Anticorrupción 2018 ¿qué sigue?

Sergio González

Recientemente, en el marco de la Cumbre de las Américas en Lima, los mandatarios asistentes aprobaron el “Compromiso de Lima”, titulado “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, del que destacan diversos puntos.

Por ejemplo, impulsar la adopción y/o fortalecimiento de las medidas legislativas necesarias para tipificar penalmente los actos de corrupción; promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia evitando la intromisión dolosa del factor humano;  adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales; y proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias.

Del mismo modo, resalta la más amplia protección al trabajo de los periodistas y personas que investigan casos de corrupción; a los servidores públicos involucrados en hacer cumplir la ley, la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los actos de corrupción; implementar medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites gubernamentales y quizás, el más importante, es el que mandata consolidar la autonomía e independencia de los órganos de control superior, es decir, de las auditorías superiores.

 En el marco del combate global a la corrupción, el pacto de Lima promueve un ejercicio gubernamental más ordenado y vigilado y a su vez impulsan a las naciones a actualizar sus arquitecturas normativas de integridad pública. Sin embargo, en México habrá mucho más que implementar, no solo en la legislación, políticas y programas sino con una pedagogía social que contribuya a una más moderna educación cívica revestida de ética pública, pues de ese tipo de ciudadanía siempre requiere la patria.

Ahora que el discurso político de campaña esta permeado por el combate contra la corrupción, conviene estudiar las plataformas electorales de los partidos y candidatos y valorar su compromiso con la convicción de avanzar, pues el flagelo está inmerso en todo el entramado gubernamental y privado, en el sector de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública, como bien lo señaló recientemente la OCDE.

Esto es así porque el desencanto con el método democrático obedece en gran medida a la falta de resultados útiles, oportunos y suficientes y también a la manera en que la ciudadanía percibe a la alta gerencia política. Ferrajoli aduce con tino que uno de los factores de la crisis actual es esa creciente imbricación entre los poderes políticos y los fácticos privados, que se manifiestan en conflictos de intereses y en la más compleja relación de connivencia entre la política y el dinero.

A 15 años de nuestro primer instrumento jurídico internacional en la materia y a 21 de que México ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, el Estado mexicano (con el Sistema Nacional Anticorrupción) ha tenido que imponer controles interorgánicos e intraorgánicos con el propósito de prevenir y sancionar transgresiones a la norma y desestimular prácticas corruptas. Que Lima sirva para mejorar nuestra arquitectura de integridad pública no es deseo, es mandato.

 


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@El_Consultor_

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