Efímera Unidad proMigrantes | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Domingo 29 de Abril, 2018

Efímera Unidad proMigrantes

La UIDPM entró en funciones en 2015, sin presupuesto propio y únicamente dos agentes del MP, con el objetivo de investigar delitos contra este grupo. En 2017, la Ley de Desaparición Forzada transfirió sus funciones

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El 18 de diciembre de 2015, la Procuraduría General de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/117/15, por el que se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (UIDPM).

La unidad no contó con presupuesto propio, los recursos que recibía provenían de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR; en sus operaciones iniciales, la unidad tenían adjudicados dos agentes del Ministerio Público, una persona con plaza administrativa, una persona contratada con honorarios y una persona como titular.

Tan solo 23 meses después, el 17 de noviembre de 2017, se inutilizó la unidad  quedando solo el membrete, ya que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

A la nueva unidad de Desaparición Forzada de Personas, se le encomendó la tarea de recibir de las Embajadas, Consulados y Agregadurías las denuncias o reportes de personas migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano, tareas que tenía a su cargo la UIDPM.

Debido a la mínima respuesta de la PGR a sus miembros, los intereses se modificaron provocando la salida de algunos, a pesar de alertar los problemas que se avecinaban e incluso enviar las conclusiones a las que llegaron  como equipo de trabajo.

En consecuencia, lo que se había logrado se olvidó y tuvo que iniciar de nuevo. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) respondió a diversas recomendaciones de organismos y organizaciones nacionales e internacionales, de Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), así como a diferentes Programas del gobierno federal en torno a las personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México.

A la semana de su funcionamiento se registró el primer asunto tramitado directamente ante la UIDPM. Se trataba del caso de un joven que fue lesionado por un disparo de arma de fuego en las vías del ferrocarril. A la víctima lo acompañaba personal Misión para Migrantes y Refugiados, Scalabrinianos (SMR), quienes le habían brindado atención médica; sin embargo, al ir a declarar, se empezó a sentir muy mal.

Ante esta situación de emergencia, con aquella primera integración referida, el personal de la UIDPM acudió al médico de guardia adscrito a la PGR en las instalaciones del edificio, encargado de brindar servicio médico al personal, quien se rehusó a asistirlo argumentando que el adolescente no era servidor público; ante esta situación, se buscó contar con la atención de algún médico de las farmacias cercanas, pero no se encontró a ninguno.

Frente a esto, se efectuaron llamadas a diferentes instituciones (las cuales serían torales para el funcionamiento de la UIDPM, ya que sin dinero y sin personal, sería muy difícil construir y brindar una atención a las personas migrantes y sus familias), logrando obtener finalmente el apoyo oportuno para la atención médica del joven.

La unidad reconoció la importancia de pensar y desarrollar un modelo de gestión y vinculación con diversas instituciones públicas, tanto locales como federales, organizaciones de la sociedad civil, organismos y organizaciones internacionales, centros de investigación y universidades, representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en nuestro país, con el propósito de construir redes de apoyo y colaboración.

Empezaron a gestionarse otras plazas para aumentar la mini plantilla de la UIDPM, lo que fue logrado gradualmente, pero ninguna de las personas que fueron adscritas estaban capacitadas en derechos humanos en general, ni en temas de movilidad humana en particular, por lo que buscar una capacitación integral fue una necesidad evidente y uno de los objetivos prioritarios para alcanzar el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas migrantes y su adecuada atención.

Una medida inicial para atender la necesidad de capacitación integral implicó la puesta en marcha de un seminario semanal de lecturas y reflexiones, en el que se abordaron temas relativos al fenómeno migratorio, la vulnerabilidad, el acceso a la justicia, la dignidad, la igualdad, los derechos humanos, el control de convencionalidad, así como el estudio de diversos documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Desde el 18 de diciembre de 2015 que fue publicado el Acuerdo A/117/15, a sus instalaciones llegaron 108 averiguaciones previas, de las cuales aún existen pendientes de judicializar diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos como extorsión, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y secuestro; sin embargo, la UIDPM puede comprometer el trabajo para los propios asuntos, debido a que es ahora tarea de la Unidad Especializada en delitos de Desaparición Forzada.

Dichas averiguaciones tenían personas extranjeras involucradas, ya sea en calidad de víctimas o presuntos responsables, además de dos masacres; la de San Fernando, Tamaulipas en el 2010, donde 72 personas migrantes fueron asesinadas, y la de Cadereyta, Nuevo León, en el 2012, donde 49 personas fueron asesinadas y mutiladas.

Como parte de la búsqueda de personas migrantes, la UIDPM acudió ante las embajadas de México en Centroamérica para levantar denuncias de familiares de 18 personas sobre quienes se desconoce su paradero.

Hasta ahora, los delitos contra migrantes que van con dirección a los Estados Unidos han quedado sin atención debido a que los familiares acuden a las embajadas centroamericanas y éstas se declaran incompetentes para atender lo ocurrido en México; las familias de las víctimas generalmente no pueden cubrir los gastos para viajar a nuestro país y presentarse ante el Ministerio Público, aun en casos como homicidios o secuestros.

En 2016, la titular de la PGR, Arely Gómez, acordó no aludir explícitamente a un origen de la migración, aunque  la medida puede considerarse excepcional justamente porque, a diferencia de otras recomendaciones internacionales, el gobierno mexicano optó por seguir al pie de la letra las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la crisis en torno a la migración procedente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Como una medida, la Fiscalía convirtió a las agregadurías de PGR en la puerta de entrada para que las familias y víctimas migrantes puedan acceder, desde el país donde se encuentren, a las instituciones del Estado mexicano encargadas de investigar los delitos que se cometan en territorio mexicano contra la población migrante.

El objetivo es que se pueda ejercer su derecho al esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, incluido también su derecho a la reparación de los daños causados por el delito sufrido, lo que incluye la compensación económica.

Pendientes: dos masacres

Desde el 18 de diciembre de 2015 que fue publicado el Acuerdo A/117/15, la UIDPM tuvo a su cargo 108 averiguaciones previas, de las cuales aún existen pendientes de judicializar diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos como extorsión, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y secuestro de migrantes.

Dichas averiguaciones tenían personas extranjeras involucradas, ya sea en calidad de víctimas o presuntos responsables, además de dos masacres; la de San Fernando, Tamaulipas en el 2010, donde 72 personas migrantes fueron asesinados y la de Cadereyta, Nuevo León en el 2012, donde 49 personas fueron asesinadas y mutiladas.

 

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