Simulación en Comunicación Social

Luis Sánchez Jiménez

Como consecuencia del histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que otorgó el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa del Congreso de la Unión que no expidió la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social, en el plazo estipulado en los artículos transitorios de la reforma constitucional, es ahora materia obligada de la Cámara de Diputados y de la de Senadores su expedición antes del 30 de abril, cuando terminará el actual periodo ordinario de sesiones.

Para dar cumplimiento al fallo de la SCJN del 15 de noviembre de 2017, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presentó el 28 de noviembre, una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Gubernamental, que incluyó la revisión de anteriores propuestas legislativas en la materia presentadas por el PRD. En su redacción se buscó atender cabalmente los principios dispuestos en los artículos 6° y 134, párrafo 8, de la Constitución, con relación a la Comunicación Social.

El objetivo de la ley es establecer principios y procedimientos relativos al uso de cualquier forma de comunicación gubernamental, así como establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos en esta materia. Además de lo anterior, la iniciativa regula los criterios generales para la programación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental.

Para garantizar que el gasto público en comunicación tenga un verdadero sentido de utilidad pública, en la iniciativa se incluye la prohibición de su uso para publicitar acciones gubernamentales que no atienden necesidades directas de la población, así como la proscripción de la difusión de propaganda relativa a los informes anuales de un servidor público.

El gasto excesivo en comunicación social se ejerce cuando los montos presupuestados y autorizados por el Congreso son excedidos con la autorización y discrecionalidad que otorga la Secretaría de Hacienda. Es decir, el gasto autorizado sólo es nominal y crece de acuerdo con criterios políticos y personales de los funcionarios, con la única aprobación del Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 el monto autorizado por el Congreso para gasto en comunicación social fue de 15 mil 195 millones de pesos; sin embargo, el monto ejercido fue de 38 mil 232 millones de pesos. En cinco años el gobierno federal gastó 23 mil 037 millones de pesos más de lo autorizado.

Actualmente, la Secretaría de Gobernación y sus contrapartes estatales monopolizan el control sobre la comunicación social, razón por la que no se garantiza el uso imparcial de los recursos. Con esto en mente y recogiendo los señalamientos de la sociedad civil, el PRD propone la creación de un Consejo Nacional de Comunicación Gubernamental para que sea una autoridad independiente, con control real sobre la programación, ejecución y evaluación del gasto, y con el poder de disuadir el mal uso de la comunicación gubernamental a través de mecanismos efectivos de sanción.

El PRI y el gobierno federal han decidido comportarse de la peor forma en este tema tan importante. El miércoles 4 de abril, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo a la Ley General de Comunicación Social, con los votos de PRI, PVEM, Morena y MC, omitiendo la celebración de audiencias públicas y de un proceso de parlamento abierto para escuchar las voces de los promotores del amparo y otras organizaciones especialistas en el tema. En lugar de eso se procesa un voto apresurado que tendrá lugar el próximo martes en el Pleno de la Cámara de Diputados que, de tener éxito y ser aprobado, pasaría al Senado para su revisión, no obstante que en esta Cámara existen seis iniciativas pendientes de dictaminar, incluyendo la del GPPRD.

No se trata de cumplir por cumplir. Las organizaciones civiles, Artículo 19 y Fundar, así como otras voces expertas lo han dicho una y otra vez, se trata de hacer un trabajo legislativo serio que termine con la ausencia de criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, así como eliminar el uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad. El GPPRD no se prestará a ningún albazo o dictaminación legislativa atropellada. Será con argumentos y propuestas como enfrentaremos el comportamiento intolerante del gobierno en esta materia.

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República

 

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