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Presentan en tres años 432 impugnaciones contra el proceso para designar jueces

CUESTIONADOS. De esa cantidad sólo 78 fueron consideradas como fundadas ◗ Impugnan imparcialidad, cambios sobre la marcha, reglas retroactivas... ◗ “Hay una mafia enquistada en el Consejo”, afirma analista de la Fundación para la Justicia

Tercera parte

 

En los últimos tres años, se han registrado al menos 432 impugnaciones en contra de los concursos de oposición para designar magistrados y jueces federales, de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura.

Los reclamos han sido promovidos por integrantes del propio Poder Judicial de la Federación, quienes participaron en los procesos y aducen diversas irregularidades, abusos e inconsistencias.

Entre las anomalías denunciadas están el retiro de preguntas o la eliminación de concursantes sin justificación, calificaciones arbitrarias, modificaciones del procedimiento sobre la marcha, beneficios a ciertos aspirantes e inclinación por la memorización y no por el razonamiento jurídico.

Además, aplicación de reglas retroactivas, convocatorias confusas, participación en el proceso de funcionarios con conflicto de intereses, intervención parcial de la Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial y falta de respeto a la garantía de audiencia, entre otras.

En este lapso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en 416 casos, aunque sus resoluciones se basaron en las pruebas aportadas por los mismos operadores de los exámenes, y la mayoría de las protestas fueron desechadas o declaradas sin materia. De este total, sólo se consideraron fundadas 70 impugnaciones…

Los recursos para cuestionar los concursos o resoluciones del CJF —técnicamente llamados de revisión administrativa, los cuales son interpuestos ante la Corte—, están contemplados en el Artículo 100 constitucional y en el 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“MAFIAS”. “En torno a la venta de exámenes para jueces y magistrados hay una mafia interna en el Consejo, enquistada en altos niveles, que son los que operan este negociazo, por eso la Judicatura debe seguir con profundidad la ruta del dinero y verificar si trasciende al propio Poder Judicial”, señaló Sergio Méndez Silva, quien ha investigado el tema en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización que ha acompañado los últimos nombramientos de ministros de la Corte.

—¿A qué se refiere con trascender el Poder Judicial?

—Que pudiera llegar a la esfera política, porque los cargos que ocupan los consejeros provienen de los propios partidos políticos.

—¿Altos niveles?

—La venta va más allá de servidores públicos de bajo rango… No es el pequeño negocio de unos cuates. Es como en las cárceles: el negocio de cobrar cuotas no es de custodios, trasciende hasta el director de las prisiones y los gobiernos. La impunidad sólo se mantiene porque hay altísimos mandos del Consejo involucrados, y es ahí donde debe llegar la investigación, mientras eso no ocurra cualquier sanción a personas ínfimas mandará un mensaje de impunidad.

—¿El del vigésimo octavo concurso para jueces es un caso aislado?

—Para nada, que hurguen en el pasado y se darán cuenta que es algo sistemático. Los ministros y consejeros quedan muy mal parados, de entrada por la falta de control, por no saber qué está ocurriendo en el Poder Judicial. No sólo es la compra de exámenes, sino las prácticas de acoso sexual y laboral y el nepotismo rampante en beneficio de familiares y amigos, lo que además es claramente inmoral.

—¿Hasta dónde debe llegar la investigación?

—Por la filtración misma tendrían que caer todos los mandos relacionados con la aplicación del examen, en todas sus fases, por supuesto el titular del Instituto de la Judicatura. Si un Poder del país es necesario en estos momentos de incertidumbre, es el Judicial, y no puede darse el lujo de que su autoridad moral se vea minada aún más por estas prácticas corruptas incontroladas.

SANCIONES. Leyes como la Orgánica del PJF considera sanciones a quienes participan indebidamente en el nombramiento de funcionarios, cometen abusos en el ejercicio de su empleo o dan mal uso a la información manejada durante su encargo. Se han conocido ya algunos casos de inhabilitaciones. Sin embargo, no se han impulsado significativamente hasta ahora procesos penales en contra de involucrados, aun cuando el marco normativo lo contempla…

El artículo 214 fracción IV del Código Penal Federal, dice: “Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”. Se le impondrán, detalla, “de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa”.

“Puede hablarse de negligencia de quienes integran los comités, por no blindar el proceso, pues tenían la obligación de custodiar el examen. Habría hasta un delito, porque se castiga el ejercicio ilícito del servicio público”, describió el investigador de la UNAM, Arturo Cossío Zazueta.

Y es tiempo ya de las propuestas…

“Debe concretarse ya el sistema nacional anticorrupción, como parte de una política integral del Estado, y el Poder Judicial no puede quedar ajeno, porque no está vacunado —añadió el catedrático—. Los exámenes tendrían que hacerse públicos, al menos poner a disposición las versiones públicas de los ganadores, para constatar que fueron los mejores, sus perfiles y sus declaraciones patrimoniales”.

“Es urgente poner atención en la formación de los funcionarios judiciales que aspiran a ser jueces, porque están mal preparados. En el aula, muchos piden incluso clases particulares, porque no entienden los temas, y hasta solicitan avales con la firma del maestro para cumplir requisitos… La corrupción se tiene metida hasta los huesos”, refirió Arturo Flores Albor, quien ha sido académico del Instituto de la Judicatura Federal.

Por su parte, el exconsejero de la Judicatura, Alfonso Oñate Laborde, sugirió: “Debe virarse hacia un sistema en el que futuros jueces sean instruidos y después sometidos a un proceso de selección de los más capaces; apostar por concursos abiertos, donde entren personas de fuera, para evitar el sentimiento de que todo queda en una familia cerrada donde se venden reactivos, y hacer evaluaciones no sólo de conocimientos, sino de habilidades, valores éticos y psicológicos”.

—¿Por qué el Poder Judicial se ha resistido históricamente a ventilar a quienes se involucran en la venta de exámenes?

—La transparencia es aliada, pero en el Poder Judicial ha costado trabajo aceptarlo, está acostumbrado a permanecer bajo llave. Ahora están obligados a develar quiénes son los causantes de las conductas ilícitas y sancionarlos con rigor, porque de lo contrario entrarán a otro problema erosionador: la impunidad. Brandeis, un viejo ministro de la Corte de Estados Unidos, decía: “El mejor antiséptico es la luz del sol, abramos las cosas para que se desinfecten”.

—Y en ese tenor, ¿se compraban exámenes desde la época de fundación del Consejo de la Judicatura?

—Sólo tuvimos señalamientos de que alguien tenía información privilegiada de los exámenes, alguien que conocía a alguien con acceso a los reactivos…

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