Medio ambiente y desarrollo económico, en la Suprema Corte - Sergio González | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Miércoles 09 de Mayo, 2018
Medio ambiente y desarrollo económico, en la Suprema Corte | La Crónica de Hoy

Medio ambiente y desarrollo económico, en la Suprema Corte

Sergio González

En 1987, Gro Harlem Brundtland, exprimer ministra de Noruega, impulsó la emisión de un informe para que la ONU analizara políticas de desarrollo globalizador, reconociendo que el actual económico se llevaba a un alto costo medioambiental.

El documento, denominado como Informe ­Brundtland, impulsó su protocolización en la Conferencia Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992) influyendo para que países miembros lo adoptaran cambiando las estructuras institucionales bajo el desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones.

Propició la adopción de la tutela del Estado Mexicano del derecho humano a un medio ambiente sano bajo el esquema de desarrollo y la reparación del daño ambiental, en las reformas al artículo 4 de la Constitución (1999 y 2012).

El alcance real de aquella tutela se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, pues el pasado 11 de abril hizo efectiva su facultad de atracción para conocer respecto del amparo en revisión contra de la sentencia de un Juez de Distrito de Sonora, para determinar si lo pactado en el fideicomiso “Río Sonora”, celebrado entre particulares y autoridades federales en su operación, puede considerarse un acto de autoridad para el juicio de amparo, tomando en cuenta la finalidad, esto es, para reparar violaciones a derechos humanos de salud y medioambientales.

El Fideicomiso fue suscrito para la reparación del daño por el más grande desastre ecológico en el país causado por la industria minera el 6 de agosto de 2014, afectando ocho municipios sonorenses, en lo ambiental, servicios de agua y actividad agrícola-económica de la región, por el derrame de un compuesto de cobre altamente dañino.

Aquel fue constituido por una cantidad inicial de 2,000 millones de pesos para atender tres rubros de remediación, reparación y/o compensación de daños en: 1) las fuentes de abastecimiento de agua potable; 2) la infraestructura de distribución; y 3) la indemnización a productores agropecuarios y habitantes en general. Lo que aparentemente no aconteció de manera tangible, lo que generó un descontento social y por ende las acciones legales.

El eje toral se focaliza en la petición de revestir de obligaciones de transparencia pública a la operación del multicitado fideicomiso, en virtud de que en su Comité Técnico, tiene al Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Semarnat como representante del gobierno federal y su objeto es público al destinarse a la remediación de los daños al medio ambiente, la salud y la economía de la población aledaña.

Este ejercicio de protección de derechos humanos y su interpretación recae sobre nuestro Máximo Tribunal y no es menor en su resultado para el futuro de la protección al ambiente, en función que del mismo innovará en la concurrencia del derecho a la transparencia en fideicomisos privados con objetos públicos, obligando a la publicidad de su operación y resultados, que en el caso particular podría derivar en su reapertura para dar cuentas y obligarlo a cumplir a cabalidad en beneficio de los habitantes de aquella región de Sonora.

gsergioj@gmail.com

@ElConsultor2

Imprimir

Comentarios