Lo gratis no es realmente gratis, el asistencialismo

Carlos Matute González

¿Cuál es el origen de la pobreza en una sociedad del conocimiento y en el mundo globalizado? ¿La propiedad privada de los medios de producción? ¿La mala educación? ¿La baja productividad del trabajo? ¿La carencia de oportunidades? ¿La corrupción? ¿Las estructuras tradicionales de acumulación de capital y organización social? ¿Todo lo anterior? ¿Nadie sabe? ¿Qué creen ustedes, amables lectores?

En el fondo ese es el debate en los países democráticos donde persiste la desigualdad social. La pregunta principal del elector es: ¿Cuál es el mejor proyecto de gobierno para que las mayorías, que suelen ser la clase media y los pobres, en su distinta categorización, mejoren su bienestar o superen las condiciones de miseria? La respuesta no es sencilla, aunque los candidatos a un puesto de elección popular la simplifiquen.

La forma más recurrente en los últimos años ha sido prometer en cada elección un mayor asistencialismo, suma y suma de gasto social, en una escalada similar a la que se vivió en los años ochenta del siglo pasado con la espiral inflación-sueldos, que acabó en una hiper-inflación descontrolada y sólo empobreció a los estratos económicos más débiles. Desde la aparición de la pensión a los adultos mayores en el entonces Distrito Federal la competencia electoral se convirtió en un concurso de disparates para ver qué candidato ofrece más ayudas sociales a fondo perdido y sin financiamiento público garantizado. Todos quieren recibir, nadie quiere poner, en un juego de pirinola perverso.

Las ocurrencias cubren una gran gama y sólo están limitadas por la imaginación y la posibilidad de plantearlas como originales respecto al contrincante o el antecesor. Los eslóganes varían: “Te lo firmo y te lo cumplo”, “Yo si te voy a cumplir”, “Mi palabra vale”, “Primero los pobres” y un largo etcétera. El resultado es el endeudamiento creciente de los gobiernos federales y locales de los tres partidos principales. Ninguno se escapa de este proceso.

Es muy fácil demostrar lo anterior. Los invito a escuchar la radio y tropezarán con los mensajes de los partidos políticos llenos de promesas incumplibles, pero expresadas con mucha convicción. Cada quién que haga la selección del dislate más cercano a la demencia social, hagan cuentas y se revelará que son puros cuentos.

Lo más socorrido ha sido ofrecer los bienes y servicios públicos gratis o subvencionar a grupos marginados con desayunos, útiles, salarios, ayudas familiares o pensiones. Todo es posible durante las campañas. Las fuentes de recursos son a todas luces insuficientes, pero nadie repara en esas cuestiones de los tecnócratas. Recurren a frases similares a las que empleaba mi abuelita en situaciones de apuro: “Promete, después averigua cómo”.

Lo cierto es que lo gratis siempre trae aparejada una factura que suele pagar el más pobre: la inflación derivada del endeudamiento público, el deterioro de los servicios (véanse las condiciones de mantenimiento del metro subsidiado) o la escasez del bien, como sucede con la gasolina en Venezuela, que tiene un precio irrisorio, pero cada vez es más frecuente el desabasto. Alguien paga los agujeros presupuestales y no son los ricos, ni los promotores de este tipo de políticas asistencialistas. Cuando la oferta es menor a la demanda, se multiplican las listas de espera, la escasez, el clientelismo, el amiguismo y la corrupción para acceder o hacerlo más rápido.

¿Cuál es el precio más caro que pagan las personas? No recibir el servicio bien. La gratuidad incentiva una demanda ilimitada y reduce en el mediano y largo plazos la oferta. Las transferencias presupuestales a grupos desvinculadas de la generación de empleos disminuyen la productividad. Lo primero se convierte en tiempos de espera que hacen nugatorio el derecho a recibir la prestación gratuita y lo segundo ahonda la pobreza y cancela oportunidades de desarrollo. En México se tiene este contraste: estados que han promovido la inversión y la formalización de la economía crecen el Producto Interno Bruto y la remuneración neta del trabajo a tasas cercanas al 10 por ciento anual y los que han apostado al asistencialismo tienen tasas negativas.

La gratuidad no es realmente gratis, pero mientras la mayoría crea, sin mayor análisis, que el gasto social es una dádiva de los gobiernos, darán su voto a los candidatos más despilfarradores. Lo gratis se paga con transferencias presupuestales que provienen de las contribuciones y deuda pública y puede salirle más caro al beneficiario con la institucionalización del asistencialismo, que es el camino seguro para perpetuar la baja productividad laboral y la cancelación real de las vías de superación de la pobreza.

 


Profesor de posgrado del INAP
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