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Puigdemont se aparta y propone al preso Jordi Sànchez como president

El destituido mandatario catalán, que sigue en Bruselas, se resigna a declinar su candidatura en favor del activista independentista, encarcelado sin juicio por sedición y rebelión

Carles Puigdemont, ayer, durante su videoconferencia desde Bruselas.

El destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, renunció ayer de manera “provisional” a su candidatura para regresar a la cabeza del gobierno catalán tras los resultados de las elecciones regionales del pasado diciembre, que todavía no han permitido formar un nuevo ejecutivo.

Puigdemont continúa en Bruselas, donde buscó cobijo a finales de octubre ante la previsión de que, de continuar en Barcelona, afrontaría un juicio por sedición y rebelión, y, muy probablemente, hubiera terminado en prisión preventiva a la espera de juicio.

Esta decisión responde a la imposibilidad de lograr una investidura a distancia, opción que sondearon las formaciones independentistas y que descartaron tanto los expertos legales del Parlament en Barcelona como el gobierno español.

El líder de la lista Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), que quedó en segundo lugar tras la formación liberal unionista Ciudadanos, decidió proponer en su lugar como candidato a Jordi Sànchez, número dos de su lista electoral.

ENCARCELADO. El problema es que Jordi Sànchez se encuentra, desde hace cinco meses, en la misma situación que probablemente enfrentaría Puigdemont en caso de regresar a territorio español: prisión preventiva sin fianza a la espera de juicio por cargos de rebelión y sedición. Eso, pese a que Sànchez, al igual que otro encarcelado por los mismos cargos, Jordi Cuixart, no formaba parte de un partido político, sino que se desempeñaba como líder de la Asamblea Nacional Catalana, un colectivo civil independentista.

El secretario de Justicia español, Rafael Catalá, consideró que es “difícil” pensar en un presidente autonómico que esté “en prisión”. Las leyes españolas no impiden que un preso sea investido como presidente regional, pero como sí se prohíbe la investidura a distancia, el juez instructor del caso de Sànchez, Pablo Llarena, debería concederle un salvoconducto para que pudiera acudir a la sesión, algo que se prevé improbable que ocurra.

Al respecto del discurso de Puigdemont desde Bruselas, el gobierno en Madrid consideró una buena noticia su renuncia, que atribuyeron a la determinación del ejecutivo del presidente Mariano Rajoy de impedir la investidura a distancia.

DEMANDA. Por otra parte, Puigdemont también anunció que presentará “una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas” por la “violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos” por parte del Estado español. Esto, con el fin de defender derechos “individuales y colectivos” de los catalanes que han sido “pisados” por Madrid, afirmó.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. La reputada ONG Amnistía Internacional denunció desde el principio el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart, y hace diez días consideró “excesiva y desproporcionada” la prisión preventiva para ambos, en el marco de un informe en el que denunció el aumento de la represión a la libertad de expresión en España.

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