Posible tortura a confesos del caso Iguala: Alto Comisionado de la ONU | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 15 de Marzo, 2018

Posible tortura a confesos del caso Iguala: Alto Comisionado de la ONU

Revisión. El informe del organismo señala que existió un modus operandi prácticamente uniforme en el procedimiento

Posible tortura a confesos del caso Iguala: Alto Comisionado de la ONU | La Crónica de Hoy

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, derivado de una revisión sobre el caso Ayotzinapa, encontró hechos de tortura y detenciones arbitrarias contra quienes fueron acusados de la desaparición de los normalistas ocurrida en 2014.

El organismo presentó los resultados de su análisis del caso a partir del seguimiento a las múltiples acusaciones de tortura presentadas previamente y llamó al Gobierno mexicano a sancionar a quienes incurrieron en estos actos.

El informe es contundente al señalar que existió un “modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que los presuntos involucrados en la desaparición de los normalistas habrían sido detenidos y torturados para extraerles información o confesiones.

El documento presentado ayer aclara que el rol del Alto Comisionado es determinar si hay elementos para suponer que un proceso de investigación, a cargo de las autoridades competentes, respetó los derechos humanos, por lo que descarta que su labor sirva para determinar responsabilidades individuales en la comisión de los delitos del caso Ayotzinapa.

La oficina de las Naciones Unidas revisó la información en torno a 63 detenidos (hay 129 procesados) y en 51 casos se “obtuvo información que indica posibles actos de tortura”. Al final, el Alto Comisionado optó por analizar a fondo 34 casos (una mujer incluida) “en los que la ONU-DH tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.

Vale la pena recordar que lo anterior implica un fuerte cuestionamiento a toda la investigación, ya que si las detenciones no se realizaron conforme a derecho, lo derivado de ellas, como las declaraciones ministeriales, podría ser desechado en un juzgado.

Como puede leerse a detalle en la nota complementaria en esta misma página, el gobierno mexicano se apresuró a indicar que estas asevaraciones del Alto Comisionado ya habían sido realizadas previamente por otras instancias como la Corte ­Interamericana de los Derechos Humanos y que en realidad no aporta elementos nuevos para la solución del caso Ayotzinapa.

Los 34 casos analizados a fondo registran maltrato físico que se habría producido entre septiembre de 2014 (cuando estalló el suceso y las primeras indagatorias) y enero de 2016, cuando la PGR se apresuraba a brindar una hipótesis de lo ocurrido en la noche de los sucesos.

Un elemento importante es que el Alto Comisionado señala “demoras significativas en la presentación de las personas detenidas ante agentes del MP de la PGR, dejándolas así fuera de la protección de la ley”.

Lo paradójico es que los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por policías que los retuvieron sin presentarlos ante autoridad competente, lo que luego derivó en que fueran entregados a un grupo del crimen organizado.

Quienes son señalados como parte de ese grupo del crimen organizado habrían recibido ese mismo trato dilatorio al momento de su captura.

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