Figura del testigo social: herramienta de transparencia en las contrataciones públicas - Arely Gómez González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 22 de Febrero, 2018
Figura del testigo social: herramienta de transparencia en las contrataciones públicas | La Crónica de Hoy

Figura del testigo social: herramienta de transparencia en las contrataciones públicas

Arely Gómez González

La transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana son principios nodales en la consecución del Gobierno Abierto, que ha pasado de un mero anhelo a un proyecto de aplicación concreta. A fines del siglo pasado, surgieron los pactos de integridad como una iniciativa de Transparencia Internacional con el propósito de restringir la corrupción en los procesos de contrataciones públicas. Dichos compromisos entre las empresas y los servidores públicos fueron originalmente puestos en marcha en la República de Indonesia y sirvieron para sumar a la sociedad civil en el fomento del uso adecuado de los recursos públicos. El modelo fue importado a nuestro país y modificado para integrar a la ciudadanía en la vigilancia de cada una de las etapas de los procedimientos de contrataciones públicas, convirtiéndose a la postre en la figura de testigo social, que hoy se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico.

Los testigos sociales son personas físicas o morales registradas en el padrón público en la materia que participan en los procedimientos gubernamentales de contratación. Una vez que éstos han concluido, los testigos emiten un testimonio final y formulan recomendaciones con miras a fortalecer la legalidad, la transparencia y la imparcialidad de los mismos. La selección de los testigos sociales se lleva a cabo mediante convocatoria pública para monitorear los siguientes casos: licitaciones cuyo monto rebase los umbrales de 5 millones de Unidades de Medida y Actualización (UMA); arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios de 10 millones de UMA; contrataciones de obras públicas y contrataciones con un impacto relevante en los programas sustantivos de la dependencia o entidad solicitante. A la Secretaría de la Función Pública corresponde propiciar las mejores condiciones de contratación, en apego a los principios de eficiencia y economía. Por ello, la Secretaría es la responsable de emitir la citada convocatoria y tiene a cargo el padrón público de testigos sociales, que se encuentra disponible en el sitio de CompraNet.

A la luz de las reformas del 27 de mayo de 2015 a la Constitución, por las que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, así como del andamiaje legal secundario que configura la coordinación de las autoridades que conforman dicho Sistema, resulta indispensable modernizar esta variante de participación ciudadana en al menos dos aspectos: En primer lugar, es prioritario promover la homologación de políticas, reglas y criterios que den pie al establecimiento formal de un sistema nacional de contrataciones públicas, congruente y articulado. Ello con el fin de consolidar las buenas prácticas en la materia y la certeza jurídica en todo el país. En segundo lugar, se debe plantear la pertinencia de reducir en la normatividad vigente los montos a partir de los cuales es factible la intervención de los testigos sociales en los procesos de contrataciones públicas. Esto permitiría la colaboración de las personas acreditadas como tales en un mayor número de procedimientos.

Frente a estos desafíos, la Secretaría de la Función Pública busca extender esta forma de participación de la ciudadanía, la cual sumó 605 testigos sociales designados entre diciembre de 2012 y diciembre de 2017. Por ello, a partir de este año, los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la administración pública federal deben reportar un indicador específico que muestre cuáles son los procedimientos de contratación que rebasan los umbrales establecidos y que, por tanto, posibilitan la intervención de esta figura. Dicha información hará posible identificar las omisiones en las solicitudes de designación de testigos sociales que deben presentar las dependencias y entidades.

Las instituciones de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación constitucional de administrar con eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez los recursos públicos de los que dispongan y satisfacer los objetivos para los que sean destinados. El ahínco con el que la institución encargada del control de la gestión pública trabaja para mejorar el modelo de testigo social radica en el interés de cumplir íntegramente con nuestras obligaciones jurídicas. Nuestro propósito es transparentar el actuar del gobierno federal, evitar prácticas irregulares o corruptas y proteger lo que es de todos, en aras de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

 

 

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