Mundo

Crece presión política contra Rajoy por sentencia de caso de corrupción

La oposición política en España aumentó hoy su presión contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien deberá enfrentar una moción de censura o convocar a elecciones, tras abrirse una crisis por la sentencia del “caso Gürtel”.

El fallo de la Audiencia Nacional afecta al oficial Partido Popular (PP), a políticos y empresarios vinculados a esa formación política por casos de corrupción, y  es la causa de que las fuerzas opositoras abrieran la crisis contra el gobierno de Rajoy, quien no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados.

Mientras el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registró una moción de censura contra Rajoy, la centroderecha Ciudadanos pidió al presidente convocar elecciones o de lo contrario respaldará la iniciativa de los socialistas para generar un cambio en el gobierno.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expuso en rueda de prensa este viernes que su formación considera que la sentencia muestra “que la corrupción ha liquidado esta legislatura, la asfixiado y no puede seguir con un gobierno débil e inútil”.

Ciudadanos, cuarta fuerza en el Congreso, es socio parlamentario del PP,  ya que firmó un acuerdo para apoyar a Rajoy ante su situación de minoría, pero la sentencia del caso “Gürtel” abrió un cambio de posición.

“Queremos pedirle a Rajoy que convoque elecciones, y si se niega o permanece en su parálisis habitual estaremos dispuestos a impulsar y apoyar la moción de censura instrumental para que se convoquen esas elecciones”, dijo.

El comité ejecutivo de Ciudadanos se reunirá el lunes próximo para acabar de definir su posición que se basa en esa exigencia.

Con este pronunciamiento crece el cuestionamiento a la permanencia de Rajoy en el gobierno, ya que las tres principales formaciones opositoras quieren un movimiento que cambie la actual situación.

La moción de censura de los socialistas cuenta con sus 84 diputados, el apoyo de la coalición Unidos Podemos que tiene 67 diputados, mientras Ciudadanos tiene 32 escaños, lo que suma una mayoría sobre los 134 del PP.

El resto de formaciones nacionalistas y separatistas (catalanes y vascos) define su apoyo en función de condicionantes que quieren negociar con los socialistas.

La medida requiere de los 176 votos de la mayoría absoluta (la mitad más uno de la cámara) para ser aprobada, y  si el PSOE no logra esa cifra de votos, Rajoy se mantendría en el cargo.

Como parte del procedimiento parlamentario, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su calidad de proponente de la moción debe presentarse como candidato alternativo a Rajoy a la Presidencia del Gobierno español.

En caso de prosperar la moción, habría un cambio de presidente en favor de Sánchez, quien podría encabezar un gobierno apoyado por otras formaciones políticas que respalden la salida de Rajoy.

Sánchez ofreció una rueda de prensa, tras la reunión de la ejecutiva socialista en la que aseguró que con esta moción quiere sacar a Rajoy del gobierno, “recuperar la dignidad y garantizar la gobernabilidad”.

Recalcó que llama a los 350 diputados a pensar en la necesaria regeneración democrática, recuperar la normalidad institucional, atender las necesidades de los ciudadanos mediante una agenda social, y luego convocar a elecciones.

Tras presentarse la moción, será la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, muy cercana a Rajoy, quien programe una fecha para debate y votación de esta medida.

El fallo de los jueces emitido el jueves generó la respuesta política sobre al menos dos aspectos de su contenido: la condena al PP a pagar una multa de responsabilidad civil de 245 mil euros, por beneficiarse de la trama de corrupción.

El segundo factor es que los jueces cuestionan es la credibilidad de Rajoy (que testificó en el juicio en julio de 2017), y otros testigos del caso por considerar que su versión carece de verosimilitud ante lo evidente que era la contabilidad secreta del PP como parte de la trama de corrupción.

Mientras, portavoces del PP aseguran que se trata de hechos del pasado (de 1999 a 2005), que no afectan la actividad actual del gobierno, y que van a impugnar la responsabilidad civil, la oposición le cuestiona su actitud de negar su papel en esa trama de corrupción.

Imprimir