Modificando las reglas

Rosa Gómez Tovar

El año pasado comenzó un intenso debate público sobre los recursos que los partidos políticos reciben para llevar a cabo sus actividades. Un ejemplo de ello fue la iniciativa Sin voto no hay dinero  del entonces diputado local Pedro Kumamoto. Su movimiento logró a través de una iniciativa del congreso del Estado reducir la prerrogativa que recibirán los partidos en el estado de Jalisco, al modificar la fórmula aprobada en su Constitución.
Así también, después del sismo del 19 de septiembre, la ciudadanía exigió colaboración por parte de los institutos políticos y en respuesta a esto, algunos partidos devolvieron sus prerrogativas para enfrentar la situación de la población damnificada por el movimiento telúrico.
Al parecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también se ha sumado en esta campaña en contra del modelo de financiamiento de la política establecido en la Constitución al ordenar al INE que formulara lineamientos para concretar la devolución de los recursos no gastados por los partidos políticos año con año, los cuales fueron votados por el Consejo General del Instituto el pasado viernes.
La sentencia SUP RAP 758/2017 tiene como antecedente la impugnación del partido Morena al dictamen sobre ingresos y gastos del ejercicio ordinario 2016, ya que el INE no se pronunció respecto a los remanentes que se podrían haber generado después de considerar los gastos devengados (aquellos realmente entregados).
En su análisis, el Tribunal consideró que los partidos políticos, no pueden distinguirse de otros entes de la administración pública, que se ajustan a los parámetros y reglas de presupuestación fijados en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria por lo que al concluir un ejercicio fiscal sólo procederá hacer pagos por conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, cuando estén debidamente contabilizados y hayan estado contemplados en el Presupuesto de Egresos.
Por lo tanto, se concluye que existe la obligación para cualquier ente jurídico, que reciba y maneje recursos provenientes del erario, de ejercer estos últimos dentro del año calendario en que les fueron asignados y entregados.
Este análisis, sin embargo, no considera que el modelo de financiamiento de la política no incluye la formulación de presupuestos, a diferencia de la administración gubernamental en la que para otorgar recursos se deben definir políticas y programas y en función del alcance deseado y la disponibilidad presupuestal, se otorgan recursos desde la cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos; la Constitución estableció un monto de financiamiento igual al 65% de la Unidad de Medida y Actualización por el número de personas en el padrón electoral. Es decir, el monto de recursos es un derecho otorgado y que no está sujeto a un presupuesto. Esto no implica que los partidos puedan gastarlo de forma discrecional, pues sus gastos son auditados por el INE y la fiscalización también incluye parámetros de racionalidad como los análisis de sub y sobrevaluación, además que se revisa que  los gastos cumplan con la función de contribuir al desarrollo democrático del país.
Tal vez sea una decisión popular, todo sabemos que una gran parte de la población no está de acuerdo con la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, sin embargo, la misma está definida desde nuestra Constitución, norma fundamental que rige jurídicamente al país y de forma indirecta se está modificando el régimen de financiamiento, al margen de lo que los legisladores aprobaron en el Congreso de la Unión. Si se busca reducir el financiamiento a los partidos, se deberá  debatir de forma responsable tal fórmula y modificarla a través de una reforma constitucional, no desde una sentencia.

 


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