Solidaridad con el pueblo nicaragüense - Ma. del Rocío Pineda Gochi | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 25 de Abril, 2018
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Solidaridad con el pueblo nicaragüense

Ma. del Rocío Pineda Gochi

A la luz de los recientes acontecimientos en la República de Nicaragua, donde las protestas y manifestaciones se salieron de control y escalaron a lamentables fallecimientos, dejando múltiples heridos y un sinnúmero de detenidos, vale la pena reflexionar sobre la situación política que vive este país hermano de Centroamérica, sus problemas socioeconómicos y de violencia que han merecido un exhorto de la Organización de las Naciones Unidas, a través del Secretario General, para que el Gobierno garantice la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y, de manera particular, el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión.

Respetando de manera irrestricta el principio internacional de la libre autodeterminación de los pueblos y su política interna, ningún país debe ser omiso en condenar actos de violencia que atentan con la vida y los derechos de cualquier ciudadano, máxime cuando lo asisten sus leyes locales y los tratados internacionales. Nicaragua ratificó la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta Democrática Interamericana, por lo cual tiene la obligación de promover y defender la democracia y procurar la paz (Artículos 2 y 3 de la Carta de la OEA).

Sin embargo, por la crisis que vive en estos momentos el pueblo nicaragüense, dista mucho de que existan condiciones de paz y tranquilidad. En la comunidad internacional, y sobre todo en la región latinoamericana, existe una preocupación manifiesta por el caos y los niveles de violencia que se desataron por el anuncio de un paquete de reformas al sistema de seguridad social, que fue el detonante de un acumulado de problemas por falta de crecimiento económico, sanciones del gobierno norteamericano, reducción de apoyo financiero de Venezuela, despidos en el sector público, reducción de beneficios sociales, alza de precios en el combustible y las tarifas de luz.

De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), los cinco días de revueltas han dejado más de 90 heridos, cientos de capturados y al menos 30 personas muertas, en su mayoría por disparos de arma de fuego. El papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica y México se han manifestado al respecto, exhortando al gobierno a generar las condiciones para la calma y, al mismo tiempo, mediante una condena unánime por los niveles de violencia y represión que adquirieron estas protestas. Dicha situación escaló a tal grado que desde Washington se ordenó el cese de operaciones de su embajada en Managua y el retiro de gran parte de su personal y sus familias.

Analistas locales refieren que Nicaragua vive una paradoja en su democracia porque el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene el monopolio de la autoridad y la ley a su favor. El Poder Legislativo está en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que tiene 71 de 92 curules. Además, argumentan que la independencia del Poder Judicial es inexistente, porque 11 de 16 magistrados de la Corte son sandinistas. En general, existe la percepción de que el Ejecutivo ha eliminado los canales de interpelación, el debate o la propuesta y la libertad de expresión.

Cabe destacar que no es la primera vez que Nicaragua vive una situación de esta envergadura. Hacia el final del período de gobierno del presidente Enrique Bolaños, la OEA intervino en esa crisis institucional a petición de varios países centroamericanos, con el argumento legal de la misma Carta, que prevé ante escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” o de “ruptura del orden democrático” intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado (artículo 19).

Si bien todavía no estamos frente a ese escenario, es fundamental que la comunidad internacional siga manifestándose al respecto. Utilicemos todos los mecanismos y canales de cooperación para convocar al diálogo, la concertación y buen entendimiento para la solución de cualquier diferencia. La estabilidad de la región latinoamericana, la consolidación como un área estratégica y de oportunidad, se logrará en la medida en que todos los países seamos solidarios, fortalezcamos nuestras instituciones y nuestro sistema democrático para el beneficio y bienestar de nuestros pueblos.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG

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