Nacional

Acuerdo antidrogas Segob-universidades

La firma del acuerdo marco busca mejorar la seguridad dentro y fuera de universidades e instituciones de nivel superior

Alfonso Navarrete Prida (Segob), Jaime Valls Esponda (Anuies), Enrique Graue (UNAM), Mario Alberto Rodríguez (IPN) y rectores de todo el país, durante la firma del convenio de acciones para la seguridad y prevención del delito.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, firmaron el Convenio Marco de Concertación de Acciones para la Seguridad y Prevención del Delito —y como testigos, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers y el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas—, el cual busca mejorar las condiciones de seguridad dentro y fuera de los planteles de este nivel educativo, que beneficiará a más de 190 universidades e instituciones de educación superior en el país.

El secretario Navarrete Prida subrayó que dicho acuerdo “permitirá el intercambio de información técnica y trabajo coordinado, donde cada una de las partes asumirá, con respeto a las autonomías, las responsabilidades que les corresponden para prevenir la violencia y la delincuencia”.

En este mismo sentido, reconoció que “como Estado mexicano enfrentamos el reto, el desafío y la obligación de cuidar a los jóvenes y la población en general de la tentación de hallar una salida fácil en el fenómeno de las drogas y el crecimiento de organizaciones criminales dedicadas a la venta de estupefacientes al menudeo”.

De ahí, que la respuesta a esta problemática “no es represiva, es una respuesta clara de poner a disposición de juez a quien infringe la ley y a quien esté envenenando a la juventud, ponerlo a disposición de un juez, vincularlo a proceso y que reciba una sentencia”.

El rector de la UNAM, agradeció la firma y puesta en marcha del citado convenio, al resaltar la violencia e inseguridad que se viven en el país, así como el hecho de que 2017 fue el año más violento de la última década.

Sostuvo que las confrontaciones por los espacios y los constantes reposicionamientos de los grupos criminales han generado cada vez más violencia, misma que ya afecta la seguridad y el sano desarrollo de las instituciones, y eso es algo que no se puede permitir, aseveró.

Datos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas 2017, demuestran que el consumo de estupefacientes entre la población general aumentó 1.2 por ciento, y el consumo de mariguana en el último lustro se incrementó en 2.6 por ciento, crecimiento que es mayor entre los jóvenes, lamentó. Además, el consumo ilegal de algún tipo de drogas en personas de 12 a 17 años, aumentó de 1.5 a 2.9 por ciento, y el consumo de mariguana pasó de 2.4 a 5.3 por ciento y en jóvenes de 18 a 34 años, el consumo de estupefacientes pasó de 2.3 a 4.6 por ciento, en el mismo periodo.

Ante ello, sostuvo, es apremiante, identificar esta tendencia como una señal de alerta, porque al margen de las distintas opiniones individuales sobre el uso recreativo de las drogas “lo que es claro es que esto no puede suceder en los centros educativos”, ya que afecta al aprendizaje y el riesgo de desarrollar adicciones permanentes, aspectos que no importan a la delincuencia.

“La firma de este convenio es de gran importancia y pertinencia, al permitir poder concretar mecanismos permanentes de colaboración, para elaborar e implementar planes, programas y estrategias encaminadas a promover la seguridad y las condiciones más adecuadas para el desarrollo seguro de la educación. Vivimos momentos y entornos difíciles, pero no podemos claudicar, las adversidades pueden superarse si buscamos en conjunto soluciones respetuosas, informadas, firmes y creativas”, estableció.

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,  Jaime Valls destacó la creación de programas académicos y estudios especializados en la prevención del delito, para lo cual, dijo, las instituciones de la ANUIES “tienen las capacidades y pueden probar  un centro de documentación y prospectiva que permita traer el talento y la investigación que se requiere no sólo para diagnosticar el asunto de la inseguridad  “que está lejos de ser sólo una cuestión policiaca” y que sus dimensiones y alcances obliguen a proponer soluciones integrales, ante el hecho de que el narcomenudeo ha impregnado parte de los recintos de algunas universidades.

La ANUIES, enfatizó, rechaza la presencia de esos grupos delictivos dentro de las instituciones de educación superior, al tiempo que exigió que con todo profesionalismo, las autoridades investiguen e identifiquen la naturaleza, características de ese tipo de delito, a fin de que se les contenga, no dentro, sino fuera de los recintos universitarios.

En este sentido, el secretario Navarrete Prida aplaudió la posibilidad de crear un centro de documentación y talento, tal como lo propuso Valls Esponda, ante un fenómeno al cual se le debe dar solución no son violencia sino con conocimiento.

Mario Alberto Rodríguez, director general del IPN, destacó que el citado convenio fortalecerá las capacidades institucionales para que los estudiantes y la comunidad politécnica se desarrollen en ambientes seguros, “porque es condición para su aprendizaje y porque la seguridad es su derecho”.

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