La UNAM en su laberinto - Ulises Lara López | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 08 de Marzo, 2018
La UNAM en su laberinto | La Crónica de Hoy

La UNAM en su laberinto

Ulises Lara López

La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación, siempre se ha distinguido por el compromiso con la sociedad, fomentando valores que rigen las relaciones sociales entre sus universitarios, marcando pauta en la contribución para el desarrollo y bienestar social.

En momentos de incertidumbre como la que vive actualmente la máxima Casa de Estudios, en dónde las esferas de la delincuencia organizada y el narcomenudeo han penetrado y lacerado la cotidianidad en los diferentes campus que comprende la UNAM y en específico en Ciudad Universitaria; se debe priorizar el derecho a la información, el diálogo y la cooperación entre todos los universitarios.

Primero. No es la primera vez que ocurre un incidente en el que estén involucradas la venta de drogas y la violencia. Ahora se hizo más evidente por los homicidios pero no teníamos que esperar a que esto sucediera para visibilizar el problema.

Segundo. La autonomía nunca ha sido impedimento para la investigación de delitos comunes o federales. No necesitan solicitar las autoridades universitarias la intervención de las procuradurías para que persigan crímenes que se siguen de oficio, como tampoco es condición indispensable que se tenga personal armado para realizar su trabajo.

Tercero. Las autoridades de la UNAM conocen a través de diferentes instancias, en particular los cuerpos administrativos de las direcciones de los planteles, de todas las actividades que puedan representar un riesgo político o social, en particular saben de los puntos de venta de drogas dentro y fuera de las instalaciones, y mantienen una permanente coordinación con diversas instancias de los gobiernos locales y federal, desde el municipio o delegación hasta la PGR y el CISEN.

Cuarto. En el inicio de la pasada administración se puso en marcha desde la rectoría una política de actuación en el subsistema de bachillerato para identificar a los alumnos con adicciones, no para rehabilitarlos, sino para armar carpetas de investigación y en caso de encontrarlos en posesión o consumiendo en los planteles remitirlos a las autoridades. En algunos casos llaman a los padres del menor y negocian su baja “voluntaria” para evitar su expulsión y así mantener la posibilidad de participar en el examen de licenciatura.

Quinto. Llevar a cabo una política similar en la licenciatura fue imposible, porque además de ser otras las condiciones, generaría resistencias de todo tipo desde violación a derechos humanos hasta problemas políticos. Así que las autoridades han oscilado del ostracismo al control de accesos en campus como FES Acatlán o como vimos en CU, cercando áreas verdes, recreativas o deportivas. Es decir, controlando el espacio público, así sea patrimonio de la humanidad.

Sexto. El problema no es el consumo. No son los estudiantes, trabajadores o académicos, esa premisa que busca en la comunidad la responsabilidad en realidad ataca a la universidad pública, su pluralidad y multiculturalidad que la hace universal. El problema del mercado de drogas y la incidencia en la población juvenil es un fenómeno global. La propuesta de los asesores del Dr. Enrique Graue Wiechers rompe el sentido de comunidad al pedirle a los universitarios que dejen de comprar y denuncien a quienes trafican. Mejor pida que le hagan un informe de todas las personas y vehículos que han sido detectadas traficando y haga la compulsa con las autoridades locales y federales. Puede haber sorpresas y vínculos inconfesables pero deslinde responsabilidades y que la autoridad correspondiente haga las consignaciones.

Séptimo. La UNAM sabe quiénes son sus alumnos, en cada inscripción responden un cuestionario en el que se obtiene el perfil social, estado general de salud física y emocional, hábitos de estudio y preferencias de todo tipo. También tiene a los mejores investigadores y una amplia variedad de licenciaturas y especialidades que pueden ofrecer apoyo a nuestra comunidad para mejorar su calidad de vida. Excelente decisión la de contar con un Centro especializado para la prevención de adicciones, esa es una mejor ruta pero se puede hacer mucho más.

Octavo. Se deben buscar alternativas de solución que no giren en cuanto a la restricción de lugares y espacios de convivencia y recreación, trabajar en conjunto el alumnado, profesorado, usuarios y planta de trabajadores a fin de aportar al conocimiento e implementación de propuestas para salvaguardar un patrimonio que no es solamente de los universitarios, ni de los mexicanos, sino de la humanidad.

Noveno. Reconocer el problema no es deslindarnos de responsabilidades, es pasar de la crítica a la acción. No hagamos estereotipos de alumnos bien portados, de traje y cabello recortado, está probado que la discriminación empobrece la vida comunitaria y hace más profundas las diferencias. No es una comunidad de no adictos contra adictos, de legales versus ilegales. La rectoría debe actuar con la responsabilidad social de ir al fondo de los problemas y reconstruir las relaciones entre sus actores.

Décimo. Evaluemos las acciones, reconozcamos los errores y aciertos y pongamos al centro las necesidades reales de la comunidad universitaria, escuchando activamente a cada sector, a cada escuela, a todos los que deseen expresa y aportar en disminuir factores de riesgo, creando redes de apoyo y no desplazando las problemáticas sociales. Necesitamos generar protocolos de seguridad y mecanismos de evaluación para personal de vigilancia, adaptar modelos de intervención en el tema de reducción del daño y prevención de adicciones, haciendo énfasis en el uso adecuado del tiempo libre, fomentando la recreación desde aspectos deportivos que sean gratuitos, que vayan más allá de la coyuntura actual.

He platicado con colegas académicos, alumnos y consejeros universitarios y técnicos de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coincidimos en general en los puntos anteriores. Estoy convencido que las autoridades universitarias tiene ante sí una decisión fundamental, dar un giro y apoyarse en la comunidad universitaria o mantener la forma en que la anterior administración logró mantener el control político consistente en permitir que predominaran intereses de grupos, tal y como se lo demostró la imposibilidad de recuperar el auditorio Che Guevara desde en el inicio del actual rectorado. Es prudente evitar que nos enfrentemos, y se haga de un espacio de libertad de expresión, de tolerancia y pluralidad una zona de riesgo para la educación pública y la convivencia democrática.

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