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Juez de Guatemala le concede libertad bajo fianza al expresidente Álvaro Colom

Álvaro Colom, custodiado por oficiales tras salir de su juicio.

El juez guatemalteco Eduardo Cojulún le concedió ayer la libertad bajo fianza al expresidente Álvaro Colom, acusado en un caso de corrupción en el transporte público, por lo que quedaría libre si paga cerca de 135 mil dólares, informaron medios locales. El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal estableció la medida, a la que cabe recurso en los próximos tres días, a cambio de que el exmandatario pague 67 mil dólares por cada uno de los delitos por lo que fue procesado, fraude y peculado (malversación).

El magistrado también otorgó libertad bajo fianza de 13 mil 500 dólares a los exministros Óscar Velásquez (Economía) y Gerónimo Lancerio (Cultura y Deportes), procesados por fraude; mientras que al exsecretario de la presidencia, Gustavo Alejos, en prisión por otros casos, y al extitular de Interior Salvador Gándara les fue denegada esta misma solicitud.

IMPUGNACIÓN. Tras finalizar la diligencia judicial, en la que el expresidente pidió un cambio de delito que no se le concedió, Colom mostró cautela y recordó que faltan tres días para ver “que no haya impugnación” del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Yo soy inocente y tengo la paciencia y la tranquilidad del mundo, para esperar que el proceso avance”, reiteró, al agregar que no existe peligro de fuga por su parte, una opinión en la que también coincidió el juzgador al otorgar la medida sustitutiva.

Colom, y los otros dos exministros que quedaron en posibilidad de libertad, tienen prohibido salir del país y deben firmar cada ocho días en el libro de reporte.

IMPLICADOS. Por esta causa, conocida como Transurbano, están procesadas además de estas cinco personas otros siete exmiembros del gabinete de Colom, entre ellos el expresidente de Oxfam Internacional Juan Alberto Fuentes Knight.

Según la investigación, el gobierno en esa época (2008-2012) defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos conocido como Transurbano.

 

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