La membresía a la referida Coalición fue suscrita por la jefa de la Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia, Paulina Terrazas Valdés, quien —según sus propias palabras— “en el CIDE aprendí que lo más interesante del conocimiento es su capacidad de transformar la realidad”, y cuenta con  Maestría en Política Pública por la London School of Economics and Political Science.

La unión a la Coalición pinta para algo grande. De seguro entraña la finalidad de convertir la búsqueda de la felicidad en la más amplia y trascendental reforma estructural del presente sexenio, por encima aun de la energética y la educativa.

Nuestro país ingresó a un club de naciones —Arabia Saudita, Costa Rica, Kazajistán, Eslovenia y Portugal, entre otras— cuyos gobiernos, con criterio gerencial, han asumido la felicidad como compromiso de Estado inspirado en libros de autoayuda y con noción mercadológica de la felicidad como satisfacción del consumidor, servicio al cliente.

En modo alguno el anhelo de la felicidad es una motivación novedosa. Los historiadores han documentado que data, por lo menos, de 3, 700 años.

Se remonta tal aspiración al 1690 A.C., cuando Hammurabi, de entrada en su famoso Código de 282 leyes, plasmó el encargo por él recibido de los dioses, consiste en “dar valor al Derecho en la Tierra” e “iluminar el mundo y procurar la felicidad de los hombres”.

O, menos remotamente, de 1776, cuando fue redactada la Declaración de independencia de los Estados Unidos, cuyos impulsores definieron, desde la segunda frase, la convicción que los motivaba:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Era innecesaria la incorporación de México a semejante peña. Con la tan cacareada primera Constitución social del siglo XX, basta para alcanzar la felicidad hacer cumplir a cabalidad los derechos individuales postergados ya más de cien años; a la salud, educación, vivienda, empleo, salario digno, esparcimiento…

La entrada de nuestro país a la Coalición promovida por la única ministra de la felicidad del mudo, la emiratí Ohou bint Khalfan al Roumi, no parece inspirada en el primer legislador de la Historia ni en Thomas Jefferson, John Adams o Benjamin Franklin.

Ni siquiera inspirada en el antecedente contemporáneo más lejano, el de Bután, que en 1972 exploró la manera de conciliar sus políticas económicas con la filosofía budista, y acuñó el concepto de Felicidad Nacional Bruta; pero, 45 años después, sigue con los mismos problemas sociales, y, de seguro, el mismo nivel de infelicidad de entonces.

Tampoco fue motivado el ingreso al dichoso grupo en el modelo de Francia, que según los entendidos luego copió Inglaterra, consistente en inventarse sus propios indicadores y metodología para medir la felicidad de sus ciudadanos.

La decisión de nuestro gobierno está emparentada con el lance de Nicolás Maduro, quien en 2013 creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo. Una medida que hizo doblarse de la risa a quienes en nuestro medio aborrecen al sucesor de Hugo Chávez y ven castro-chavismo por todas partes.

Se carcajearon del llanero muchos de los funcionarios y miembros del gabinete que ahora no han dicho ni mu y deberán apechugar con la instrumentación del acuerdo firmado por Terrazas Valdés.

¿Quiénes? Luis Videgaray —por ejemplo—, quien ansioso por servir de calanchín al Tío Sam se ha perfilado como uno de los más denodados activistas contra el régimen venezolano y acaba de advertirle a Maduro que no será bienvenido en la Cumbre de las Américas, en abril próximo.

Están por verse las medidas que adoptará el presidente Peña Nieto para concretar la vinculación de México con la suigéneris Coalición Mundial.

La decisión más inmediata tendrá que ser la creación, a lo Maduro, de la Secretaría de la Felicidad. Y concentrar en ésta la totalidad de programas sociales, con la consecuente desaparición de la Sedesol, tan inútil —lo grita el creciente número de pobres—pero de la que tan orgulloso se siente José Antonio Meade.

Otra fuente de felicidad radica en combatir algunas expresiones de corrupción, como aquellas que hasta en Venezuela están siendo atacadas. Botón de muestra, el caso Odebrecht, que allá ha implicado la entrada en bola a la cárcel de funcionarios de PDVESA y acá una cínica burla al respetable.

Combatir la corrupción puede ser una de las maneras más efectivas de tener contentos a los mexicanos. Y algo susceptible de ser logrado mirando a la vez la antigua Babilonia, Venezuela y Yucatán; pero a un costo inadmisible.

El Código de Hammurabi, ya se sabe, establecía “pena de muerte por hurto de propiedad del templo y el palacio, o por recibir bienes robados”. Y hasta una idea de responsabilidad profesional según la cual “un arquitecto que haya construido una casa que se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte, será condenado a la pena de muerte”.

Simón Bolívar, hace ya casi 200 años, en un decreto del 12 de enero de 1824, instruyó lo siguiente:

“Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de diez pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital”. Misma pena que ordenó aplicar a jueces que incumplan su función.

Y ya se sabe que para Bolívar —discurso del 15 de febrero de 1819— “el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.

Algo así también propone el yucateco aspirante independiente a la Presidencia, Carlos Antonio Mimenza Novelo, para quien la pena de muerte es “una salida tangible para luchar contra la corrupción instalada en las instituciones”. Peligroso.

aureramos@cronica.com.mx

 

Imprimir

Comentarios