Juez inocente de homicidio devela proceso de sanción “similar a la Santa Inquisición” | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 26 de Abril, 2018

Juez inocente de homicidio devela proceso de sanción “similar a la Santa Inquisición”

“El Consejo (de la Judicatura Federal) me fregó”, dice a Crónica Jorge Arturo Porras Gutiérrez, juzgador que nunca fue llamado a declarar, pero sí suspendido y luego reinstalado en su cargo ◗ Estoy “impugnando porque quiero

Juez inocente de homicidio devela proceso de sanción “similar a la Santa Inquisición” | La Crónica de Hoy

A semanas de ser restituido en sus funciones de juzgador, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, atreve: “El proceso sancionador contra jueces y magistrados federales es lo más parecido a la Santa Inquisición”.

A finales de octubre de 2016, un diario capitalino lo involucró con el asesinato de un juez federal en el Estado de México: Vicente Bermúdez Zacarías, ocurrido días antes… El 24 de noviembre de ese mismo año, mientras se registraba para el examen final en busca de una plaza de magistrado, el juez Porras fue interceptado por un secretario de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF):

—Está suspendido —le dijo.

—¿Suspendido, por qué? —preguntó él.

—No le puedo decir, pero lo van a investigar —fue la respuesta escueta del funcionario.

Ya no le permitieron aplicar la prueba oral, pese a sus sobresalientes calificaciones en las etapas previas y buen historial al resolver, en menos de un año, 200 mil amparos relacionados con la reforma laboral —más de la mitad de los promovidos a nivel nacional—, confirmados después en su totalidad por la SCJN.

Durante siete meses el Consejo ocultó detalles sobre la indagatoria: Porras conoció las acusaciones en su contra hasta junio de 2017, todas vinculadas con notificaciones ilegales realizadas por su chofer, las cuales debían haber sido ejecutadas por actuarios; ninguna sobre el homicidio del juez Vicente… De hecho, ni el CJF ni la PGR encontraron indicios para asociarlo con ese crimen: jamás, en año y medio, ha sido citado o llamado a declarar por alguna autoridad investigadora.

También los cargos referentes a las notificaciones irregulares se desvanecieron, por falta de pruebas, a excepción de un informe rendido por el propio Jorge Arturo en el cual niega haberle dado permiso de faltar a su chofer en el mismo periodo en el que, de acuerdo con la versión del Consejo, el hombre es ubicado suplantando el trabajo de actuarios. “Nos mentiste”, concluyeron los consejeros y el 12 de diciembre de 2017 le dictaminaron una suspensión de 3 meses, aunque en los hechos había estado suspendido desde noviembre de 2016.

“La prueba es inválida”, objetó el juez, quien no ha dejado de formar parte del Poder Judicial de la Federación.

“Aunque pudieras tener razón en tus argumentos no te podíamos dejar ir limpio”, comentó durante la audiencia el consejero Guadalupe Tafoya Hernández, mientras las consejeras Rosa Elena González y Martha María del Carmen Hernández expresaron: “Es criterio del Consejo no considerar el tiempo que se te ha suspendido, por lo que no se te dará razón en tu planteamiento”, según la narración de Porras, de 43 años.

El 12 de marzo de este año debió ser reinstalado, pero él impugnó la sanción de 3 meses… El recurso fue admitido y aún no ha sido resuelto.

—¿Por qué impugnar, si a estas alturas ya debería estar trabajando? — se le preguntó.

—Porque no me cansaré de defender mi inocencia y mi reputación. Quiero que me absuelvan, no que me apliquen sanciones chiquitas.

—¿Por qué contar su historia cuando puede costarle mucho?

—Busco que todas las investigaciones y procedimientos contra jueces y magistrados se ajusten al debido proceso y desterrar la arbitrariedad de ahora.

—¿Teme represalias, quizá que, por hablar, alarguen su proceso de restitución o lo destituyan?

—Represalias ya las estoy sufriendo… El Consejo me fregó, porque estaba a punto de la ratificación y tal vez de obtener la plaza de magistrado. El secretario ejecutivo de la carrera judicial me adelantó que estaré a prueba un año. No se vale…

SECRETOS. Crónica ha publicado en días pasados historias de magistrados o jueces destituidos mediante procesos anómalos, y dispuestos a recurrir a instancias nacionales e internacionales para defenderse. Por vez primera, un juzgador aún vigente comparte su experiencia personal y desmenuza los atropellos cometidos por el CJF durante los procedimientos de sanción…

Porras tiene seis años como juez de distrito y 18 en el PJF. Su historia comenzó a raíz de aquella publicación en la cual su nombre y el de su esposa —actuaria en el Estado de México e inhabilitada para el servicio público— fueron ligados al homicidio de un colega… Ninguno de los dos fue interrogado siquiera sobre al asunto.

“El Consejo viola sus propios acuerdos, como el de respetar la garantía de audiencia del juzgador investigado, porque niega informar de qué se acusa, quién acusa y qué pruebas hay, anula la posibilidad de defensa y disfraza los abusos por medio de figuras como confidencialidad y sigilo, que no están previstas en la reglamentación; algunos compañeros pasan un año o año y medio sin saber por qué se les investiga, este es un primer vicio”, dice.

“Un segundo vicio tiene que ver con el plazo de seis meses previsto en los acuerdos internos para decir: te estoy acusando de esto y por eso te voy a iniciar un proceso administrativo. Nunca respeta esos seis meses, se toma todo el tiempo del mundo para preparar la acusación y aleccionar testigos, mientras que a los jueces investigados nos da cinco días para enterarnos del asunto, ya con el desgaste emocional, psicológico, económico y familiar que traemos; al suspendernos nos dejan sólo el 33 por ciento del sueldo base, a la que le llaman asistencia vital, sin prestaciones ni seguro de gastos médicos”.

—¿Se pisotean entonces los términos legales?

—El Consejo dice: para nosotros no hay términos, nos podemos tardar un año o dos y no pasa nada, tampoco acepta consecuencias desfavorables cuando se exceden los términos legales previstos y éste es el tercer vicio. No acepta que el tardarse puede derivar en perder su facultad sancionadora o en la caducidad de la acusación, como lo prevén jurisprudencias de la Suprema Corte.

—¿La suspensión para investigar es legal?

—Otro vicio es que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene previstas tres causales para suspendernos: para no entorpecer la investigación, porque un juez lo pide para iniciarnos un procedimiento penal, y porque el MP lo pide para investigarnos, pero el Consejo no suspende por esas razones, sino por imagen institucional, y así dicen sus resoluciones: si te dejo activo nos vamos a ver mal. Esto lleva a sanciones indiscriminadas y arbitrarias.

¡PAREN LA INVESTIGACIÓN!  Antes de ser juez, Porras fue durante casi cuatro años secretario técnico en la Visitaduría Judicial del CJF, área administrativa encargada de realizar inspecciones a tribunales y juzgados donde se detectan posibles irregularidades:

“Pude ver muchos casos de jueces que decían: no es posible, hay una corrupción grosera y otros donde se acusa a inocentes… Ahí está el caso del magistrado Juan Manuel Serratos —ya relatado por este diario—. Durante la investigación encontramos quién era el juez que en realidad traficaba con las suspensiones de los carros chocolate, y no era Serratos; le llevamos una investigación concienzuda al Consejo, y un consejero ordenó: paren eso, detengan la investigación, aunque el magistrado que encabezaba las diligencias resistió y siguió con el asunto. Luego renunció a esa tarea, porque dijo que simular investigaciones o manipularlas era vergonzoso. El juez que sí estaba involucrado con el tráfico de suspensiones a favor de las importadoras de carros chocolate fue después promovido a magistrado y ahora está muy feliz adscrito en Cancún, donde quería estar”.

—¿Qué consejero ordenó parar aquella investigación?

—Jorge Moreno Collado.

“Otra vez nos ordenaron una inspección contra una magistrada por supuesto hostigamiento, el cual consistía en que corregía las propuestas de los secretarios de juzgado con tinta roja, y por eso la suspendieron —cuenta—. A otro le iniciaron un procedimiento porque se divorció y su esposa e hijas se quedaron en la casa que el Consejo le había facilitado… Primero le solicitaron la casa, pero cuando le pidió a su expareja salirse, ésta presentó una queja ante el Consejo aduciendo protección a los derechos de la mujer y la familia, no pudo sacarla y lo acusaron de disponer de un bien institucional. El juez tuvo que renunciar, porque no quería estar en un órgano tan arbitrario”.

—¿Cómo ha logrado pelear desde dentro?

—Haciéndoles ver a los consejeros que el debido proceso no existe, que no respetan los plazos ni la presunción de inocencia ni los términos legales, que los jueces son procesados por instancias que no corresponden y por simples cuestiones mediáticas, un montón de irregularidades expuestas para desacreditar todas las supuestas faltas graves de las que me acusaban.

—¿Cuál fue el trasfondo de querer sancionarlo?

—Mi percepción es que se trató de un distractor para disfrazar omisiones y deficiencias en la investigación interna sobre el asesinato del juez Vicente Bermúdez…

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