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Gobierno y Poder Judicial español chocan por caso "La Manada"

La sentencia emitida el jueves generó indignación en los colectivos feministas, pero además la clase política cuestionó el trabajo de los tres jueces de la Audiencia Provincial de Navarra (norte de España) que instruyó el juicio a los acusados.

El gobierno español y el Poder Judicial expresaron hoy sus diferencias debido a la sentencia del caso de violación de una joven por parte de cinco hombres conocidos como “La Manada”, a los que se condenó por abuso sexual pero se absolvió de agresión sexual.

La sentencia emitida el jueves generó indignación en los colectivos feministas, pero además la clase política cuestionó el trabajo de los tres jueces de la Audiencia Provincial de Navarra (norte de España) que instruyó el juicio a los acusados.

Los jueces Francisco Cobo y Raquel Fernandino rebajaron las peticiones de la Fiscalía de dictar 18 años de prisión a los procesados, y optaron por sentenciarlos a nueve años de prisión y descartan el ejercicio de la violencia.

El tercer juez Ricardo González emitió un voto particular en el que pedía la absolución de los cinco acusados, al considerar que no hubo violación y consideró que en los videos la víctima no siente dolor sino excitación, algo que indignó a las asociaciones feministas en este país.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, declaró este lunes que ese juez “tiene un problema singular que todos saben”, y se dijo sorprendido de que el Consejo General del Poder Judicial no hubiera actuado para impedir que eso ocurra.

El CGPJ respondió con una nota informativa en la que asegura que el juez no ha sido sometido a expedientes disciplinarios en los últimos cuatro años, y llama a la responsabilidad política para tratar de hacer un uso político de la justicia.

La respuesta es el segundo comunicado de prensa que la judicatura española emite respecto de una misma sentencia en un lapso de cinco días, y lo hace en defensa de los jueces de este caso.

Además, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que hay en España emitieron este lunes un comunicado conjunto donde piden la renuncia de Catalá, que consideran “una intromisión” suya en las facultades del Poder Judicial por no gustarle la sentencia.

Fuentes del Poder Judicial informaron que desconocen si el juez González tiene un problema personal, y afirmaron que en el pasado fue apercibido por el retraso en emitir sentencias.

Los hechos de este caso se remontan a la noche del 6 al 7 de julio de 2016, al iniciarse las fiestas tradicionales de Pamplona, cuando los acusados se encontraron a la víctima a la que acompañarían a buscar a sus amigos, pero la metieron a un edificio de viviendas en la planta baja.

El caso se convirtió desde el inicio en uno de lo más mediáticos, por el rechazo que esos días mostraron los miles de participantes en las fiestas a lo ocurrido.

Dos de los acusados grabaron 96 segundos de los hechos en varios fragmentos, para enviarlo a amigos, y los magistrados se apoyan en eso para asegurar que no hubo resistencia de parte de la víctima.

ijsm

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