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Hay 91 funcionarios del PJF bajo sospecha de comprar examen para plaza de juez

Constata Crónica que 29 de ellos obtuvieron calificación de excelencia y está asignado a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, principal centro de operación de la compra-venta de reactivos

Noventa y un funcionarios del Poder Judicial de la Federación, aspirantes a jueces, están involucrados en la compra de reactivos del vigésimo octavo concurso interno de oposición para juzgadores de distrito.

Se trata de quienes fueron calificados a la segunda etapa del concurso, la mayoría con sospechosas calificaciones de excelencia.

Se requería una puntuación mínima de 85 aciertos de 100 para acceder a la siguiente ronda.

Todos son investigados como parte de la pesquisa administrativa al interior del Consejo de la Judicatura Federal, la cual busca determinar cuántos pagaron por obtener las preguntas de manera previa.

De los 91, 89 son secretarios de tribunales o juzgados y dos funcionarios de la ponencia del consejero de la judicatura Alfonso Pérez Daza, de acuerdo con la lista emitida el 18 de enero de este año.

El proceso fue anulado menos de un mes después por el CJF: el 14 de febrero, al conocer un informe sobre la obtención ilegal de reactivos, su filtración y comercialización hasta en 450 mil pesos, de acuerdo con testimonios publicados por este diario en días pasados.

Conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica del PJF, serán causas de responsabilidad para los servidores públicos de este Poder, “realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona”, y “no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores”.

La norma contempla desde amonestaciones y sanciones económicas hasta suspensiones, destituciones del puesto e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Crónica revisó los perfiles de los funcionarios “aprobados” y sus adscripciones en las fichas bibliográficas oficiales del Consejo. De los datos se desprende que los reactivos vendidos pudieron haber circulado al menos en 26 estados del país, donde se encuentran sus centros de trabajo.

Sólo Campeche, Colima, Zacatecas, Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca no tuvieron representantes en la segunda fase del concurso, tras ventilarse las corruptelas.

El 32 por ciento de los candidatos a jueces que pasaron la etapa de los reactivos —29 de los 91— está asignado a un órgano jurisdiccional de la Ciudad de México, identificada durante la investigación en curso como principal centro de operación de la compra-venta de exámenes.

En la CDMX se ubica no sólo la sede del Instituto de la Judicatura Federal, encargado del concurso, sino también 19 tribunales colegiados, 3 juzgados y 3 tribunales unitarios inmiscuidos en la indagatoria, así como la oficina de los dos colaboradores del consejero Pérez Daza.

El 50 por ciento de los concursantes en la mira trabaja en la capital del país (29), Guanajuato (5), Nuevo León (4), Sinaloa (4) y Puebla (4).

Además, de la ponencia del consejero ya mencionado, otros diez órganos se encuentran bajo la sombra de suspicacia al tener dos o más clasificados a la segunda etapa: el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (CDMX), el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito (Morelos), el Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Décimo Circuito (Tabasco), el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito (Guanajuato), el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito (San Luis Potosí) y el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de Puebla.

Al igual que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito (Chiapas), el Vigésimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (CDMX), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito (CDMX) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  del Segundo Circuito (Estado de México).

 

Implicados

 

64 secretarios de tribunales colegiados

   4 secretarios de tribunales unitarios

21 secretarios de juzgados de distrito,

de entre ellos, 68 son hombres y 23 mujeres

Los 91 peleaban por 50 plazas disponibles para ocupar el cargo de juez federal

 

Estados de donde provienen los involucrados en la compra de exámenes

 

Ciudad de México            29

Guanajuato          5

Nuevo León, Sinaloa y Puebla      4 en cada uno

Baja California. Morelos, Aguascalientes,

Yucatán, San Luis Potosí, Jalisco,                  3 en cada uno

Chiapas y Estado de México       

Sonora, Veracruz, Querétaro, Tabasco,

Tabasco, Guerrero, Michoacán,                   2 en cada uno

Tamaulipas y Quintana Roo        

Coahuila, Chihuahua, Tlaxcala,

Durango e Hidalgo              1 en cada uno

 

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