Nacional

Magistrado paga de contado 17.8 mdp por casa que pone a nombre de sus hijos menores

El “enriquecimiento inexplicable” ha motivado, en buena medida, que la agenda nacional incluya a la corrupción desde cargos públicos como una prioridad. Crónica presentará revisiones a casos en los que el despliegue de poder económico se hace patente y se enlaza a otros elementos que cuestionan la conducta del implicado

El magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, presidente del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, posee una casa en Paseos del Pedregal con valor de 17.8 millones de pesos equivalentes al total de sus ingresos de los últimos 6 años, la cual pagó de contado. 

La propiedad, sin embargo, no está legalmente a su nombre gracias a un artilugio legal: Camero Ocampo hizo que sus dos hijos menores de edad se convirtieran en los compradores oficiales de la residencia en el Pedregal, aunque atribuyó para sí los derechos de uso, según los datos de compraventa a los que tuvo acceso Crónica.

La residencia está sobre un terreno que mide mil 066 metros cuadrados (535 construidos), tiene cancha de tenis y espacio para estacionar 10 automóviles. La inmobiliaria que vendía la propiedad desde 2013 marcó como excelente el estado de conservación de este inmueble construido en la primera década del presente siglo y fue adquirida por Camero Ocampo el 8 de junio de 2015.

Según datos recabados por este diario, el magistrado Camero Ocampo cuenta con un sueldo anual neto de aproximadamente 2.8 millones de pesos desde 2011 (ya descontado el Impuesto Sobre la Renta).

Su único empleador es el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, vive de ser magistrado y a partir de lo que haya ahorrado habría pagado los 17 millones de pesos (oficialmente lo hicieron sus hijos) con tres cheques que corresponden a una misma cuenta bancaria.

Un cuarto documento financiero usado para pagar 5.5 millones de pesos fue un cheque de caja, es decir, un documento certificado que o bien pudo ser fondeado con una cuenta previamente existente en el banco involucrado o bien fue adquirido depositando directamente en caja la cantidad señalada.

Aparentemente y de conformidad a la documentación en poder de Crónica, no habría un crédito hipotecario de por medio en esta transacción.

El registro de sus hijos como propietarios de la residencia en el Pedregal permitiría a Camero aducir que su única propiedad legal es una casa, mucho más modesta, en calzada de las Águilas, en la delegación Álvaro Obregón, con valor de 3 millones de pesos y a la que accedió vía un crédito hipotecario con Banorte.

El magistrado no forzosamente debería reportar como propia la residencia del Pedregal, sin embargo, estaría obligado a declarar la posesión de facto y el origen de esta residencia toda vez que la ley establece mayor regulación para los integrantes de alto nivel de alguno de los poderes federales. Por ejemplo, la norma destinada a sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita en este tipo de transacciones establece: “Las penas previstas se duplicarán si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos”.

Camero es un prominente miembro del Poder Judicial, uno de los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Tiene una fuerte presencia en el centro del país, fue candidato a integrarse al Tribunal Electoral justo previo al inicio del proceso electoral 2017-2018, el más grande de la historia del país, y desde hace 10 años un candidato a integrarse al Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que debe vigilar el buen funcionamiento y disciplina en el Poder Judicial.

HIJOS PROPIETARIOS, PADRE USUFRuCTUARIO. La propiedad de la residencia en la calle Camino a Santa Teresa, en Paseos del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, está registrada a través del Folio Real 9197066, fue “adquirida” por los menores mediante diferentes movimientos bancarios… pero sólo tienen derecho a ésta en calidad de nuda, es decir, no pueden aprovecharla ni decidir sobre ella, pues el mismo documento especifica que quien la va a usufructuar de por vida es el padre.

Todo esto quedó asentado ante la Notaría Pública 121 de la capital del país.

De los “propietarios” menores de edad, el varón  es el centro de un escándalo pues se le acusa de agresiones sexuales graves a compañeros de escuela y que desataron señalamientos contra el magistrado Camero por tráfico de influencias.

El hijo del magistrado Camero, hoy copropietario del domicilio en el Pedregal, es blanco de denuncias públicas en redes sociales. Se le señala como bulleador y como agresor sexual en su escuela. Se le ha apodado #PorkyCamero y sus acusadores indican abiertamente que el magistrado ha buscado ocultar las acciones indebidas de su hijo.

Los padres de Camero Jr. han recurrido a medios públicos y vías legales para aducir que su hijo fue acusado injustamente, que en realidad se trata de un caso de discriminación contra un joven que padece un síndrome de déficit de atención.

En las redes denominadas Denuncia el Acoso y el Bullying, los detractores del magistrado publicaron los rechazos de diversas instituciones a considerar que Camero Jr. estaba sufriendo menoscabo de sus derechos humanos.

“Es conocido que el magistrado y su exesposa mantienen un estilo de vida que no corresponde a su salario”, señalan en el video que sigue disponible en redes sociales y en las declaraciones de padres de familia del cole cuyo rostro aparece vedado bajo el argumento de tener miedo a represalias, se alude abiertamente

El caso llegó a prácticamente todos los medios de comunicación impresos de la Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura, como ocurrió en el caso de la venta de exámenes, ha optado por el mutismo.

¿PESQUISAS? Como se mencionó, Camero es el presidente del Colegio Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la asociación civil que agrupa tanto a magistrados de circuito (como el propio Camero Ocampo) y también a jueces, los de distrito, que se han colocado en el ojo del huracán desde hace unos meses.

Como se recordará –y como Crónica ha documentado a través de trabajos del reportero de investigación Daniel Blancas–, los jueces de distrito son designados mediante exámenes y procesos de ascenso en un servicio profesional de carrera judicial. El último proceso se suspendió al descubrirse que los reactivos del examen habían llegado, presuntamente vendidos, a quienes deseaban convertirse en jueces.

Entre los testimonios recabados por Crónica al indagar la corrupción en los juzgados de distrito y la designación de los juzgadores en esas unidades territoriales, se detectó que los secretarios de estudio y cuenta de los ministros de la Corte también superan las percepciones mensuales de un juez de distrito.

–¿Por qué buscar una plaza en la cual se obtendrán menos remuneraciones nominales? ¿Por qué se está dispuesto a pagar miles de pesos por el examen para esa plaza? –le preguntó el reportero Daniel Blancas a un exjuez que estuvo dispuesto a hablar sobre la venta de exámenes.

–El puesto de juez abre la posibilidad de obtener mucho dinero, vía corruptelas, además de beneficio para familiares o amigos y posiciones sociales —afirmó el exjuez Jorge Octavio Velázquez.

“¿Cuánto les puede representar un caso o una sentencia relacionada con narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas? Los favores se pagan en dólares, ellos saben que vender la justicia los hará millonarios…”, concluye el exjuez.

 

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