Política y organismos autónomos - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Sábado 05 de Mayo, 2018
Política y organismos autónomos | La Crónica de Hoy

Política y organismos autónomos

Javier Santiago Castillo

La crispación y la marea noticiosa de la contienda electoral ha dejado un lugar marginal a la discusión de otros temas relevantes para la vida pública. Es así como la designación de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales transitó en un segundo plano informativo, por no decir marginal.

Ese proceso de designación lleva, necesariamente, a tener una reflexión de mayor calado, que trascienda el anecdotario y los juicios morales de las conductas personales de la coyuntura específica.

Es del todo conveniente revisar someramente el origen de los organismos autónomos. Su origen se encuentra en Estados Unidos en el ámbito económico; en 1887 fue creada la Interstate Commerce Commission, cuya función era regular las tarifas de los ferrocarriles. Por otro lado, se encuentra el primer antecedente en la Constitución de Weimar (1919) y, posteriormente en la Constitución austriaca (1920) que estableció la Alta Corte Constitucional como un tribunal especializado e independiente, que tenía por función específica el control constitucional de las leyes y la defensa de la Constitución.

Lo relevante desde el origen de estos organismos es que nacen como instrumentos para cubrir deficiencias administrativas, de contrapeso o control de los poderes clásicos del Estado.

En el recuento realizado por Ackerman en 2008, se mencionan 10 grandes temáticas de los organismos autónomos a nivel mundial, distribuidos en 21 países, con 203 instituciones: 1. Fiscalización, 2. Electoral, 3. Ombudsman, 4. Tribunal Constitucional, 5. Procuradores y fiscalías, 6. Servicio Civil, 7. Banco Central, 8. Consejos de la judicatura, 9. Regulación de medios de comunicación, 10. Combate a la corrupción. Curiosamente no se mencionan organismos autónomos de transparencia. Tal vez, porque el criterio es que hubiera en el país más de cuatro de esos organismos.

Para esa fecha, a México sólo se le acreditaban cinco organismos, en el presente ese número ha sido rebasado. A nivel federal tenemos entre los más significativos,  a la UNAM y a la UAM, el Banco de México (BANXICO); el Instituto Nacional Electoral ­(antes IFE); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFETEL) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación, etc.

En el caso de nuestro país la mayoría de los organismos autónomos son resultado del proceso de cambio político. Nacen a partir de la década de los años noventa con el fin de proporcionar legitimidad a un Sistema Político desgastado y necesitado de encontrar puntos de apoyo para conseguir credibilidad en la instrumentación de un modelo económico de libre mercado.

Ante el descrédito social de los poderes del Estado clásicos, paulatinamente se ha ido creando un andamiaje de instituciones con el fin de proporcionar confianza a la población. El costo de la confianza ha llevado a mermar las atribuciones de esos poderes, de manera ­particular del Poder Ejecutivo.

Estos organismos inicialmente cumplieron con eficacia su función sistémica: otorgaron confianza. Eso se debió a dos factores: el diseño organizacional buscó que tuvieran un desempeño profesional; y a los criterios, no escritos, para definir a los integrantes de sus órganos de dirección: trayectorias profesionales y políticas sólidas e independencia de criterio.

Los organismos que tienen una mayor visibilidad pública dada su función política en la integración de los ­poderes públicos y en la vigilancia de la acción gubernamental, como son el INE y el INAI, han sufrido un deterioro constante en su credibilidad social. Así lo muestran las encuestas de los últimos años.

Tal deterioro tiene diversas causas, pero son relevantes los requisitos, los procedimientos y los criterios políticos de elegibilidad de los integrantes de sus máximos órganos de dirección.

Para revisar esos tres aspectos tiene particular relevancia tener presente que las funciones de esos organismos son las de ser contrapeso de los poderes, que garantizan derechos ciudadanos ante las autoridades y de control político, que tienen sustento constitucional. La función de estas instituciones autónomas del Estado es el de llegar a ser incómodos al poder. Con el decurso del tiempo ese papel se ha ido degradando.

Lo esencial que se ha perdido de vista: son altos cargos del Estado, con elevadas responsabilidades políticas que requieren conocimiento, experiencia profesional, administrativa y política (en sentido amplio). Los requisitos para ocupar esas responsabilidades, sólo son de carácter formal. Los procedimientos son implementados apresuradamente y con escasa transparencia.

Tal vez lo más delicado sea la de los criterios políticos; en el pasado, la necesidad de la legitimidad obligaba a buscar perfiles de personas que tuvieran un reconocimiento, al menos en los sectores donde se desenvolvían profesionalmente. Hoy los partidos buscan, con mayor énfasis, quien les proporcione seguridades políticas. En consecuencia, los perfiles de quienes ocupan esos cargos son, cada vez más, de técnicos, algunos muy competentes, pero les tiemblan las corvas cuando imaginan —porque ni siquiera lo ven—, “el petate del muerto”.

Los elementos mencionados: requisitos, procedimientos y criterios políticos están del todo desfasados. Lo cual está llevando a las instituciones a no cumplir con eficacia su función sistémica. Los requisitos deben establecer con claridad los años de experiencia profesional y con tránsito en espacios de decisión colegiados. Los procedimientos deben estar en la ley, con ­tiempos claramente establecidos. También debe revisarse la presencia de los llamados comités de acompañamiento, porque deberían estar integrados por personalidades que tengan experiencia institucional y un prestigio de independencia.

Lo más difícil es sin duda cambiar los criterios políticos de los órganos que eligen. Por principio hay ­quienes cuestionan que sean las cámaras del Congreso las que elijan, pero está ausente una propuesta alternativa funcional.

A los partidos debe preocuparles más recuperar la legitimidad sistémica, de otra manera se continuará abonando el camino de la inestabilidad política. Eso no le hace bien a nadie y el más dañado puede ser el país. ­Vivimos momentos en que hay que asumir responsabilidades,  no esquivarlas.

 


Consejero Electoral del INE/ Profesor UAM-I
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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