Crimen organizado en la Ciudad de México

René Arce

(Primera de dos partes)

Por los años 90 tuve la oportunidad de ser presidente vecinal de una colonia en la delegación Iztapalapa. Posteriormente, secretario de Vecinos de esa misma demarcación, donde viven alrededor de dos millones de habitantes. Desde esa época escuché los reclamos generalizados de mis vecinos sobre la venta de diversas drogas ilegales (mariguana, cocaína, solventes, etc.) alrededor de los planteles escolares, en parques y diversos sitios de las colonias.

En 1994 fui electo diputado federal, cargo que me permitió conocer experiencias de otros países como Italia y Colombia, donde operaban cárteles y mafias que distribuían drogas entre la población y generaban violencia contra sus competidores e instalaciones de seguridad y justicia. También sobornaban a dirigentes de diferentes instituciones de carácter empresarial, religioso, medios de comunicación y por supuesto, a funcionarios de gobiernos de diferentes niveles, particularmente a los encargados de brindar seguridad y justicia, contando con la complicidad de buena parte de la clase política de todos los partidos con representación nacional o local.

En esos años, escuchar noticias provenientes de Medellín, Bogotá y Cali, en el país colombiano; o de Sicilia, Palermo o Nápoles en Italia era casi siempre en lo referente a la violencia que se desarrollaba en esas ciudades de América y Europa, que venían desde los años 70.

Profundizando más en la información, también podía saberse de los heroicos esfuerzos que varios de los alcaldes de esos territorios desarrollaban junto con sus habitantes, tratando de terminar con la penetración que esas bandas asesinas tenían con sus grupos de sicarios, así como con la influencia que habían ido ganando entre la sociedad, ante la incompetencia y complicidad de autoridades anteriores que habían “rendido la plaza” ya sea por omisión o comisión.

Leo Luca Orlando, alcalde de Palermo en la región siciliana, enfrentó a la Mafia, una de las más antiguas del mundo, con un programa al que se le denominó “cultura de la legalidad”, donde se involucró a la mayoría de la sociedad palermita, recuperando la confianza de los gobernados en las instituciones, aunque el costo fue importante, al sacrificar la vida de jueces, policías, sacerdotes, empresarios y políticos, entre otros; hoy Palermo es un ejemplo de que se puede recuperar el tejido social, la seguridad y tranquilidad respetando el estado de derecho cuando hay gobierno que elige la cultura e inteligencia para enfrentar al crimen organizado, no tan solo enfrentando la violencia con violencia.

Medellín, provincia de Colombia, es otro caso donde el cártel de Pablo Escobar Gaviria azotó con inaudita violencia a esa alcaldía, llegando a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde por cada cien mil habitantes había 381 asesinados cada mes, es decir más de diez asesinatos diarios.

Los programas anticrimen se denominaron en el caso de Palermo “Cultura de la legalidad”, y en Medellín “Regreso a la legalidad”.

Para mediados de los años 90 y principios del nuevo milenio, tanto Palermo como Medellín habían superado de manera muy importante el enfrentamiento con el cártel de Pablo Escobar Gaviria y la mafia siciliana. En Medellín de diez asesinatos diarios ya sólo se ejecutaba uno; en Palermo, habían sido detenidos y juzgados la mayoría de los grandes capos de la mafia y líderes políticos, religiosos, empresariales etc. que habían entrado en complicidad.

Si varios de los alcaldes anteriores, hubieran reconocido y enfrentado el problema del crimen organizado a tiempo, mucha sangre derramada se hubiera evitado; sobre todo, miles de jóvenes no hubieran terminado como sicarios de los grupos criminales, y miles más, no hubieran muerto como producto de los asesinatos.

Dice un dicho y dice bien “que la mitad del camino para resolver un problema consiste en reconocerlo”. En la Ciudad de México, desde hace décadas, operan grupos criminales que trafican con drogas, secuestran, roban autos, casas habitación, etc., y las autoridades, tanto federales como locales, lo han negado. De ello hablaremos en el próximo artículo.

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