Dinero, terremoto, damnificados: fideicomiso

Ricardo Becerra

Uno de los aciertos más importantes de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México fue introducir un “Fondo de Reconstrucción”. O sea una bolsa de dinero diferente “aparte del dinero que normalmente ejercen las agencias del Gobierno- para atender específicamente los graves daños que el sismo le causó a la ciudad.
Se lee y se oye fácil pero sus consecuencias son muchas: se trata de no confundir, de que todo el mundo vea con claridad a dónde van esos recursos, que se conozcan las razones por las cuales cien, veinte o cincuenta millones van para acá y no para allá y que “por tanto- se puedan presentar cuentas claras ante quien quiera verlas (esencialmente,  los mismos legisladores).
Si la lógica no falla, el Fondo de Reconstrucción tiene una consecuencia instrumental bastante obvia: crear un Fideicomiso. La Secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano, el Instituto de Vivienda, Protección Civil, etcétera, tienen su presupuesto regular y cada quien cumple sus funciones. Santo y bueno. Pero se constituye un Fondo nuevo, completamente distinto para que esas dependencias hagan un montón de cosas perentorias en respuesta a las necesidades de la emergencia y que no está en su rutina, ni en sus programas ordinarios.
Por eso el Fondo es tan pertinente, no solo por razones de transparencia sino sobre todo por razones de eficacia: hay un montón de necesidades en gran parte de la Ciudad de México que se detectan conforme el curso de las cosas se desarrolla: antes era el rescate, albergues, un lugar donde dormir, comida caliente…  luego la seguridad jurídica (qué va a pasar con mi casa, con mi departamento), qué destino tiene el edificio de al lado, inclinado, que amenaza al mío, ¿podremos volver a construir en el mismo suelo, sobre el mismo terreno y en qué condiciones?  
Luego está la ayuda de rentas o el seguro de desempleo para los damnificados. Resguardo de pertenencias, obras menores para restablecer la habitabilidad de las casas y un largo etcétera. Y claro: la zona de grietas, las escuelas que necesitan con urgencia volver a la normalidad y los edificios que se deben reforzar inmediatamente.
Por eso, porque las necesidades reales que produce una catástrofe no se ajustan al atornillado organigrama, la Asamblea atinó establecer un Fondo, ya no por dependencia, sino por necesidad, mejor dicho, por necesidades urgentes y cambiantes en el tiempo: si hay que contratar un ejército de DRO’s (ingenieros expertos en estructuras) se echa mano del Fondo (Fideicomiso) y adelante. Si hay que demoler cien edificios que causan zozobra e inseguridad a los ciudadanos, contratar todas las empresas necesarias de inmediato para que se anule el riesgo en la Ciudad (que además, sigue temblando). Si hay que realizar los estudios del suelo en decenas o centenas de predios, el Fondo está allí para que la tarea de reconstrucción no se detenga.
O sea: el Fondo es la manera de escapar de la inercia y de la burocracia, la forma de actuar rápido, sin excusas ni pretextos, con el fundamento en estudios científicos, evaluaciones concretas y objetivas y la escucha directa de las necesidades de los damnificados.
La Asamblea Legislativa supo apilar ocho mil 700 millones de pesos para el Fondo que ordena la Ley en 2018. Ese Fondo “creo- debería convertirse en un Fideicomiso público sin ninguna reserva de información para lograr tres cosas: 1) que el dinero se destine a las prioridades objetivas y públicamente determinadas; 2) que sea el Gobierno central, la Comisión de expertos, los legisladores y los testigos sociales quienes decidan en conjunto el destino de esos recursos y, 3) que esa decisión de gasto coordine a los esfuerzos de todos. Como participa el ejecutivo, el legislativo, la sociedad civil y una Comisión bien calificada, los recursos se dirigen hacia objetivos coherentes y no redundantes.
En tres palabras: dinero gastado en necesidades reales; necesidades decididas por actores calificados; necesidades coordinadas y no redundantes.
Éste es uno de los temas críticos de la reconstrucción en la Ciudad de México (y en el país). Lo que hace un alto contraste con el manejo y el planteamiento del Gobierno Federal. Aquí está la oportunidad de hacer las cosas diferentes, eficaces, transparentes, más allá del ciclo político y además, ¡está en la ley!  
Ojalá que la idea del Fideicomiso esté hecha para priorizar, para alinear esfuerzos, para evitar redundancias y no quedé en saco roto. Es necesario, es útil y sobre todo lógico. Es el dinero del que se puede anclar la confianza de cientos, decenas y miles de damnificados…

 

Ricardo Becerra
Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática
ricbec@prodigy.net.mx
@ricbecverdadero

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