Presidencialismo y corrupción en México - Voces de la UAM | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 19 de Abril, 2018
Presidencialismo y corrupción en México | La Crónica de Hoy

Presidencialismo y corrupción en México

Voces de la UAM

Ricardo Espinoza Toledo*

¿Por qué los presidentes han tolerado la corrupción? ¿Puede un presidente combatirla realmente? La corrupción ha sido el lubricante del sistema político mexicano, un incentivo para llegar al poder y ocupar cargos públicosy el mecanismo para enriquecerse. Para sus beneficiarios, no es tarea atractiva erradicarla. La multiplicidad de leyes en la materia, auditores y fiscales han sido utilizados en sentido contrario a su propósito por gobernantes, federales y estatales, que eluden su responsabilidad. Nunca ha existido disposición constitucional ni legal que autorice actos de corrupción ni el peculado o el cohecho (soborno) y, no obstante, son prácticas que, sencillamente, no se han querido combatir.

¿Puede el presidente acabar con los privilegios de políticos y de grupos privados?  Sí, pero requiere de aliados. Antes de la Revolución de 1910, Andrés Molina Enríquez planteó a Porfirio Díaz un programa de reformas al régimen de propiedad de la tierra que buscaba resolver el problema de su concentración en unas cuantas familias, causa de la exclusión social, de la improductividad del campo y de los levantamientos. Como eso afectaba a la oligarquía porfirista, sostén del gobierno, el programa se desechó y la Revolución estalló. Buena parte de su contenido, sin embargo, fue recuperado por los Constituyentes de 1917, en el artículo 27 de la Constitución, desvirtuado después de las reformas de 2013.

La corrupción abarca todos los ámbitos de influencia del Poder Ejecutivo, federal y estatal, porque surge de ahí. Ha sido procesada a través de concesiones, subsidios, asignación de contratos de obra pública que multiplica sus costos, rescates carreteros y bancarios, protección “legal” y garantías de impunidad a los asociados, cobro de peaje en autopistas,cuantiosos ingresos derivados del petróleo,reparto de los dineros públicos, triangulación de recursos federales y estatales, entre otros.

La corrupción es una forma agravada de transgresión de las bases de convivencia social que ha mantenido al país en condiciones de atraso, desigualdad y pobreza, un círculo vicioso que afecta áreas vitales del desarrollo de la nación. Cuando los recursos públicos se destinan a uso privado y al abuso de autoridad, van en detrimento de la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la justicia. En México, se instaló una “escuela” de políticos que ve en los cargos la gran oportunidad de enriquecimiento. Tenemos una clase de políticos de origen humilde que se ha hecho millonaria al cobijo de los puestos públicos, mientras la mayoría de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas.

Aguilar Camín encuentra cuatro pilares de la corrupción mexicana:la colusión con el crimen organizado; la asignación de obras y contratos públicos; los fondos federales que se gastan sin fiscalización federal en los estados y la lógica monetaria de la competencia electoral.

El financiamiento público a partidos y elecciones se multiplicó 67 veces en menos de 20 años: de 1996 a 2015, y sigue aumentando. No obstante, dice el comentarista, los partidos gastan en las elecciones el dinero legal que reciben y varios tantos más del dinero ilegal que llevan a ellas para poder competir en el cada vez más caro mercado de los votos. Entre el año 2000 y 2014, los estados y municipios recibieron transferencias por unos 355 mil millones de dólares de recursos federales. Es responsabilidad de los congresos estatales aprobar el destino de esos recursos. (“El río de dinero de la democracia mexicana”, Milenio diario, 19 de abril de 2017).

Con la publicación de La estafa maestra, investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, se conoce la triangulación con universidades públicas que permite desviar miles de millones de pesos de fondos federales y desaparecerlos en una red de empresas irregulares, como se ha visto en los estados. La complicidad institucional con el crimen organizado, a su vez, contribuye a mover recursos incuantificables, en detrimento de la seguridad personal y jurídica de los ciudadanos.

La democratización, la alternancia en la presidencia de la República y la descentralización del gasto público federal no se ocuparon de instituir mecanismos efectivos de supervisión de los dineros. Los contrapesos construidos por el pluralismo de partidos, a su vez, se diluyeron porque metieron al reparto de la bolsa de los recursos a senadores, diputados federales y locales y a los opositores, a los empresarios y a los medios de comunicación.

La falta de transparencia en la distribución y el uso de los recursos púbicos no es precisamente un problema de leyes. De hecho, somos campeones en materia de legislación sobre transparencia y contra la corrupción. Sucede que, en vez de vigilantes, los congresos, federal y locales, se volvieron copartícipes de los gastos del gobierno. Se eludieron responsabilidades y contrapesos y se dilapidó el dinero del petróleo que debió impulsar el desarrollo del país. Los gobernadores son como los viejos príncipes, caracterizados por la corrupción, de los que habla Maquiavelo en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio: muy efectivos para someter a su población e inútiles para evitar el dominio externo y, en México, también el imperio del crimen organizado.

¿Puede un presidente evitar utilizar el cargo para su enriquecimiento personal, el de sus familiares, de su círculo cercano y el de los gobernadores y sus respectivos séquitos? Puede, desde luego, pero tiene queponer en circulación los mecanismos y disposiciones constitucionales para vencerlos, desarrollar una verdadera estrategia contra el crimen organizado, transparentar los contratos públicos, fiscalizar los fondos federales y, con inteligencia financiera,combatir toda forma de dinero ilegal. Tal vez así lleguemos, algún día, a la implantación de una auténtica República democrática.

* Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

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