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Senado Aprueba la Ley General de Seguridad Privada

Buscará regular a las más de seis mil empresas, dedicadas a la seguridad privada, traslado de valores, instalación de blindajes, custodia de personas y operación de sistemas de seguridad.

Foto: Cuartoscuro

El pleno del Senado de la República aprobó la nueva  Ley General de Seguridad Privada, que busca regular a las más de seis mil empresas, dedicadas a la seguridad privada, traslado de valores, instalación de blindajes, custodia de personas y operación de sistemas de seguridad.

Con 55 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones se prevé que esta nueva ley regule de forma eficaz a ese tipo de empresas de seguridad que operan en México, la mayoría al margen de la ley, a través de la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas, con una autorización única. La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

De acuerdo al dictamen, se define el concepto de “Seguridad Privada” como auxiliar de la función de Seguridad Pública a cargo de los particulares, con el objetivo de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad.

Se subraya que para la operación de estas empresas se requiere la “Autorización Única” expedida por el Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.

“Con base en información de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)  de las 6 mil empresas de Seguridad Privada en el país, 3 mil 640 están debidamente acreditadas, y de éstas, 1,232 cuentan con permiso federal, el resto cuenta con permisos locales. Sin embargo, 2,300 empresas restantes de las que se tiene conocimiento operan sin registro ni personal certificado”, se añade en el dictamen.

Asimismo se establece que los servicios de Seguridad Privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito, en los términos de la modalidad autorizada, y se puntualiza que el personal operativo de las empresas autorizadas de Seguridad Privada, coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia o desastre.

Entre los requisitos para el personal de estas empresas de seguridad privada está el de carecer de antecedentes penales; ser mayor de edad; estar inscritos en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada; estar debidamente capacitados en las modalidades en que prestarán el servicio.

 Además no haber sido separado de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública o privada y no ser miembros en activo de alguna institución de seguridad pública federal, estatal o municipal o de las Fuerzas Armadas.

La senadora del Partido del Trabajo, María del Carmen Ojesto Martínez, se manifestó en contra de esta nueva ley por la posible participación de extranjeros en el sector de la seguridad privada y dijo que el nuevo marco legal “está diseñado para proteger los intereses de las empresas transnacionales”.

Los senadores del PAN, Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, expusieron que si bien es necesario regular el servicio de seguridad privada en el país, la nueva ley no resuelve el tema ya que se crean ejércitos privados y prevalece la centralización de funciones, ya que se ignora a las autoridades municipales.

En respuesta Teófilo Torres Corzo, senador del PRI, dijo que se busca  dar certeza a las actividades de las empresas dedicadas a la seguridad privada, homologar los criterios para certificarlas, obligar a la capacitación de sus integrantes, con un registro puntual de los mismos, con lo que se transparenta y regula su actividad en apoyo a las instituciones de seguridad pública.

havh

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