Violencia de masas y barbarie

Gilberto Guevara Niebla

Sábado 10 de marzo: la caseta de cobro de Cuernavaca es capturada por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que, enmascarados, rodean los vehículos y exigen a cada conductor pagar una “cuota voluntaria” de cincuenta pesos. El secuestro ocurre sin tropiezos. Ningún empleado se queja, los oficiales se retiran y la policía simplemente observa desde una discreta distancia; un poco más lejos, un grupo numeroso de soldados presencia, sin participar, los acontecimientos.

La tragedia de los alumnos desaparecidos de escuela normal de Ayotzinapa la lamentamos todos, lo cuestionable son los métodos de lucha que utilizan los alumnos para que se les haga justicia. Fueron víctimas de la peor violencia concebible y, paradójicamente, recurren igualmente a la violencia; piden justicia, pero cometiendo otras injusticias.

Las autoridades, por su parte, se hacen de la vista gorda y se abstienen de actuar ante un atropello a un bien público y a los ciudadanos. No se trata, lamentablemente, de un episodio aislado. Durante años los mexicanos hemos sido testigos resignados de numerosos acontecimientos similares: movimientos de protesta que clausuran carreteras, toman o destruyen edificios, secuestran personas, incendian vehículos, etc. Acciones de barbarie y salvajismo que casi por sistema no se castigan, como debe castigarse cualquier delito en una sociedad democrática.

Parece ser que cualquier ilegalidad, si es perpetrada por multitudes, recibe un trato deferente, condescendiente, de parte de la autoridad. Asombra, por ejemplo, la excesiva tolerancia de los gobiernos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero ante los desmanes y depredación cometidos una y otra vez por la CNTE. Masas enfurecidas de maestros (¡Imagínese usted!) que imponen el terror entre la población y que intimidan a los mimos gobernantes.

Es escandaloso saber que, en Puebla, frente a la tropa, que se abstiene de intervenir, una multitud de personas se dedique a saquear los ductos de Pemex; que impunemente masas de vándalos en el Bajío atraquen recurrentemente el ferrocarril para robar alimentos y mercancías; que la policía de varios municipios del Estado de México y de Puebla muchas veces no actúe cuando masas enfurecidas linchan a supuestos delincuentes.

La impunidad es una epidemia nacional, pero cuando se trata de multitudes delinquiendo es constante. La cultura de la barbarie se ha instalado entre nosotros, pero lo que más alarma es la inacción de las autoridades ante este fenómeno. Las autoridades tiemblan ante la perspectiva de enfrentar movimientos de masas enardecidas; en parte son presas del Síndrome de 1968, cuando la represión de una protesta insignificante se transformó, de repente, en un conflicto nacional.

Por otra parte, temen reprimir porque no saben cómo enfrentar esas circunstancias, no saben cómo enfrentar acciones ilegales masivas sin romper ellas mismas con la legalidad. De hecho, no existen en nuestro país cuerpos policiacos adecuadamente entrenados para reprimir a multitudes que violan la ley —sin que la confrontación derive en una masacre, como ocurrió en Ayotzinapa o en Nochixtlán.

Lo que es verdaderamente perverso es que algunos grupos políticos —como la CNTE— utilicen deliberada y sistemáticamente la acción de masas violenta como recurso de presión política. Y todavía peor es que las autoridades reaccionen con miedo ante los ataques de esta banda y a la postre les concedan todo lo que piden. La violencia de masas es una política de chantaje que ha mostrado, en todas partes, su eficacia y que, de seguir, terminará por hundir a México en el abismo. ¿O ya estamos en el abismo?

 

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