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Por olvido de Semarnat no remedian daños ecológicos

Ante la inexistencia del Fondo de Responsabilidad Ambiental, por lo menos dos millones de pesos están en el limbo, sin ser aplicados para la reparación de daño ecológico.
Han pasado casi cinco años años y aún no se establece el Fondo, que por ley debe instituir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Gabriel Calvillo Díaz, subprocurador jurídico, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo, en entrevista con CRONICA, que aún está en proceso el establecimiento del Fondo.
Destacó que, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), la administración del Fondo le corresponde a la Semarnat, la cual debe establecer las bases y reglas de operación del Fondo de Responsabilidad Ambiental, con apoyo de la Profepa, instituciones académicas y organizaciones sociales.
"En ese proceso, entiendo, está la Secretaria; los recursos (económicos) ya están llegando. Las reglas son para el funcionamiento del Fondo, ¿qué pasa con el dinero que ahorita está llegando? En el caso de nosotros (Profepa) se turna a la Oficialía Mayor de la Secretaría, específicamente puedo citar ahorita uno de dos millones de pesos que está a punto de irse. Es el primer caso.
"Ojo, no es multa de Profepa, es un tema que mandó el Poder Judicial, es la resolución de un juez (de Querétaro), y son los primeros dos millones (de pesos) que deberían de entrar al Fondo", refirió Calvillo Díaz, quien fue redactor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, publicada en junio del 2013.
El caso es en el municipio de Corregidora, en Querétaro, donde la empresa Residencial Balvanera llevó a cabo actividades inmobiliarias sin realizar un programa de rescate y reubicación de vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, además de incurrir en incumplimiento y desacato.
El Subprocurador enfatizó que el Fondo se alimenta no de multas administrativas, que son las que impone directamente la Profepa, sino de la sanción que establece directamente el Poder Judicial.
Calvillo Díaz, quien fue Fiscal Especial para Delitos Contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que unas son las multas administrativas que impone cotidianamente la Profepa, cuyo cobro lo hace la Secretaria de Hacienda y se va a la bolsa común de recaudación, y otras son las multas que impone el Poder Judicial y que se van al Fondo de Responsabilidad Ambiental.
"Las multas de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental son las que pueden imponer los jueces federales al momento de conocer de una acción colectiva.
"Puede ser que un ciudadano presente una demanda directa al juez; puede ser que una organización no gubernamental presente esa demanda al juez, o puede ser que la Profepa también presente la demanda”, indicó.
La Profepa, abundó puede presentar la demanda judicial cuando ya agotó el procedimiento administrativo (ordenó reparar daño, clausuró y multó) y el responsable del daño hace caso omiso.
Refirió que con los recursos del Fondo, administrado por la Semarnat, se debe resarcir el daño ambiental cuando no hay un responsable definido o cuando el responsable no puede reparar el daño de inmediato.
"Hay muchos casos en el país en donde hay daños ambientales pero no sabemos quién fue (el responsable) simplemente porque no hay manera de saberlo, o son daños que tienen muchísimo tiempo.
"Hay casos donde a lo mejor sí va a responsabilizarse quien hizo el daño, pero es tan urgente que el Gobierno intervenga al momento y no esperarnos cinco años después del litigio", indicó.
El abogado litigante en Derecho Ambiental, Penal y Responsabilidades Corporativas añadió que, como parte del procedimiento, el juez mandata la resolución a la Semarnat, la que deberá emitir las bases para operar el Fondo, "y creo que ya van bastante avanzados en ese tema".

-- Entonces ¿en realidad no está todavía bien establecido el fondo?

-- Pues que a nosotros nos hayan convocado para decir ya está listo y estamos operando, hasta donde yo sé, todavía no. Nuestra función es hacer que se generen los recursos.

--Si aún no funciona el fondo ¿qué va a pasar con el dinero?

-- Eso, honestamente, yo no lo sé; lo que sí es que en algún momento se le va a tener que dar cuenta al juez.

El pasado 7 de febrero se cumplieron cuatro años y siete meses de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), en la que se establece la creación del Fondo, que debió empezar a funcionar en enero de 2014.
El 6 de marzo de 2017, la Profepa informó que un juez federal dictó la primera sentencia judicial, conforme a la LEFRA, en la que se condenó a dos cazadores furtivos al pago de una multa por 452 mil 940 pesos por la caza de dos ejemplares de borrego cimarrón en el Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur.
La multa, de acuerdo con la Profepa, debió ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
En cuanto a multas de la Profepa, que no van al Fondo sino que son cobradas por la Secretaría de Hacienda, en 2017 se impusieron tres mil 597 sanciones económicas, que equivalen a 449 millones 160 mil 293 pesos.
Del año 2000 a octubre de 2017, el monto total es cinco mil 584 millones 150 mil 371 pesos en multas.
El Subprocurador mencionó que la Profepa sanciona con clausura y/o multa el incumplimiento de la ley, establece las medidas de reparación del daño y el responsable debe remediar el desacato, con sus propios recursos.
La reparación del daño puede ser con reforestación o restauración del hábitat de vida silvestre, todo dependerá de la afectación.
“Antes de la Ley de Responsabilidad Ambiental la Profepa no ordenaba reparación del daño, sólo ordenaba algunas medidas correctivas. A partir del 2013 y toda la implementación del 2016, la Profepa ya ordena reparación del daño o bien compensación en aquellos casos que excepcionalmente obtengan una autorización.
Señaló que aunque las multas que impone la Profepa se van a Hacienda, sólo en el caso de las sanciones económicas en materia forestal, por ley, se van a los estados, quienes se encargan de su ejecución.
El Subprocurador mencionó que muchas de las multas que impone la Profepa, aproximadamente 30 por ciento, son impugnadas por los particulares y están pendientes aún de ser determinadas en tribunales.
Actualmente la Profepa puede cobrar multas no mayores a tres millones 500 mil pesos.
Tras referir que 2017 ha sido el año en que más multas ha impuesto la Profepa, Calvillo Díaz, quien fue director general de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Semarnat y Consejero Consultivo Ciudadano de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC, señaló que la multa no es nada más que un incentivo para cumplir con la ley.
"La multa es el vehículo del mensaje que tenemos que mandar, y ese mensaje (cumplir con la ley) lo tenemos que mandar de manera uniforme la Profepa, la PGR y los jueces federales", expresó el Subprocurador.
Resaltó que, de acuerdo con la legislación ambiental, de las multas administrativas que aplica la Profepa, la Secretaria de Hacienda puede regresar una parte a la Procuraduría, pero “eso todavía no ha sucedido”.

 

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