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Documentan injerencia de la industria contra políticas y combate a la obesidad

Reportaje. Para frenar el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y las crecientes tasas de obesidad, organismos como la OMS han recomendado a los gobiernos implementar medidas específicas, como impuestos especiales, y desincentivar el consumo. No obstante, en México éstas han sido combatidas por la industria con diferentes tácticas, la principal: influir en el diseño

(Primera de dos partes)

En la epidemiología infecciosa hay un agente parasitario que produce una enfermedad, pero que es incapaz de infectar por sí solo, por lo que necesita un vector que lo transporte al huésped que será infectado; eso, que produce un daño necesita ser instrumentalizado. En el caso de la malaria o dengue, el vector son dos tipos de mosquitos diferentes: Anopheles y Aedes aegypti, respectivamente.    

Hoy en día, ese mecanismo en la “infección” puede utilizarse para otras enfermedades no transmisibles, por ejemplo, el relacionado con la mala alimentación y la generación de sobrepeso, obesidad y diabetes. “En este caso, los agentes son la comida chatarra, de la cual no hay duda alguna sobre su peligrosidad, que no alimenta y no debería de estar en nuestro consumo”, señala Enrique Jacoby, exasesor sobre Nutrición y Actividad Física de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este agente “infeccioso” no es natural ni crece en los árboles, añade, sino que es desarrollado por el mismo vector que busca transportarlo hacia el huésped, es decir, la industria de comida y bebida chatarra —que no pueden llamarse alimento, puesto que no cumplen con esa característica, la cual se han adjudicado—.

“La industria ha creado productos por la vía de la simplificación. Hay estudios que refieren que todo el contenido de cualquier producto ultraprocesado no tiene ningún valor nutricional, considerando los estándares actuales que definen qué es nutricional. Por ello es legítimo llamarla chatarra, no es peyorativo, sino descriptivo”.

Enrique Jacoby, exviceministro de Salud de Perú, participó en la presentación de la publicación La trama oculta de la epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés, la cual documenta el desarrollo e injerencia de la industria de comida y bebidas chatarras en el diseño y aplicación de políticas públicas encaminadas a la prevención y combate al sobrepeso y obesidad.  

El texto, publicado por El Poder del Consumidor, organismo eje y vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria, se divide en cuatro capítulos e inicia con la descripción del panorama de total riesgo de la población de México y el mundo ante el consumo de comida y bebida chatarra, a la vez que la industria incrementa sus estrategias para esparcir más la “infección”. La inversión y ventas se concentran en países en desarrollo y México es el principal objetivo, puesto que es el país que más consumo ha registrado en los últimos años, de acuerdo con la OPS.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2012, elaborada por Parametría, en México, 78 por ciento de la población admite consumir refrescos: de éste, 31 por ciento los bebe uno o dos días a la semana; 29 por ciento, a diario; 22 por ciento, tres o cuatro días de la semana; 10 por ciento compra este tipo de líquidos de vez en cuando; y 7 por ciento ingiere bebidas dulces con gas casi todos los días.

Para frenar el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y las crecientes tasas de obesidad, sobrepeso y sus trastornos asociados, señala el documento, los organismos sanitarios internacionales han recomendado a los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que apoyen e implementen una serie de medidas específicas.

Los planes instan a: Aplicar políticas fiscales, como impuestos sobre bebidas azucaradas y productos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional; reglamentación de la publicidad y el etiquetado frontal de los alimentos; mejoramiento de los ambientes escolares de alimentación y actividad física; así como la promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable.

“En México, a partir de las recomendaciones de las entidades de salud internacionales, gobierno y sociedad civil comenzaron a discutir políticas y campañas para enfrentar el problema. Así, se implementó el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o IEPS), se reguló el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, se creó el distintivo nutrimental, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas y se reglamentó la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, todo dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, creada en octubre de 2013”.

“No obstante, cada una de estas regulaciones ha sido combatida por la industria con diferentes tácticas, la principal: influir en el diseño. El poder de la industria y sus alianzas con instituciones y funcionarios gubernamentales no sólo les permitió participar en el diseño de regulaciones fundamentales para combatir la obesidad, sino también excluir de este proceso a los institutos nacionales de salud”.

“Diversas publicaciones de organismos internacionales, artículos científicos y periodísticos, e investigaciones de la sociedad civil han documentado que la gran industria de alimentos y bebidas se ha transformado en el principal obstáculo para implementar políticas contra la obesidad”, señala Alejandro Calvillo, director de El Poder de Consumidor.

En febrero de 2011, Journal of Public Health, la revista más prestigiada en el mundo en su ramo, señaló que no es sorprendente encontrar que las mayores empresas de alimentos están utilizando las mismas tácticas de la industria del tabaco: Poniendo el problema de salud en las decisiones de los consumidores. Se oponen a la intervención gubernamental argumentando que se infringe la libertad individual (…) usan sus campañas de marketing social para fortalecer su reputación y promover sus marcas, oponiéndose a cualquier política efectiva.

“Con esto, se ha impuesto una narrativa de que la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes es un problema de balance, sin importar la mala calidad de la comida y bebida ultraprocesada, a la que está expuesta la población”.

El documento refiere en su capítulo “La reacción de las grandes corporaciones”, las tácticas que llevan a cabo para la cooptación de estas medidas y políticas públicas. Pero Coca-Cola, Nestlé, Bimbo o Pepsico no actúan de forma directa, sino a través de organismos como ConMéxico y el Consejo Coordinador Empresarial, que representan los intereses de los empresarios, agrega Calvillo. Entre las discusiones a las que se sumaron éstos fue a la oposición para retirar la comida chatarra de las escuelas en 2010.

Para entonces, Coca-Cola y Pepsico firmaron convenios de colaboración con la SEP para la puesta en marcha de campañas como “Vive Saludable Escuelas”. “Al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vazquez Mota, ante la demanda de sacar la comida chatarra de las escuelas, respondió que ésa no era la opción, que había que enseñar a los niños a realizar elecciones saludables. Reproducía así el discurso de la industria, que la obesidad es una responsabilidad individual, que no tiene que ver con un entorno y condiciones que la promueven, llevándolo al extremo de aplicarla a los niños”, suscribe el documento.

ESTUDIOS A MODO. Por otra parte, como parte de la estrategia para desacreditar el impuesto a bebidas azucaradas —política pública que ha demostrado su eficacia para desincentivar su consumo, comprobado por un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)— “la industria en México pagó tres estudios para reforzar sus tres argumentos principales”, señala Calvillo.

Uno de ellos, elaborado por los académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Joana Chapa Cantú, Daniel Flores Curiel y Laura Zúñiga Valero, concluyó que dicho impuesto estaría vinculado al despido de 11 mil trabajadores; el estudio del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), elaborado por Arturo Aguilar, Emilio Gutiérrez y Enrique Seira, dice que el impuesto no beneficia a la salud; y finalmente el de El Colegio de México (Colmex), encabezado por José Romero, fundador y consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

Ninguno de estos estudios se sostiene, de acuerdo con el Comité Revisor del Estudio sobre el Impacto del Impuesto, elaborado por el INSP, e integrado por especialistas de de la Universidad de Londres, la Universidad de Duke y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Estos tres estudios presentan conflicto de interés, ya que fueron pagados por las empresas por medio de ConMéxico y la ANPRAC. Por otro lado, los resultados no se sostienen porque “no tienen un buen análisis, la econometría, la estadística y sus métodos no son fáciles de comprender”, suscribió.

Por su parte, Calvillo enfatiza que ninguno de los estudios fue revisado por pares ni publicado en revistas científicas, mientras que las evaluaciones del INSP y el Centro de Población de Carolina del Norte, que elaboraron el estudio sobre el impacto del impuesto al refresco, tenía un grupo técnico asesor internacional del más alto nivel que revisó las evaluaciones publicadas en revistas científicas que como el British Medical Journal y PLOS One.

No obstante estas observaciones, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) “continúa enarbolando estos tres estudios como argumentos fundamentales para contradecir la efectividad del impuesto al refresco.  ANPRAC paga un anuncio en Google para la web www.impuestoscaloricos.com para promocionar su visión”.

TE COMPRO TU PRESTIGIO. La organización también documenta la relación de la industria con instituciones consolidadas a quienes “compran” su prestigio. Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, señala que en México se tiene conocimiento de que organizaciones como la Asociación Mexicana de Nutrición reciben financiamiento de compañías como Danone, Nestlé, Yakult y Esplenda, entre otros; en tanto que la Federación Mexicana de Diabetes tiene profundos vínculos con Coca-Cola, e incluso se ha opuesto al impuesto contra bebidas azucaradas.

El documento registra que a finales de 2012, cuando aún se discutía la medida de gravar los refrescos, María Guadalupe Fabián San Miguel —directora médica de esa federación y ahora miembro del ­s­taff de otra organización patrocinada por Coca-Cola— dijo: “No estamos de acuerdo en prohibir o asignar impuestos a bebidas y algunos productos”, en contraste con lo dicho por la Federación Internacional de Diabetes, que solicitó en el 2015, en la antesala de la reunión de líderes del G20, poner el tema de la enfermedad en la agenda global y emplear un impuesto al azúcar para combatir la obesidad, con el argumento de que esta medida ayudaría a salvar vidas y a reducir los presupuestos sanitarios.

“Pero en México una de las mayores influencias en la política alimentaria es Nestlé, que ha establecido programas y financiamiento, por ejemplo, de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en especial su Fondo Nestlé para la Nutrición”, señala Espinosa.

Agregó que funcionarios de Funsalud han pasado al sector salud, en la dinámica conocida como “puertas giratorias”. “El más representativo es el de la exsecretaria de Salud, Mercedes Juan, quien antes de tomar el cargo dirigió Funsalud por varios años. Durante su administración, y ante críticas de investigadores del INSP por el etiquetado frontal establecido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estableció la ley mordaza contra la institución, que fue creada para dar evidencia científica en la elaboración de la políticas públicas”.

Agregó que el INSP no fue consultado en ningún momento para la elaboración del etiquetado frontal ni para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a la infancia. Por otra parte, añadió, la Secretaría de Salud entregó la formación de promotores de lactancia materna a Nestlé, que ha establecido lactarios, distribuido libros y diferentes materiales para orientar a las madres en los primeros mil días de vida de los bebés, promoviendo el consumo de sus productos. “Muchos de ellos con azúcares añadidos, cuando se sabe que las recomendaciones internacionales señalan que no deben darse antes de los dos años. “Nestlé introduce productos con azúcares añadidos en los primeros seis meses”. Adicionalmente, dijo que si bien Funsalud ha desarrollado investigaciones de valor, no ha evaluado el impacto de la publicidad de estos productos, así como el resultado de etiquetados frontales.

Pero existen otros ejemplos de esta venta de prestigio, cita el documento, como el lanzamiento del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, convocado por Coca-Cola y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “Existe un profundo problema de conflicto de interés con la salud pública y Conacyt, que está sirviendo a una estrategia de marketing social para confundir y neutralizar a la industria”.

Este tipo de influencia de la industria con los gobiernos es global, no obstante, México es un país nodal por la influencia que tiene sobre otros países y por el sustento del mercado que decae en países desarrollados. El caso mexicano tiene muchas particularidades, entre ellos el cinismo de la industria, apunta Jacoby.

“Pensé que la influencia de la industria menguaría con el paso de los años porque las evidencias crecen y cada vez sabemos más sobre la repercusión de los productos ultraprocesados en la salud y el rol negativo de las corporaciones.

“Sin embargo, hoy en día permanecen y es impresionante aquí y en otros países esa injerencia, como en EU —tierra madre de la gran mayoría de estas corporaciones— donde este poder se manifiesta de forma silenciosa. Pero en México no guardan ninguna forma”.

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