Impunidad institucionalizada

Isidro H. Cisneros

La impunidad que se extiende por el país está restringiendo los derechos humanos. Recuerda lo poco que nuestra democracia ha avanzado en materia de protección de las personas y plantea, prepotentemente, la pregunta sobre el rumbo adoptado por nuestro proceso de transformaciones políticas. Los derechos humanos en nuestro país no mejoran sino que, contrariamente a lo esperado, retroceden. ¿Vamos en la dirección correcta? ¿El desempeño institucional es el adecuado? Y si esto no es así, ¿cuál necesitamos? La impunidad representa un crimen sin castigo, es una excepción de condena y una forma de escapar de la justicia. Cuando la impunidad reina soberana, como acontece en nuestros días, representa la negación de las víctimas e indica ausencia de un Estado de Derecho.

Justo en un momento histórico como el actual, caracterizado por el constante incremento de las detenciones arbitrarias y violatorias del debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –a propuesta del Ministro Javier Laynez Potisek- declaró constitucional la figura de las inspecciones policíacas de personas y vehículos sin orden judicial o ministerial, y que se podrá usar la fuerza para realizarlas en caso de que haya resistencia. Estas limitaciones al derecho a la libertad personal anulan la presunción de inocencia, afectan la seguridad jurídica, menoscaban el principio pro-persona y se alejan de los postulados de legalidad y debido proceso. Con estas determinaciones, la sola “sospecha razonable” será suficiente para que se realicen las inspecciones policíacas a cualquier individuo.

El último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en México afirma que las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y muchas veces derivan en otras violaciones de derechos humanos como torturas y malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sostiene que “las detenciones arbitrarias incluyen la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley, y que su objetivo son principalmente personas históricamente discriminadas o que viven en la pobreza”. Enfatiza que la policía habitualmente incumple con sus obligaciones durante las detenciones y es frecuente “que los agentes no informen a las personas detenidas de los motivos de su detención ni de sus derechos, como por ejemplo el derecho a asistencia letrada y a comunicarse con sus familiares”. Los principales motivos de las detenciones arbitrarias son “extorsionar a la persona para obtener dinero; detener a una persona concreta a cambio de pago por parte de un tercero; por motivos políticos; y para investigar a la persona en relación con otro delito tras detenerla por un delito menor que normalmente no había cometido”.

Responder a la actual crisis de los derechos humanos con nuevas atribuciones para la autoridad no es el camino. Solo una sociedad civil autónoma, capaz de actuar libremente y conocedora de sus derechos fundamentales puede contribuir a consolidarlos. Vivimos una etapa decisiva para el desarrollo de una cultura de los derechos humanos, con una amplia difusión de su significado e importancia. Sin embargo, la falta de aplicación efectiva de las consecuencias previstas por las leyes para quienes violan los derechos humanos, tiene el pernicioso efecto de incentivar nuevas violaciones y de aumentar la criminalización social.

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