Eluden la creación del fondo de restauración ambiental | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 21 de Febrero, 2018

Eluden la creación del fondo de restauración ambiental

Orden legal. Se quedó en el papel por 5 años, era un procedimiento de avanzada para revertir daños ecológicos

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Los millonarios daños ecológicos que sufre México no pueden ser reparados de inmediato, ni los jueces pueden ordenar estudios para dictaminar un delito ambiental, toda vez que el Fondo de Responsabilidad que debería financiar estas acciones sencillamente no existe.

La creación, hace 5 años, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ordenó a la Semarnat crear ese Fondo, pero esto nunca sucedió.

El esquema legal es de avanzada, justamente por incluir el concepto de reparación del daño con los montos de las multas ambientales, pero esto quedó sólo en la Ley, no en la realidad. Esta semana, dos millones de pesos, generados en este esquema, ingresarán a las arcas del gobierno federal, pero quedarán en una suerte de limbo, y pasará lo mismo con otros recursos recaudados.

–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?–, se le pregunta al subprocurador jurídico Gabriel Calvillo Díaz, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.

En la práctica y ante esta situación, daños ambientales como el originado a los ríos Sonora y Bacanuchi por el consorcio México, empresa minera que derramó 40 mil metros cúbicos de partículas a sus cauces en agosto de 2014, no han podido ser atendidos de inmediato y se ha recurrido a conciliaciones, como la creación de fideicomisos. Con estos arreglos alternos a lo que la Ley establece, no hay posibilidades de seguimiento público puntual a lo realizado para revertir daños. Si el caso de los ríos sonorenses se hubiera atendido con recursos llegados al Fondo de Responsabilidad Ambiental, la atención habría podido ser inmediata y la información de gastos y acciones sería pública, al alcance de cualquier ciudadano en tanto se considera que la víctima del delito ambiental es la sociedad en su conjunto.

Cabe destacar que, además de casos de urgencia ecológica, el Fondo debía financiar estudios e investigaciones que un juez requiera para determinar delitos ambientales.

Se trataba de un esquema completo que el especialista Israel Alvarado Martínez, hoy investigador del Inacipe, calificó en su momento (2013) como un nuevo paradigma de responsabilidad penal ambiental.

A cinco años de aquello, Alvarado Martínez señala que no hay mucho que enmendar en la Ley y que tampoco hay aspectos técnicos que hayan conducido a esta parálisis. Indica que se trata de falta de voluntad política para actuar: “Todo se quedó en la ley, en las buenas intenciones y en la práctica no ha estado funcionando; ésa es la realidad”, dice en entrevista que publicará Crónica en una segunda entrega sobre este tema.

sin FONDO. Este diario revisó el tema durante varias semanas y después de varias consultas fue canalizado con Gabriel Calvillo Díaz, subprocurador jurídico de la Profepa, instancia que puede sancionar a quien altere nocivamente el entorno natural, así como proponer resarcimiento del daño. Calvillo Díaz comenta a Crónica, en entrevista, que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat, la cual debe establecer las bases y reglas de operación con apoyo de la Profepa, instituciones académicas y organizaciones sociales. Han pasado casi cinco años años y aún no se establece el Fondo, que por ley debe instituir la Semarnat (instancia a la que se le solicitó dar su versión de este tema durante las últimas semanas).

El subprocurador jurídico de la Profepa ratificó que de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), el establecimiento y la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat.

“En ese proceso, entiendo, está la Secretaría; los recursos (económicos) ya están llegando. Las reglas son para el funcionamiento del Fondo, ¿qué pasa con el dinero que ahorita está llegando? En el caso de nosotros (Profepa) se turna a la Oficialía Mayor de la Secretaría, específicamente puedo citar ahorita uno de dos millones de pesos que está a punto de irse y es el primer caso”, señaló en alusión a una multa impuesta a inmobiliarias en Querétaro.“Ojo, no es multa de Profepa, es un tema que mandó el Poder Judicial, es la resolución de un juez, y son los primeros dos millones de pesos que deberían de entrar al Fondo”, refirió Calvillo Díaz, quien fue redactor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en junio del 2013.

El caso aludido por el subprocurador jurídico se dio en Corregidora, Querétaro, donde la empresa Residencial Balvanera llevó a cabo actividades sin realizar un programa de rescate y reubicación de vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias.

El Subprocurador Calvillo Díaz enfatizó que el Fondo se alimenta no de multas administrativas, que son las que impone directamente la Profepa, sino de la sanción que establece directamente el Poder Judicial.

Calvillo Díaz, quien también fue Fiscal Especial para Delitos Contra el Ambiente de la PGR, explicó que unas son las multas administrativas que impone cotidianamente la Profepa, cuyo cobro lo hace la Secretaría de Hacienda y se va a una bolsa común, y otras son las multas que impone el Poder Judicial, que debe recibir el Fondo de Responsabilidad Ambiental.

“Puede ser que un ciudadano presente una demanda directa al juez; puede ser que una organización no gubernamental presente esa demanda al juez, o puede ser que la Profepa también presente la demanda”, indicó.

La Profepa, abundó, puede presentar la demanda judicial cuando ya agotó el procedimiento administrativo (ordenó reparar daño, clausuró y multó) y el responsable del daño hace caso omiso.

Refirió que con los recursos del Fondo administrado por la Semarnat es posible  resarcir el daño ambiental cuando no hay un responsable definido o cuando el responsable no tiene recursos para repararlo de inmediato.

“Hay muchos casos en el país en donde hay daños ambientales pero no sabemos quién fue, simplemente porque no hay manera de saberlo, o son daños que tienen muchísimo tiempo. Hay casos en los que a lo mejor sí va a responsabilizarse quien hizo el daño, pero es tan urgente que el Gobierno intervenga al momento y no esperarnos cinco años después del litigio”, indicó.

El abogado litigante en Derecho Ambiental, Penal y Responsabilidades Corporativas añadió que, como parte del procedimiento, el juez mandata la resolución a la Semarnat, la que deberá emitir las bases para operar el Fondo, “y creo que ya van bastante avanzados en ese tema”, añadió.

–Entonces ¿en realidad no está todavía establecido el fondo?

–Pues que a nosotros nos hayan convocado para decir ya está listo y estamos operando, hasta donde yo sé, todavía no. Nuestra función es hacer que se generen los recursos.

–Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?

–Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.

El pasado 7 de febrero se cumplieron cuatro años y siete meses de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que se establece la creación del Fondo, que debió empezar a funcionar plenamente en enero de 2014.

El 6 de marzo de 2017, la Profepa informó que un juez federal dictó la primera sentencia judicial, conforme a la LEFRA, en la que se condenó a dos cazadores furtivos al pago de una multa por 452 mil 940 pesos por la caza de dos ejemplares de borrego cimarrón en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.

La multa, de acuerdo con la Profepa, debió ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Ambiental.

La reparación de un daño ecológico puede ser, por ejemplo, reforestación o restauración del hábitat de vida silvestre, todo dependerá de la afectación.

“Antes de la Ley de Responsabilidad Ambiental la Profepa no ordenaba reparación del daño, sólo ordenaba algunas medidas correctivas. A partir del 2013 y toda la implementación del 2016, la Profepa ya ordena reparación del daño o bien compensación en aquellos casos que excepcionalmente obtengan una autorización”, finalizó.

Multas que no van al Fondo. El torno a las otras multas, las que no van al Fondo, la Profepa puede imponerlas hasta por tres millones 500 mil pesos, dinero que se va direcamente a la Secretaría de Hacienda.

En cuanto estas multas, en 2017 se impusieron tres mil 597 sanciones económicas, que equivalen a 449 millones 160 mil 293 pesos

Del año 2000 a octubre de 2017, el monto total es 5 mil 584 millones 150 mil 371 pesos en multas.

“La multa es el vehículo del mensaje que tenemos que mandar, y ese mensaje (cumplir con la ley) lo tenemos que mandar de manera uniforme la Profepa, la PGR y los jueces federales”, expresó el Subprocurador.

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