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Diputados alistan cambios sobre contratación de exfuncionarios con empresas privadas

El jueves de esta semana, la Cámara de Diputados aprobará diversas modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para hacer responsable el particular que contrate a exservidores públicos durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, “y permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores”.

Las modificaciones planteadas buscan básicamente impedir que el exfuncionario, al dejar su cargo, pueda contratarse con alguna empresa privada y beneficie a ésta con la información que posee.

Sin embargo, la medida a punto de aprobarse alcanza a los particulares, por ejemplo, medios de información, que hagan uso o aprovechen la información proporcionada por algún servidor público.

El artículo 72 de dicha Ley señala que “será responsable de contratación indebida de ex servidores públicos, el particular que (adquiera los servicios) de quien haya sido (funcionario) durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión (en su desempeño), y permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores”.

De acuerdo al artículo 69 de esa legislación, “incurrirá en utilización indebida de información pública, el particular que por sí o por interpósita persona haga uso o aproveche la información proporcionada por el servidor público”.

El dictamen se encuentra listo pero debido a su polémico contenido su presentación ante el pleno fue retrasada desde hace aproximadamente 15 días, pero ahora se encuentra listo y ya con el consenso mayoritario de las diferentes bancadas en San Lázaro.

Señala el texto que, “con relación a la propuesta de modificación del artículo 55 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se contempla la posibilidad de que el servidor público pueda incurrir en falta administrativa grave por la utilización indebida de información, poseída directamente con motivo de su empleo, cargo o comisión”.

De manera textual, dicho artículo señala:

“Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que por sí o interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a los establecidos en la ley…”.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que preside Jesús Valencia, de Morena, aprobó el dictamen correspondiente luego de hacer una revisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y encontrar que la inclusión de dicha modificación no generaba problema alguno con el resto de los artículos.

La modificación propuesta se encuentra vinculada con la contratación indebida de ex servidores públicos por particulares, con motivo de poseer información privilegiada, adquirida directamente con motivo de su empleo, cargo o comisión.

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