Confianza y corresponsabilidad ciudadana

Ma. del Rocío Pineda Gochi

A nivel mundial existe un conceso generalizado de que los gobiernos democráticos pueden ser evaluados en razón de la confianza que tiene la ciudadanía en sus gobernantes y sus instituciones. Desde el ámbito de la administración pública, esta idea se vincula a la nueva gestión pública y gobernanza que buscan satisfacer las necesidades de los ciudadanos mediante una planeación estratégica para tener resultados eficientes y eficaces.

En este sentido, en la medida en que se logran los principios de eficiencia y eficacia, se brindan mejores servicios públicos, se hace un mejor uso de los recursos y existe calidad gubernamental. Este círculo virtuoso genera, por un lado, confianza y credibilidad ciudadana. Y por otra parte, participación, corresponsabilidad y calidad democrática.

Sin embargo, pese a que la mayoría de los gobiernos buscamos ese “Estado democrático ideal” —como el Estado ideal de Platón que busca la armonía de las jerarquías para lograr la felicidad del cuerpo político— existen factores que impiden y limitan su desarrollo.

La corrupción, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la poca participación ciudadana son elementos, que aunque tienen mayor visibilidad en los gobernantes y en la clase política, están presentes en todos los ámbitos sociales, es decir, en el ámbito gubernamental, la iniciativa privada y la sociedad en general. Bajo esta idea, la responsabilidad para que existan gobiernos eficientes corresponde a todos los actores sociales.

En nuestro país es bien sabido que el fenómeno de corrupción es el mayor causante de nuestros males. Existe suficiente evidencia empírica —y  sobrediagnóstico— del daño que genera la cultura de la ilegalidad y las múltiples prácticas en que se manifiesta este flagelo.

Desde el ámbito gubernamental, de la mano de la academia, la sociedad civil organizada y el poder Legislativo, se propusieron importantes reformas en materia de acceso a la información pública, trasparencia y rendición de cuentas —que hoy son leyes vigentes— que buscan atacar por todos los frentes las prácticas de corrupción.

Sin embargo, dada la falta de confianza y de corresponsabilidad ciudadana estamos aún muy lejos de instaurar una cultura de la legalidad. La percepción de la gestión del gobierno sigue siendo negativa aunque existen avances importantes. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 que publicó recientemente el INEGI, la satisfacción promedio a nivel nacional creció de 43.5% en 2015, a 44.5% en 2017.

En cuanto a los servicios públicos bajo demanda, 82 por ciento de la población de 18 años y más está satisfecha con el servicio de educación pública universitaria, mientras que para el servicio de salud en el IMSS la satisfacción fue de 44 por ciento y respecto al transporte público masivo automotor fue de 31 por ciento.

De la misma forma, en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos, en cerca del 79 por ciento de los casos, los usuarios manifestaron sentirse satisfechos.

Aunque la corrupción y la inseguridad siguen siendo los temas que más preocupan a la ciudadanía. El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con cerca del 60 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción; solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad. Como podemos dar cuenta, los problemas de la corrupción están enfocados en unas áreas específicas que hay que atar con mayor contundencia. Lo anterior se logrará en la medida que construyamos una cultura de corresponsabilidad social y ciudadana, donde se establezcan con precisión los derechos y obligaciones de todos, en las diferentes tareas que implica en construir un mejor país.


Senadora de la República
Michoacán de Ocampo
@RocioPinedaG

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