Objeción de conciencia

Isidro H. Cisneros

Sin que mediara debate con la sociedad civil o el mundo académico y mucho menos con la comunidad científica, el Senado de la República aprobó —con sólo 53 votos— la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma la Ley General de Salud para introducir la objeción de conciencia, lo que permitirá que médicos y enfermeras puedan negarse a ofrecer algunos servicios especializados como el aborto, la implantación de órganos o la eutanasia, si lo consideran moralmente incorrecto o por cualquier otra razón de conciencia individual. La adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, en su parte medular sostiene: “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”. Con este acto legislativo continúa el ininterrumpido proceso orientado a rescindir importantes derechos humanos fatigosamente conquistados por la ciudadanía.

Ahora el derecho humano a la salud dependerá de estereotipos, prejuicios o estigmas del personal médico, por lo que será necesaria una “objeción de ciencia” antes de imponer una “objeción de conciencia”. Solamente el conocimiento empírico se puede contraponer a la intangibilidad de lo subjetivo. La aplicación de la ley no puede fundamentarse en emociones, sino en elementos científicamente correctos y significativos. La objeción de conciencia es una figura de desobediencia al derecho que ilustra la contraposición entre norma jurídica y norma moral. Es una garantía de libertad de pensamiento individual que se contrapone a la laicidad del Estado democrático. La conciencia moral es nuestro entendimiento cuando se ocupa de juzgar la rectitud o malicia de una acción, y del cual deriva un comportamiento de insumisión que busca evadir el cumplimiento del deber jurídico.

Aparece así la colisión entre dos ordenamientos antitéticos en el seno de una conciencia individual pero con proyección social, pues las consecuencias jurídicas de ciertos actos u omisiones de una persona se proyectan socialmente abarcando a sus implicados. El filósofo Norberto Bobbio considera que frente a situaciones donde se enfrentan dos derechos fundamentales no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. La delimitación entre ambos no puede establecerse en modo definitivo por lo que no es admisible expresar la propia negativa, por más fundada que sea, para efectuar tal o cual práctica médica, dado que el paciente tiene derecho a que aquella se realice, no debiendo el primero calificar de moralmente indeseable una decisión que no comparte si ella es autónoma y facultada por la ley. Los médicos en cuánto servidores públicos están obligados a acatar aquellas disposiciones que garantizan los derechos.

La objeción de conciencia es del individuo y no de la sociedad, por lo que otorgarle un estatuto legal equivale a anteponer las creencias de la persona por sobre los graves problemas de salud pública. Contrariamente a la idea democrática de la progresividad de los derechos humanos, esta involución legislativa contraviene el proyecto de consolidar las libertades y derechos, así como el espíritu garantista respecto a la libertad reproductiva, los derechos sexuales y la autodeterminación personal. Los derechos humanos no pueden depender de los escrúpulos de la conciencia.


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