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Formalizan denuncia por amenazas de muerte en la Judicatura del PJF

Consejeros de la Judicatura y diversas instancias del Poder Judicial de la Federación (PJF) conocieron ya de manera oficial denuncias sobre amenazas de muerte y atentados en contra de funcionarios con datos sobre la venta de exámenes para jueces.

Crónica ha difundido en las últimas semanas testimonios en torno al pago por reactivos. Una de estas voces es la de Enrique Jesús Peláez Toledano, Asesor SPS (Servidor Público Superior) y enlace administrativo entre los edificios del Consejo conocidos como Florida y Prisma donde, dice, “se vendió el examen para juzgadores”.

Hasta ahora, su nombre y puesto seguían en las fichas administrativas del CJF. Sin embargo, se solicitó de manera formal a la institución, vía Comunicación Social, detalles de su estatus laboral. Se respondió lo siguiente: “Dado que la consulta involucra datos personales, no es esta Dirección General la competente, sino la Unidad de Transparencia”. También se preguntó la postura específica sobre los atentados y amenazas denunciados por Peláez Toledano ante las áreas correspondientes. Se argumentó por escrito que, “por tratarse de una investigación administrativa en curso, sus contenidos son de carácter reservado”.

PRUEBAS. Peláez Toledano presentó el oficio PCJF/CSPJF/UPES/4169/2018 emitido el pasado 23 de marzo por la Coordinación de Seguridad del PJF, el cual informa de las amenazas a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación (SEVIE) del propio PJF. En otro oficio, el SEVIE-0952/03/2018, fechado cuatro días después: 27 de marzo de 2018, el magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, Secretario Ejecutivo de Vigilancia, le informa al afectado “que en atención a que manifestó haber recibido una llamada telefónica a su celular en la que fue amenazado de muerte, es necesario solicitarle un informe en términos del Acuerdo General del Pleno del CJF, que regula la asignación de medidas de seguridad a servidores públicos del PJF, mismo que deberá ser por escrito, en sobre cerrado, con firma o rúbrica en el borde de apertura, sellado de manera inviolable y al exterior con la leyenda confidencial, debiendo contener la información escrita y documental que permita realizar dicha evaluación”.

“Lo anterior a fin de que la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación cuente con los elementos necesarios para determinar lo conducente, además de la limitada disponibilidad de servicios de seguridad y ante la existencia de necesidades urgentes y extraordinarias que deben atenderse de manera prioritaria”.

Peláez denuncia “10 atentados en diversas fechas”, agresiones como “vigilancia en domicilio y restaurantes e iglesia”, con daños “psicológicos”, y amenazas “vía telefónica y dos presenciales con arma de fuego”, y como probables responsables señala: “los que se denuncian con el conocimiento de Borrego Estrada (Felipe, Consejero de la Judicatura), Cárdenas Ramírez (magistrado ya mencionado), González Canudas (Miguel Francisco, Secretario Ejecutivo de Administración), Rentería Salcedo (Marco Aurelio, Secretario Técnico Coordinador de la Ponencia de Borrego Estrada), Rosales Barrios (José Alejandro, Secretario Técnico de Servicios Generales) y Callejas (Vicente, Director General de Inmuebles y Mantenimiento)”.

Describe: “A diario me siguen y me vigilan donde entro y salgo, por haber denunciado el robo de exámenes para jueces, implicada también Paola Soto Quiterio (Coordinadora de Áreas de los edificios Prisma y Florida), Esteban Villagordoa (Secretario Técnico de la Dirección de Servicios Generales) y Callejas, así como Herbert (Torres Coello, titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas)”.

Solicita ahí protección con elementos de la Policía Federal, “pero no de la PGJ ni de la PGR”.

En un cuestionario anexo para evaluar medidas de seguridad, solicitado por la SEVIE con membrete de la Presidencia del CJF y resuelto por Peláez apenas el 4 de abril, detalla: “Los asuntos que conozco me hacen vulnerable por la información que brindé a los consejeros por situación de robo de examen para jueces”.

Cita una “amenaza verbal en la colonia Del Valle”, cuando dos sujetos se le acercan y le dicen: “Bájale de huevos”.

Y otra, la más reciente, el “domingo 25 de marzo a las 10:00 horas, en la iglesia Emperatriz de América, San José Insurgentes: dos masculinos entran armados a la iglesia por denuncia de Liliana Hernández, directora de la Dirección General de Programación y Presupuesto, haciendo una llamada a Rosa María Vizconde (exsecretaria ejecutiva de administración del CJF y resguardada durante las últimas semanas en un puesto de mando del Tribunal Electoral) y Bertha Fernández, Secretaria General del ministro presidente Luis María Aguilar”.

En el documento relata: “A raíz de la denuncia tengo que llamar al 911 para pedir apoyo por las noches, se estacionan diversos vehículos llegando a permanecer 24 horas para checar mis movimientos”.

Alude el seguimiento constante de “sujetos con corte militar y judiciales”. Y sobre los ataques y riesgos latentes a su persona enumera: “asesinato, secuestro, extorsión, robo, despojo de motocicleta, dinero, reloj, celular, tarjetas e identificaciones”. Y a su familia, “el riesgo del secuestro de mis hijos y de la licenciada Rocío Castillo Rivera –su pareja—, quien labora en la SCJN” y quien también contactó a este reportero para solicitar ayuda.

En un oficio más, fechado el 22 de marzo de 2018, enviado al magistrado Cárdenas Ramírez, narra Peláez Toledano: “Me refiero a la instrucción que el señor magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos dio personalmente al licenciado Herbert Torres Coello, titular de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de dar atención y seguimiento al escrito que presenté con motivo de diversas denuncias y de los constantes ataques de los que he sido víctima a raíz de ello”…

“El pasado viernes 16 de marzo, frente a los servidores públicos que estuvieron signados para tomar mi declaración, la cual duró aproximadamente seis horas, hice del conocimiento de esa Unidad de Investigación los diversos atentados y amenazas de muerte que he recibido durante estas semanas, describí de manera detallada todos y cada uno de los hechos, así como la persecución, vigilancia, intimidación laboral y acoso del que he sido víctima, además de los acontecimientos sucedidos a raíz del robo de examen para la designación de jueces. Asimismo ofrecí las pruebas de mi dicho, apoyado por los servidores públicos que pertenecen al área de informática, quienes obtuvieron de mi teléfono celular información, conversaciones, audios, mensajes, etc, donde se detallaba y se describía la forma en que se han desarrollado los hechos que denuncié… Haciendo hincapié en las amenazas que he sido víctima pero no sólo yo, sino también mi menor hija”.

HEBRA. Peláez es uno de los funcionarios que ha presentado denuncias ante la PGR y más seguimiento ha dado a posibles “actos de corrupción y malversación de fondos en la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo y en obras directas relacionadas con el Fondo Jurica y el Edificio Prisma”. En estos asuntos, ha involucrado a la ya mencionada Rosa María Vizconde; por ejemplo, “en la siembra de 4 millones de pesos en un vehículo oficial del CJF, usado por Francisco Javier Pérez Maqueda, extitular de la DGIM”.

Ha acusado a Vizconde de pagar por matarlo e intimidarlo con un asalto rumbo a su domicilio.

Estas “corruptelas” forman parte de los escritos ya referidos, algunos de los cuales fueron copiados a los consejeros Cruz Ramos y Borrego Estrada; y a los mandos González Canudas, Rentería Saucedo, Rosales Barrios y Callejas Serrano.

De las investigaciones de responsabilidades administrativas, por abuso laboral en perjuicio de Peláez Toledano, conoció también el ministro presidente Luis María Aguilar, según el acta A/38/2018 y el oficio de la Contraloría CPJF-022/2018.

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