Una oportunidad perdida: La Ley Chayote

Rosa Gómez Tovar

En noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Nación la emisión de la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134. Esto es, establecer reglas claras respecto cómo la administración pública debe ejercer el gasto en comunicación social y para que la libertad de expresión de los medios no se vea afectada por la ausencia de criterios explícitos sobre ese tipo de gasto. Así, el 30 de abril fue la fecha límite que fijó la SCJN y hoy tenemos una Ley de Comunicación Social que ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso.

¿Qué regula esta Ley? en el segundo artículo nos dice “tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.” En el artículo 5 también señala que además de los criterios mencionados, se deberá respetar la libertad de expresión y el fomento de acceso a la información a la ciudadanía, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres, además de respetar la diversidad social y cultural del país. Hasta aquí todo suena muy bien, sin embargo, en el mismo artículo establece que la Secretaría Administradora deberá contemplar en los Lineamientos que emita, los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente, es decir, deja a la Secretaría de Gobernación, o la institución similar en caso de las entidades federativas, total discreción sobre qué medio de comunicación accederá a los recursos que se destinen para este fin. ¿No era exactamente esto lo que debería regular esta Ley?  No obstante, el Congreso dejó su facultad de emitir reglas en la Segob, incluso le dio la facultad de contar con un padrón de proveedores, teniendo aún mayor control sobre el gasto en medios del que existía previamente.

Si bien cada entidad gubernamental —desde el nivel de gobierno más pequeño hasta la administración federal— que disponga recursos para publicidad deberá contar con un programa de trabajo anual, por lo que no podrán aumentar una vez aprobado su plan, el monto de recursos a erogar y deberán entregar un informe mensual que será de carácter público con información de la partida de gasto afectada, la fecha de la erogación, costo, tarifa o cuota unitaria contratada, monto total erogado, así como el nombre de la persona física o moral contratada; esto únicamente facilita el acceso a la información para los ciudadanos, pero de ninguna forma corrige el problema más serio que se debió atacar: qué medios reciben las mayores cantidades de recursos y ni hablar de cómo el dinero que fluye de estas partidas genera presión sobre la información que pueden publicar los medios para hacer un análisis crítico del desempeño del gobierno en turno.

En ningún artículo se trata de regular los montos que podrá ejercer la administración gubernamental, es decir se podrán seguir gastando montos excesivos de recursos en pocos medios, simplemente deberán planearse con anterioridad. Por otra parte, no se establece ningún tipo de sanción al incumplimiento de las pocas nuevas reglas creadas.

El plazo se cumplió y la Ley se aprobó en tiempo, pero el objetivo, que era dar criterios claros y proteger la libertad de expresión, definitivamente no se ha cumplido. Algo que parecía un avance, resultó incluso un retroceso, al legalizar el statu quo de inequidad en este tipo de gasto público y con ello, la influencia del gobierno en el cuarto poder.

rosagomeztovar@outlook.com

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