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“La industria no puede participar en diseño de políticas antiobesidad”: Alejandro Calvillo

Empresas de comida chatarra, representadas por ConMéxico, entre otros, han tenido injerencia su favor en la elaboración de las medidas para regular sus productos, explica Alejandro Calvillo

(Segunda de dos partes)

Dos de las mayores e importantes intervenciones de la industria de comida y bebida chatarra para cooptar las políticas públicas destinadas a combatir la obesidad han sido en la publicidad dirigida a la infancia y el etiquetado de alimentos procesados. De acuerdo con el documento La trama oculta de la epidemia, elaborado por El Poder del Consumidor, organización eje de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), instituciones como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coferpis) han permitido la autoregulación de la industria para establecer un etiquetado frontal en sus productos, el cual no es entendible ni siquiera por estudiantes de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); por otra parte, la publicidad de estos productos no ha sido eliminada de los horarios con mayor audiencia infantil, de acuerdo con datos del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

Uno de sus capítulos del documento expone la intervención directa de la industria en la política nacional contra la obesidad —declarada por el actual secretario de Salud, José Narro, como emergencia epidemiológica— en estas dos medidas. En el caso de la publicidad dirigida a la infancia refiere que su regulación es limitada y restringida a un horario entre las 14:30 a 19:30 entre semana. De acuerdo con el propio Ifetel el horario con mayor cantidad de población infantil observando el televisor es de 20 a 22 horas, donde ven programas que no son para niños, como telenovelas y series. “Esta regulación es una simulación monumental”, dice Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

La publicación enfatiza además que, mediante mecanismos de acceso a la información, la dependencia aceptó que nunca formó un grupo de trabajo para llevar a cabo esta regulación ni para establecer los criterios nutrimentales de lo que puede ser publicitado o no. Los criterios para la puesta en marcha de esta política fueron retomados del programa Pledge de la Unión Europea, establecidos para la autorregulación de la industria en Europa.

ETIQUETADO INFAME. Una situación similar, pero más grave, es el tema del etiquetado de comida y bebidas procesados, el cual tiene como base otro tipo de autorregulación industrial llamado Guía diaria de alimentación (GDA), impulsado por ConMéxico, que cuida los interéses de la industria, señala la publicación. El principal problema de éste es que es confuso para la mayoría de los consumidores, según un estudio del INSP menos del 2 por ciento de los estudiantes de nutrición encuestados fueron capaces de estimar correctamente el contenido energético total del producto.

Mediante el recurso de acceso a la información, las organizaciones civiles de la ASA solicitaron a Cofepris cuál fue el estudio en que se basó para elegir dicho etiquetado: “ninguno”, fue la respuesta.

“Una de las peores decisiones respecto a estos indicadores y totalmente contraria a la necesidad de combatir la obesidad y sus enfermedades conexas, como la diabetes, fue la utilización del término ‘azúcares totales’ en lugar de ‘azúcares añadidos’ ya que bajo este principio se utiliza un valor de referencia de consumo diario de azúcar totalmente engañoso. No sólo no es útil para los consumidores sino que les hace creer que el producto contiene una cantidad menor de azúcar que la que realmente tiene”, dice la publicación.

Enfatiza además que no existe una cantidad de azúcar recomendada para la ingesta diaria, sino un límite a partir del cual el ingrediente es peligroso, por ejemplo, un refresco o bebida azucarada de 600 mililitros al día.

Proceso hizo públicas las cartas que la OPS (Organización Panamericana de la Salud) envío a la ex secretaria de Salud, Mercedes Juan, al subsecretario de Prevención y promoción de la salud, Pablo Kuri y al entonces titular de Cofepris, Mikel Arreola, en las que la mayor autoridad internacional sanitaria le señalaba que este etiquetado no era entendible por la población y que el nivel de azúcar estaban muy por arriba de las recomendaciones de la OMS”, enfatiza Calvillo. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la revisión del amparo solicitado por El Poder del Consumidor contra el etiquetado, por representar un riesgo a la salud y violar el derecho de los consumidores.

“El juez sentenció a nuestro favor diciendo que viola la salud y derecho a la información. No obstante, la decisión ha sido apelada por Cofepris y ahora por Profeco —la institución encargada de proteger a los consumidores—, y la cual se ha sumado al cabildeo y presión de legisladores para evitar la puesta en marcha de un etiquetado entendible de “semáforo” —el cual ha sido probado en otros países con la población la cual identifica que ‘rojo’ significa un peligro a la salud—“, puntualizó el director de la organización civil y vocero de la ASA.

COMO EN CASA. Finalmente, una muestra más de la injerencia de la industria en la toma de decisiones de política pública, expone dicho documento, es su participación en la Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), que desde su formación —por Mercedes Juan— tiene presencia de representantes de la industria, principalmente de ConMéxico y el Aspen Institute México.

Fue hasta el año pasado que se invitó a El Poder del Consumidor y el INSP a participar en una de sus mesas de trabajo con un resultado infructuoso e influenciado por dichos miembros, relata Alejandro Calvillo. Todos ellos defendían el actual etiquetado e incluso solicitaron recursos para campañas y que la población lo entienda. Una situación y experiencia terrible”. Calvillo enfatiza que estos individuos, con conflicto de interés, no pueden participar en el diseño ni evaluación de una política pública como éstas.

“Los ejemplos de esta interferencia en el caso mexicano son evidentes, son un escándalo, así como la entrega de las autoridades a sus intereses frente a la necesidad de enfrentar el drama humano que se vive en el país a causa de estos padecimientos”.

Pero no todo está perdido. De acuerdo con Enrique Jacoby, ex asesor sobre Nutrición y Actividad Física de la OPS/OMS, la industria está en crisis, lo cual se ve reflejado en su desesperación por evitar a toda costa la puesta en marcha de regulaciones efectivas contra sus productos.

“En América Latina el rechazo es fuerte, pero es necesario que la industria de productos ultraprocesados no se siente con sus gobiernos en ninguna mesa donde se discuten estas políticas públicas. Esto no ocurre en otros países donde ya se han separado de la opinión pública: la industria del tabaco, por ejemplo, no se sienta con la OMS y la OPS a discutir ni negociar nada, ¡nunca!”, dice el ex viceministro de Salud de Perú.

Refiere que la en países desarrollados y en EU, la industria es golpeada silenciosamente, puesto que los jóvenes ya no consumen Coca-Cola y otros productos chatarra: está de picada. “Es una revolución silenciosa que ha llevado a esta y otras empresas a encender la alerta”.

Agrega que en países como Chile, Brasil, Uruguay y Perú ha habido avances que han generado un golpe importante en el tema de etiquetado. “Nunca la comida chatarra ha tenido un sello que dice que es ‘porquería’, el cual es un estigma que ellos no quieren”.

Existe una crisis económica real de la industria chatarra y otras revoluciones silenciosas más, añade, como la búsqueda de recuperar las tradiciones culinarias en contra de la homogeneización de la misma hamburguesa, por ejemplo. “La industria no está viviendo su mejor momento, pero sí es la mejor oportunidad para ganarles”.

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