“Fui cesado por negarme a girar una orden de aprehensión ilegal”: juez Pedro Cruz | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 18 de Abril, 2018

“Fui cesado por negarme a girar una orden de aprehensión ilegal”: juez Pedro Cruz

El juez Pedro Cruz afirma que PGR y Judicatura querían una resolución, sin presentar pruebas, para recluir a tres narcos arraigados. “Me inventaron un proceso por acoso sexual para destituirme”

“Fui cesado por negarme a girar una orden de aprehensión ilegal”: juez Pedro Cruz | La Crónica de Hoy
El juez Pedro Cruz Ramírez, con documentos del proceso anómalo que se le siguió para destituirlo, así como la denuncia que interpuso ante la CIDH.

Tercera parte

La negativa a girar una orden de aprehensión de forma ilegal, así solicitada por la PGR y por consejeros de la judicatura, cuenta, fue el origen de su cese como juez federal.

Pedro Cruz Ramírez, extitular del Juzgado Sexto de Distrito en el Decimoquinto Circuito, nos recibe en su departamento de la colonia Américas Unidas, el cual usa hoy como oficina “para litigar los pocos asuntos que llegan”.

“Querían una resolución a modo, por eso enfrenté al Consejo, acostumbrado a la sumisión de juzgadores, y me inventaron un proceso administrativo con base en acusaciones del personal corrupto al que busqué atacar”.

Después de más de seis años de un proceso anómalo, el CJF lo destituyó el año pasado por acoso sexual a una actuaria, a quien antes él había acusado de omitir e inventar notificaciones, así como falsificar documentos oficiales.

“Es una arbitrariedad que el Consejo te corra porque te opusiste a que los consejeros te den línea por medio de llamadas telefónicas. ¿Dónde queda la autonomía judicial? Hay consejeros que no saben qué es la carrera judicial ni cómo se imparte justicia, llegan ahí por ser amigos de ministros y políticos, mientras quienes luchamos desde abajo somos borrados en un tris”, dice.

AMENAZAS. La historia comenzó en mayo de 2009, cuando la PGR solicitó al juez Cruz una orden de aprehensión en contra de Teodoro García Simental El Teo, Raidel López Uriarte El Muletas, Ángel Jacome Gamboa El Kaibil y otros integrantes del Cártel de los Arellano Félix.

Habían sido detenidos a principios de febrero, en un salón de fiestas de Tijuana. Quedaron arraigados…

“Pasó lo de siempre —narra el juzgador—: la PGR fue incapaz de recabar pruebas contra los indiciados, y días antes de vencerse el arraigo, me exigió girar la orden y enviarlos a un centro de reclusión de alta seguridad, dizque por su grado de peligrosidad”. 

Cruz declinó competencia a favor de un juzgado en el Estado de México, sede del penal del Altiplano, lo cual derivó en presiones por parte de Martín Rubio, entonces delegado de la PGR en Baja California.

Días después, un Tribunal Colegiado declaró competente a Cruz para conocer del asunto: concedió así la orden de aprehensión, pero determinó ingresar a los detenidos en el Reclusorio Sur, pues la PGR seguía sin documentar el grado de riesgo.

“Rubio volvió a visitarme y amenazó con presentar una queja. Insistió en el traslado de estas personas a un centro federal de forma económica, es decir, sin trámite legal. Queremos que los mande allá, porque altos funcionarios de la PGR han hablado con el consejero Luis María Aguilar —hoy presidente de la SCJN— y llegaron a ese acuerdo, amedrentó… No voy a violar los procedimientos, le contesté. Después supe que ellos, sin orden judicial, enviaron a los indiciados al Centro Federal de Occidente”.

El 11 de junio de ese año, el juez recibió una llamada telefónica del entonces consejero Oscar Vázquez Marín:

—La PGR le imputa que indebidamente se ha negado a recibir detenidos puestos a su disposición, está incurriendo en faltas graves a su función como juzgador que pueden constituir un delito —acusó.

—Son acusaciones falsas, mi actuar ha sido apegado a derecho —se defendió el juez.

—Su función es resolver problemas, no crearlos —expresó el consejero, de acuerdo con una demanda enviada ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la coacción participó también quien era Subprocurador de Control Regional de la PGR: Víctor Corzo Cabañas.

Ante las llamadas sospechosas e intimidaciones de funcionarios, Cruz Ramírez envió una nota informativa a los consejeros Vázquez Marín y Luis María Aguilar, algo inusual en los protocolos internos de la judicatura. En el escrito, obtenido por Crónica, les señala: “Personal de la Procuraduría pretende indebidamente utilizar el nombre y autoridad de los consejeros, en detrimento de la autonomía de la que deben gozar los órganos jurisdiccionales y violentando los mandatos judiciales, bajo el pretexto de peligro para la sociedad y, con ello, evadir su responsabilidad de aportar los medios de prueba”.

El juez buscó olvidarse del asunto. Sin embargo, un amigo del gremio, quien había asistido a la boda del hijo del exministro Sergio Valls, en Chiapas, le compartió poco después: “Tienes el dedo y te van a chingar… En la fiesta, el consejero Luis María Aguilar preguntó: ¿quién es ese pinche maestro Pedro Cruz? Anda hablando de autonomía, pero le vamos a romper la madre… Te sugiero que les lleves un regalo a los consejeros, propuso mi amigo, pero le rebatí: ¿de qué sirven entonces los spots en radio y televisión que presumen la autonomía judicial?”.

DISFRACES. La amenaza no podía tener mejor escenario que el juzgado dirigido por Cruz desde julio de 2008 —un año antes del choque con los consejeros—: predominaba el descontento de secretarios, auxiliares administrativos, defensores públicos, actuarios y meritorios, quienes habían sido exhibidos en múltiples ocasiones por sus prácticas corruptas, y denunciados ante diversas instancias del Consejo.

“Pedían dinero a las familias de los reos, por servicios gratuitos —cuenta Cruz—, y el dinero lo disfrazaban como aportación a una asociación civil creada para ese fin. Eso lo supo el Consejo. Aprovechándose de un criterio en el que yo imponía una pena mínima a los primodelincuentes, cobraban de 5 mil a 15 mil dólares a las familias, por esa sentencia con beneficios. Simulaban tratos bajo la mesa”.

En ese contexto se ordenaron contra él visitas extraordinarias, originadas por “denuncias anónimas”. Se le acusó de notoria ineptitud, descuido en el trámite y resolución de asuntos, acoso laboral y acoso sexual. Todo terminaría por ser desechado ante la falta de pruebas, a excepción del acoso sexual basado en la declaración de la actuaria.

“Ella dijo que le hablaba a diario: madrugada, noche, sábados,  domingos, invitándola a mi casa para tener relaciones sexuales, cuando sólo se le estuvo presionando para que realizara su trabajo. Presenté en mi defensa todas las facturas y registros de las llamadas, la mayoría arrojó cero comunicación, pero no me hicieron caso”.

Se le suspendió el 6 de septiembre de 2010. La investigación y el procedimiento de responsabilidad, contrario a todas las normas, duró cuatro años. El 19 de agosto de 2014 el Consejo anunció su cese definitivo. Él impugnó ante la SCJN, la cual confirmó la destitución en agosto de 2016, después de 18 años de pertenecer a la institución.

“El Consejo actúa de mala fe y jamás respeta los plazos, un delito contra la administración de la justicia; me siento decepcionado y agobiado. El consejero Guadalupe Tafoya fue quien falló el asunto. Cuando pedí audiencia con él, me dijo: se habla de que usted acosó a los consejeros. La resolución ni siquiera fue listada, se dictaminó sin discutirla”.

—¿Cómo afectó su vida personal?

—Tuve que enfrentar a mi única hija y fue muy difícil. ¿Es cierto lo que dicen en internet del acoso sexual?, me preguntaba. Le prometí demostrar mi inocencia, y por eso sigo en pie… La mayoría de los amigos me dieron la espalda.

Cruz Ramírez presentó ya una denuncia contra el CJF, ante la CIDH.

“Quisiera que la Comisión entrara al fondo del asunto y advirtiera violaciones a derechos humanos de los jueces que peleamos por la independencia y la autonomía. La venta de exámenes sólo es un botón de muestra del podridero en el CJF. Logré acreditar llamadas de los consejeros para presionar resoluciones. ¿Para qué hablar? Si hay responsabilidad de un juez, ¿por qué no denuncian, lo llevan a la cárcel y le ponen una sanción ejemplar?, ¿para qué intimidar y actuar arbitrariamente?”…

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