La nueva para-estatalidad y los abogados

Carlos Matute González

En el XVI Congreso Nacional de la Barra Mexicana de Abogados, en la Comisión de Derecho Administrativo, se analizó la nueva realidad administrativa de los entes públicos y discutimos la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos, las empresas productivas del Estado, las instituciones de educación superior que gozan autonomía derivada de la Constitución, los fideicomisos públicos no entidad y las asociaciones civiles que reciben recursos presupuestales. Ninguna de estas entidades forman parte en su totalidad de la administración subordinada al Ejecutivo Federal.

La primera conclusión fue que estamos ante una realidad compleja, cuyo estudio no se considera en los planes de estudio de las facultades de derecho, ni en los libros de texto clásicos. Incluso se comentó que la reciente reedición en 2017 de la obra clásica de Gabino Fraga —vendida como supuestamente actualizada por Fernández Ruiz— no contenía las instituciones creadas con las reformas de este sexenio e incluso se hacía referencia a los departamentos administrativos —que ya no existen— y al Distrito Federal sustituido por la Ciudad de México, en virtud de la reforma del 29 de enero de 2016.

La segunda fue que en los últimos treinta años se ha creado una administración paralela al Poder Ejecutivo no dependiente de éste que denominamos “la nueva para-estatalidad”. Esta evolución obliga a que se reflexione sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma al artículo 90 constitucional que restringe a la administración pública federal a la mencionada rama del gobierno. En ese sentido, es conveniente que, desde las organizaciones profesionales de la sociedad civil como lo es la Barra Mexicana de Abogados, se propongan foros de revisión de la regulación constitucional del sector público para dos efectos: a) haya congruencia entre la disposición formal y lo que efectivamente ocurre y b) la comprensión de este fenómeno se facilite. En un libro reciente de Pedro Salazar, presentado en la Barra, se hace referencia a la importancia de crear una teoría general de organismos constitucionales autónomos.

La tercera, que el concepto autonomía tiene una mayor flexibilidad, comparado con el de soberanía, para explicar la circunstancia formal de cada entidad pública en términos de las garantías que se le otorgan para ejercer las facultades concedidas por la Constitución. Cualquier organización puede revisarse vista desde la autonomía de gestión, financiera, estructural, normativa o técnica y graduarla. Esto permite hacer un comparativo útil para ubicar, con respecto al Poder Ejecutivo u otro Poder, a las entidades públicas pertenecientes a la nueva para-estatalidad.

La cuarta, que la legislación secundaria establece definiciones diferenciadas para entidades y servidores públicos, lo que significa que hay una relativización de los controles y de las normas aplicables dependiendo de las funciones u operación jurídica que lleven a cabo. Por ejemplo, el concepto de persona servidora pública en la Constitución de la Ciudad de México incluye a toda persona que labora para un concesionario o contratista del gobierno.

La quinta fue que la pluralidad de legislación en materia de responsabilidades, contratación pública, presupuestación, disciplina financiera y fiscalización exige una híper especialización del foro para llevar a cabo la asesoría y consultoría jurídica, pero con la condicionante de que no necesariamente la homologación sea la vía adecuada en razón a la creciente complejidad de la materia y la propuesta política que sean órganos imparciales, independientes, objetivos y profesionales los que resuelvan en materias cuya eficiencia puede afectarse seriamente si la toma de decisiones tiene alto contenido político.

La sexta, que la proliferación de autonomías constitucionales debe limitarse al máximo y que las existentes sean sometidas a un proceso de revisión profunda que haga más eficaz su desempeño y justifiquen su existencia a través de la revisión de los resultados. Los entes públicos de la nueva para-estatalidad deben demostrar su funcionalidad, que puede verse profundamente afectada si son capturados por los partidos políticos a través del control que éstos tienen en el Congreso de la Unión.

Estas entidades públicas novedosas son un reflejo de la ampliación de la propuesta política de la gobernanza y el gobierno abierto y la expresión constitucional del pluralismo liberal. Han sido la propuesta para superar el presidencialismo autoritario que era la principal institución del antiguo régimen. Los abogados tienen el compromiso de entender y ser capaces de explicar su naturaleza y funcionamiento y se debe empezar por sustituir la forma de enseñar lo que es y cómo se ha identificado como el sector público ampliado.

Profesor del INAP

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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