Nacional

La CIDH recibió denuncia por anomalías en juzgados federales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indaga venta de expedientes al crimen organizado, robo de archivos, falsificación de actuaciones judiciales, entre otros delitos

[ Segunda Parte ]

Falsificación de actuaciones judiciales, venta de expedientes relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto, constitución de asociaciones civiles para cobrar servicios gratuitos, así como robo de archivos son algunas anomalías cometidas en juzgados federales, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La querella quedó registrada con el número P-352-17 —en referencia al año de su entrada a trámite—. El acuse de recibo fue firmado por Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, quien informó: “… Se presenta una denuncia contra México… Se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. Oportunamente se comunicará el resultado del estudio preliminar”.

En el escrito, un ex juez federal relata diversas irregularidades de su experiencia como titular de juzgado, las cuales buscó atacar, aunque esa batalla le costó el puesto…

“Los expedientes con orden de aprehensión estaban en archiveros a la mano de cualquier funcionario, por consiguiente, los litigantes conseguían copias de dichas órdenes a cambio de dinero; la mayoría del personal tenía llaves de acceso a juzgado”, refiere el escrito.

Y detalla: “Los actos de corrupción consistían en dar información sobre órdenes de aprehensión de delincuencia organizada, pues se sacaban copias de los expedientes que estaban en sigilo”.

w En otra parte se señala que personal de juzgado con los puestos ya mencionados constituyó una asociación civil denominada Coordinadora de Organizaciones y Misterios Carcelarios de México  A.C., “cuyo fin era garantizar mediante cauciones de bajo monto la libertad provisional y definitiva de los inculpados, proponer asesores de tiempo completo, trabajar como asesores de internos y otras actividades no compatibles con la función que tenían como servidores públicos”.

Y: “dar asesoría jurídica, hacer visitas carcelarias, tramitar fianzas a bajo costo, y otros actos jurídicos; por consiguiente, pedían cooperaciones que en realidad constituían actos de corrupción amparados bajo el objeto social de esa asociación civil, los cuales eran denunciados por el público o las familias”.

“Había quejas por parte de familiares de los procesados, relativos a que los defensores públicos —servicio gratuito— pedían dinero; no cumplían con su trabajo y en muchas ocasiones se diferían las audiencias porque los procesados afirmaban que los defensores no les informaban sobre su asunto”.

A la par, el documento describe corruptelas derivadas de criterios jurídicos adoptados por el titular, como en el caso de detenidos por delitos graves a quienes se les clasificaba como primodelincuentes porque las autoridades carcelarias retardaban o negaban el envío de sus antecedentes penales; antes de vencer los plazos para dictar sentencia, se les imponían penas mínimas y todos los beneficios de ley, derivado de su condición de primerizos en actividades delictivas.

“Los defensores públicos y personal de juzgado, esencialmente los secretarios, realizaban actos de corrupción, a sabiendas de estos criterios adoptados; los procesados se conformaban con el sentido del auto de formal prisión, manifestaban no tener pruebas que ofrecer a su favor y solicitaban se dictara sentencia”.

En realidad, los funcionarios judiciales cobraban a las familias grandes cantidades de dinero, con el argumento de haber convencido al juez de dictar una pena mínima con los mayores beneficios posibles.

Otras ilegalidades expuestas ante la CIDH son: alteración de oficios y recibos telegráficos, datos falsos en las bitácoras y extracción de archivos electrónicos de las computadoras oficiales.

Conforme a la narración, uno de los gremios con más deficiencias es el de los actuarios, cuya función debe ser la de ejecutar órdenes judiciales y notificar a involucrados.

“Aprovechando que su trabajo lo realizan regularmente fuera del juzgado, no se presentaban a laborar y para cubrir faltas alteraban o falsificaban actuaciones judiciales. Un día, por ejemplo, realizaban 20 notificaciones en  un centro carcelario y los procesados firmaban en blanco; al día siguiente sólo agregaban a los expedientes diez constancias de notificación, y las otras 10 en fecha posterior para cubrir ausencias”.

Además, omitían notificaciones en los términos establecidos por ley –en especial de amparos—, asentaban hechos falsos en constancias, alteraban actuaciones, fechas u horarios y se confabulaban con peritos para burlar al juez. Las ilegalidades derivaron incluso en denuncias promovidas por ministerios públicos adscritos a juzgados, por el falseo de datos, sellos y firmas.

Y un grupo más, clandestino e inmerso en estafas, es de los llamados meritorios, personal sin plaza fija ni contrato en el Poder Judicial, “cuyo pago son las dádivas, es decir, cantidades de dinero entregadas por los litigantes por elaboración de oficios, que sacaban copias de los expedientes del juzgado utilizando papel y copiadora del órgano jurisdiccional y cobraban dicho servicio; lo más grave era la expedición de constancias que no estaba autorizadas judicialmente, lo que propiciaba actos de corrupción a gran escala”.

Estos meritorios “se rolaban los nombramientos: una persona legalmente trabajaba unos quince días y otra los quince días siguientes… se dieron casos en los que las plazas se turnaban por meses: un mes para uno y un mes para otro, de tal manera que el sueldo que percibía el primero lo tenía que compartir con el segundo”.

La carpeta ventila también el control administrativo que ciertos funcionarios ejercían sobre el resto del personal -a espaldas del juez-, ya sea por antigüedad en el cargo, presiones o componendas: “determinaban las fechas de vacaciones, autorizaban permisos para salir en horario de labores, para llegar fuera de horario de entrada, o salir antes; cuando alguien llegaba tarde, terceras personas checaban las tarjetas de control de asistencia, al grado que era posible no acudir a trabajar”.

Las irregularidades, según el expediente, se daban “con anuencia de  quienes controlaban la administración: pedían cierta cantidad de dinero por los favores que realizaban; se exhibían certificados médicos alterados,  los cuales eran ya parte de una investigación interna”.

Crónica logró corroborar que esta denuncia ante la Comisión Interamericana fue promovida por Pedro Cruz Ramírez, quien fue titular del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, el cual pasó a ser luego Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma sede.

¿Y dónde está Cruz Ramírez?, ¿qué ocurrió con él?... Habremos de encontrarlo.

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