Precandidatos asesinados

Francisco Báez Rodríguez

Entre la lluvia de dimes y diretes de las campañas disfrazadas de intercampañas, cotidianamente aparecen noticias que deberían alarmarnos: un precandidato a presidente municipal asesinado por aquí; una precandidata a diputada local, por allá… así ha ido el goteo de noticias de nota roja, hasta llegar a la cifra, que debería ser escandalosa, de 31 aspirantes a un cargo de elección popular asesinados en estos meses.

Los atentados han sido a personas de todos los partidos políticos registrados, pero se han cebado con militantes del PRI y del PRD. Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados en donde más han ocurrido estos ataques violentos, pero no hay región que se salve. Los ha habido en Baja California, en Chiapas y en el Estado de México. La mayoría han sido en zonas serranas, donde suele mandar el narcotráfico, pero otros han sido en ciudades. Baste como ejemplo, la ejecución del precandidato priista al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Se trata, pues, de un fenómeno nacional.

Un dato a subrayar es que casi todos los asesinados se perfilaban hacia un puesto local, no uno estatal o federal. Es un indicador de que es precisamente hacia ese nivel de gobierno donde apuntan las baterías armadas de la delincuencia organizada y de diferentes grupos de poder. Es a nivel municipal donde se hace más estrecha la relación entre gobernantes y gobernados. También es en ese nivel, el más desprotegido, donde es más fácil carcomer el tejido social e imponer condiciones. De eso se trata.

No se puede negar que estos asesinatos aparecen en un contexto doblemente negativo. Por un lado está el aumento en la violencia dentro del país. Por otro, la convicción de que, a través de las amenazas, los chantajes y los crímenes, es posible tener una influencia política decisiva a nivel local. La impunidad así lo ha permitido.

La Secretaría de Gobernación conoce el asunto y ha intentado generar condiciones para un consenso interpartidista respecto a la seguridad de los candidatos, porque la cosa se puede poner peor. Extraña, en ese sentido, la actitud de Morena, que ve esa justificada preocupación como una intromisión indebida del gobierno en el proceso electoral. Habría que recordarles que es obligación del gobierno federal garantizar la seguridad de la población en todo momento, sin que haya una “tregua electoral”.

Un problema posible es que se centre la atención en los candidatos grandes, pero se mantenga sin protección a los menores, que son los que más riesgo corren. Si eso no sucede, es posible que este proceso electoral terminé manchado en demasiada sangre.

Y en nada ayuda a generar condiciones civilizadas de competencia, encontrar en las principales campañas la tendencia a la guerra de lodo y las amenazas veladas de violencia. Si lo que priva no es la discusión de ideas, sino los ataques personales y las advertencias de que pueden pasar cosas terribles si Fulanito gana o no gana, el resultado natural es de crispación y polarización social. Un ambiente propicio a los actos violentos, realizados ya sea por gente enardecida, o por interesados pescadores a río revuelto.

Sólo los más fanáticos creen que el país cambiará radicalmente, para bien o para mal, con determinado presidente de la República. Hay, por supuesto, que considerar las diferencias en lo que ofrece y en lo que ha hecho cada uno, porque no son iguales. No dan lo mismo. Pero, como es seguro que encontraremos al final del camino un Congreso dividido y como el país se ha dotado de instituciones, a los políticos no les va a quedar más que hacer política.

A nivel local, sin embargo, las cosas pueden dar giros muy grandes. Lo hemos visto en los estados: los hay que han despegado hacia el progreso y la inclusión, con gobernadores capaces; los hay que se han rezagado, y hundido en una espiral de violencia, impunidad y corrupción, con gobernadores que, tras su mandato, suelen ser perseguidos por la ley.

Y a nivel municipal el asunto es todavía más notable. Una localidad puede caer en manos del crimen organizado y hacer imposible la vida civilizada entre sus habitantes. Otra, puede convertirse en un polo local de desarrollo o, simplemente, generar servicios para ayudar a sacar a sus habitantes de la pobreza extrema. Precisamente la debilidad de las instituciones en el nivel municipal es lo que permite esos bandazos, y por lo que el cabildo y el presidente municipal importan tanto.

La vida de la gente depende de todos los niveles de gobierno. También de que estén mínimamente coordinados entre sí. Pero si falla el de abajo, el que está más cercano a los gobernados, el deterioro en la calidad de vida es más sensible. En demasiadas ocasiones la Federación y los estados han tenido que desviar recursos para salvar a los municipios, que —a pesar de su importancia estratégica— siguen siendo vistos como la última carta de la baraja en política. Por eso, también, los asesinatos.

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Twitter: @franciscobaezr

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