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El sistema de justicia en México está en crisis: Pedro Salazar

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, aseguró que el sistema de justicia en México “está en crisis” porque, no obstante, la reforma penal puesta en marcha de manera paulatina desde hace años se mantienen vicios como son la falta de una visión integral en materia de justicia en todo el país, y porque no existe un modelo de procuración de justicia coherente.

Dijo que la reforma penal aprobada en 2008 “es realmente esquizofrénica”, y citó al doctor Sergio García Ramírez, quien en días pasados se refirió a ese mecanismo como “El bebé de Rosemary” -en referencia a la obra maestra del director polaco Roman Polanski, filmada en 1968, donde la criatura es literalmente hijo del diablo-, por la enorme complejidad que tiene en su operatividad.

Durante su participación en la Conferencia Internacional de Seguridad y Justicia, organizada por la CNDH, Salazar Ugarte afirmó que, a pesar del nuevo Sistema Penal Acusatorio en operación, hay un universo de situaciones que, si bien no hace a ese mecanismo inoperante, por lo menos sí lo vuelve tardado y poco eficiente a la vista de los ciudadanos.

Por ejemplo, detalló, “hoy se sigue deteniendo a las personas para investigar, no porque ya se les haya investigado”, y eso violenta el nuevo sistema de justicia, acusó.

En el desarrollo de la mesa número 9, denominada “Fiscalía General de la República y nuevo modelo de procuración de justicia”, el especialista afirmó que, en su concepto, no es tan importante en este momento el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República –detenido en el Senado de la República-, porque lo principal, subrayó, es la construcción del andamiaje en el que esa figura deberá moverse una vez designado.

“Primero hay que tener el plan de vuelo y luego al piloto. No podemos tener al mejor capitán de vuelo sin que cuente con una ruta para navegar”, sostuvo, aunque en la etapa de preguntas y respuestas reconoció la necesidad de que el Congreso, concretamente el Senado, acelere esa designación.

Afirmó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de justicia es que “no hay un verdadero servicio profesional de carrera en todo el mecanismo, y no lo habrá –sentenció-, mientras no se dignifique el trabajo de las procuradurías, a través de salarios e incentivos reales de crecimiento para el personal que ahí labora”.

Agregó que, en la actualidad, “el sistema de justicia en México carece de una visión sistémica, pues no existe un modelo de procuración coherente, además de que hay un déficit en la generación de información para combatir la incidencia delictiva, por lo que se debe fomentar el intercambio de datos entre las diferentes procuradurías para atender, por ejemplo, casos de secuestros y desapariciones forzadas”.

En su oportunidad, en la misma mesa de debate, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo, aseguró que la procuración de justicia en México, “se encuentra llena de un sistema de burocracia, que no brinda respuesta a las víctimas, viola los derechos humanos, fragmenta las investigaciones y es manejada por la manipulación política”.

Aseguró que, para lograr la autonomía de la Fiscalía General, la Fundación para la Justicia propone implementar un modelo que cuente con la participación ciudadana para la selección del titular, y mejorar el perfil del Fiscal autónomo a vínculos con partidos políticos.

Así, el titular deberá presentar un plan de persecución penal para conocer cuáles serán los principales delitos que serán prioridad en la Fiscalía.

“En México se tiene un gran problema de corrupción e impunidad formadas por servidores públicos, crimen organizado y empresas que fijan sus intereses por encima de las leyes. Esta situación no cambiará si no se logra una autonomía plena en la injerencia de los poderes fácticos en el manejo del derecho penal”, subrayó.

Finalmente, la exfiscal General de Colombia, Martha Lucía Zamora, dijo que la Fiscalía General en México “debe estar definida desde la Constitución, como una entidad autónoma con presupuesto propio; se debe crear una forma ideal de elección del fiscal general y las exigencias para los candidatos postulados, además de marcar el control sobre la actuación del fiscal.

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