Credibilidad e instituciones: la sustentabilidad del país y las elecciones

Voces de la UAM

Roberto M. Constantino Toto*

Durante las últimas semanas la sociedad mexicana ha estado expuesta a un continuo e incesante flujo de noticias, información e interpretaciones relacionadas con el inicio del proceso electoral del 2018. Como parte del conjunto de noticias que esboza desde hace algún tiempo un escenario común para el país relacionado con la violencia, la corrupción, la impunidad, una administración federal que reclama para sí el reconocimiento de sus logros, así como el incremento de la incertidumbre derivada de los procesos globales ante la emergencia de los neo-nacionalismos occidentales; destaca la vertiginosa evolución mediática relacionada con el proceso electoral que se ha concentrado en la competencia por la Presidencia de la República.

No es sorprendente la forma en la que se ha incorporado en la agenda pública el tema electoral y la competencia por la Presidencia. Existen poderosas razones institucionales, históricas y culturales para considerar que el cambio en la administración federal concentra la mayor atención del público por la promesa de prosperidad reciclada que encierra.

Sin embargo, en la reconstrucción del rompecabezas que claramente se ha formado en las primeras semanas del inicio de la contienda política, que formalmente inició con el registro de los candidatos, hay varios elementos que vale la pena recuperar. Lo primero es darle contexto al proceso electoral del 2018. La disputa entre las diferentes agrupaciones políticas no sólo es por la Presidencia de la República, al nivel federal también cambiará la Cámara de Diputados y la de Senadores. Se disputarán ocho gubernaturas, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ello sin contar con que 30 estados tendrán elecciones para sustituir a los congresos locales y una gran cantidad de presidencias municipales. El total, una disputa por 3 mil 326 puestos de elección popular, 629 en el ámbito federal y 2 mil 697 al nivel de los estados y municipios. Un esfuerzo institucional significativo.

En medio de un escenario de tal naturaleza en el que coexisten diferentes niveles de información, el del nivel de lo cotidiano con el de los temas electorales, el de los análisis especializados y fundamentados con el derivado de la interpretación de “hechos alternativos” – como puso de moda la jefa de prensa del presidente de los Estados Unidos –, ha permitido la emergencia de un ambiente para la confusión y la duda como resultado de la frivolidad con la que se han elaborado las agendas partidarias o electorales. Por ejemplo, si uno se atiene a las definiciones implícitas, acuñadas como parte de las agendas mediáticas que acompañan a quienes aspiran a la Presidencia, para ser reconocido como ciudadano no se requiere del cumplimiento de obligaciones constitucionales y del ejercicio de un conjunto de derechos frente a un Estado, parece que basta con no haberse tomado la molestia de afiliarse a ningún partido o agrupación política, o bien, no estar postulado por ningún partido o coalición. Casi como si fuera frase de Groucho Marx “yo no formaría parte de un club que me aceptara como miembro”.

Se entiende que en el mundo de la competencia electoral, el pragmatismo por capturar las preferencias de los votantes es el principal objetivo, después de lo cual se puede enmendar todo lo que se haya descompuesto en el camino. Sin embargo, esos embates pragmáticos comprometen la credibilidad institucional, no sólo de las autoridades electorales, sino también la de los aspirantes y la del gobierno en su conjunto.

El resultado de lo anterior es el incremento de la confusión y la sorpresa entre los electores, frente a las advertencias que demandan promover la estabilidad, reducir la incertidumbre, mantener el rumbo y cuidar lo que se ha construido a lo largo del tiempo. Resulta por lo menos paradójico el conjunto de alertas al confrontarlo con la cotidianeidad que nos rodea. ¿Qué normalidad es la que vale la pena mantener? ¿La de las estadísticas de impunidad frente a la comisión de delitos del fuero común y federal? ¿La de la corrupción de los actores públicos? ¿La de la complicidad entre algunas autoridades y la delincuencia? ¿La de la conveniente discrecionalidad para la asignación de fondos federales a las entidades? ¿La de la incapacidad para reconocer el conflicto de intereses por los filtros éticos y morales con los que se observa el mundo? ¿La de la depredación del patrimonio natural? ¿La de la notable confusión entre el interés privado y el interés público?

Las alertas sobre la estabilidad son razonables, aunque no necesariamente por las mismas razones. Hay que preservar las instituciones, fortalecerlas y mejorarlas. Dejar las cosas como están nos ha conducido a un estado de vulnerabilidad en materia de bienestar. No sólo la pobreza es una condición que limita la capacidad para el disfrute de la vida, también para los más afortunados que han formado un patrimonio con base en el esfuerzo y el talento sin trampas es una condición comprometedora ante la amenaza de la delincuencia.

La credibilidad de un gobierno no se forja en el gasto publicitario. Es un activo que se construye y que acompaña la conducta de los tomadores de decisiones. Nadie espera un gobierno perfecto o a la medida. Esos sólo existen en las reflexiones teóricas como casos de referencia. Tampoco se espera un gobierno que nunca se equivoque o con el que todos estén de acuerdo. Un gobierno responsable no sólo es aquél que puede ofrecer la edición de un prospecto de inversión a las calificadoras. Un gobierno responsable también es aquél en el que la prosperidad es creíble para el conjunto de la sociedad.

El reto para cualquier aspirante a ocupar uno de los puestos de elección popular que cambiarán en breve, es el de contribuir a formar una nueva normalidad. Una en la que no se interprete que la política es un negocio privado. Una en la que la credibilidad del gobierno de la sociedad no se pone en entredicho por la disociación entre lo que se dice, lo que se hace y lo que establece la ley. La sociedad mexicana ha aprendido que haciendo las cosas de la misma manera no se obtienen resultados diferentes, pero igualmente que la falta de credibilidad está cercanamente relacionada con la corrupción y la impunidad.

* Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

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