Nacional

Hay 24 mil concesiones mineras que ocupan el 14% del territorio nacional

Urge homologar marcos normativos para evitar explotación de yacimientos al margen de la ley agraria

La falta de homologación de las leyes ha ocasionado que se entreguen concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas (ANP), incluso en zonas núcleo de gran importancia para la biodiversidad.
En México actualmente hay unas 24 mil 500 concesiones mineras que ocupan el 14 por ciento del territorio nacional, muchas de ellas otorgadas en zonas naturales del país que, paradójicamente, están bajo algún esquema de protección, ya sea ANP a cualquier nivel de gobierno o zona de conservación privada, señaló Francisco Cravioto, Coordinador de Incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El marco jurídico de la Ley Minera, refirió Cravioto, no coincide en absoluto con el marco jurídico de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, “es más, ni se reconocen mutuamente”.
Debido a esto, para entregar una concesión minera solamente se tiene que revisar si en el espacio a explotar no hay otra concesión, asignación o reserva del sitio, “así que si hay una área natural protegida o una zona arqueológica, lo que sea, eso no entra en consideración”, lamentó el conservacionista.
Por ello “urge en México una homologación de los marcos normativos para que no pueda existir una ley minera o una ley de hidrocarburos que operen al margen de la ley agraria, o de la ley general de equilibrio ecológico u otros marcos normativos que también deberían involucrarse en determinar cómo se regulan estos sectores”, expresó Cravioto.
De acuerdo con el estudio denominado Territorios Forestales Comunitarios Amenazados por la Minería en México, realizado por el CCMSS, en México hay 12.6 millones de hectáreas con aprovechamiento forestal, de las que tres millones, es decir un 23 por ciento, se empalman con concesiones mineras.
Además, de los once mil 843 núcleos agrarios forestales que tiene el país, cuatro mil 997 (42 por ciento) tienen una parte de su territorio concesionado, situación que afecta a ocho millones de hectáreas de los bosques y selvas de propiedad social.
Hay entidades del país en las que más del 50 por ciento de los bosques de propiedad social están concesionados a la minería.
Los estados con mayor superficie forestal concesionada son Jalisco, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, alcanzando en conjunto 8.4 millones de hectáreas.
El estudio menciona que las concesiones mineras se traslapan con tierras de aprovechamiento forestal, con áreas naturales protegidas e incluso con bosques certificados por su buen manejo por el Consejo de Administración Forestal (en inglés: Forest Stewardship Council,  FSC).
A decir de Lorenzo Rosenzweig, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), en México, país históricamente minero, la extracción como actividad económica, tiene prioridad sobre otras actividades.
“Eso nos ha llevado a tener concesiones traslapadas, inclusive en zonas núcleo de áreas naturales protegidas, lo cual es un absurdo porque no podemos hacer conservación y hacer minería al mismo tiempo”, expresó.
Derivado del traslape y falta de homologación legal, ha sido la clausura de algunas minas que podrán tener la concesión, pero carecen del permiso medioambiental para explotar determinada zona.
Un par de ejemplos son las clausuras que llevó a cabo la Procuraduría Federal e Protección al Ambiente (Profepa), una el 2 de mayo del año pasado de una mina a cielo abierto que operaba en el Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, en el municipio de Victoria, Guanajuato.
La mina funcionaba sin contar con la autorización de Impacto Ambiental para extracción de marmolita, para lo cual la empresa utilizaba explosivos.
Otra es la efectuada en enero de este año, de una mina de tepojal (material pétreo) en el ANP Nevado de Toluca, en Calimaya, Estado de México, que también carecía de autorización de impacto ambiental emitido por la Semarnat.
Aunado a esta situación, está la falta de consulta a las comunidades indígenas o equiparables, para llevar a cabo los megaproyectos.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) advierte que en las regiones forestales los derechos de las comunidades son violentados, ya que los proyectos mineros avanzan omitiendo la consulta a las comunidades para que den su consentimiento libre, previo e informado sobre los mismos, lo que ha generado confrontaciones.
Tal es el caso de la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp por una mina que afecta un sitio sagrado de su territorio, o el caso de la disputa entre las comunidades de la Sierra Norte de Puebla y la minera Almaden Minerals.
Cravioto destacó que “los guardianes de la biodiversidad en México son principalmente la comunidades indígenas y las comunidades equiparables, y por tanto el derecho a la consulta es fundamental; se tiene que realizar la consulta, como está plasmado en el convenio 169  de la OIT”.
El pasado 5 de abril, la Secretaría de Energía informó el avance en las consultas a comunidades.
Indicó que durante el periodo 2014– 2017 se realizaron 14 consultas, de las cuales cinco continúan, abarcando un total de 83 comunidades, pertenecientes a once estados; de las nueve consultas concluidas, en ocho se obtuvo el consentimiento.
Los proyectos a consulta son: Proyecto de Generación de Energía Eólica en Juchitán, Oaxaca (consulta a la comunidad indígena de Juchitán); Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (consulta a comunidades nahuas y totonacas).
Proyecto Gasoducto Sonora Seguimiento Guaymas–El Oro (consulta a la tribu Yaqui); Proyecto Gasoducto El Encino Topolobampo (consulta a comunidades raramuri); Proyecto Gasoducto Tuxpan–Tula.
Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces; Proyecto Parque Solar Ticul A y Ticul B (consulta a comunidades mayas); Proyecto Parque Eólico Tizimín (consulta a comunidades mayas); Proyecto Eólico La Bufa; Proyecto Hidroeléctrico Chacala; Proyecto Parque de Energía Solar Fotovoltaica y el Proyecto Parque Yucatán Solar.

 

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