Política de la moral conservadora

Isidro H. Cisneros

El proceso electoral es un reflejo de la enorme distancia existente entre el mundo de la política y el ámbito de lo social. Permite observar el dramático divorcio que se ha desarrollado entre las diferentes opciones políticas y las necesidades concretas de los ciudadanos. Las evasivas de los candidatos para definir posturas claras respecto al alcance de los derechos humanos en nuestro país, encuentran su réplica en todos los niveles: desde quienes aspiran a la Presidencia hasta los que buscan alguno de los más de tres mil cargos en disputa, rehúyen enfrentar este tema, justamente en un momento como el actual, donde se observan graves incrementos en las violaciones a los derechos humanos. Electoralmente, se ha impuesto la agenda más restrictiva y con ella las ideas matrices de la moral conservadora. La indefinición en temas que son fundamentales en las sociedades de nuestro tiempo, como aborto, eutanasia, legalización de la mariguana y matrimonio igualitario, así lo demuestra.

El aborto no se reduce a un tema de salud pública, sino que implica una concepción del orden social; la eutanasia apela a la soberanía del individuo respecto a sí mismo, la legalización de la mariguana alcanza a los derechos civiles, mientras que el matrimonio igualitario permite crear una familia e implica un reconocimiento de la igualdad. Las libertades, derechos y titularidades jurídicas que involucran estas temáticas resultan ejemplos paradigmáticos del afán autoritario existente por el control de vidas ajenas. Las propuestas de campaña definen la calidad del sistema democrático y la posición que se adopta permite determinar si un candidato, un partido o una posición ideológica se orientan hacia el progresismo o, contrariamente, al conservadurismo.

Sin importar el candidato, en las agendas electorales prevalece un enfoque paternalista que vulnera las libertades individuales básicas, y dentro de éstas, la más importante, la libertad para elegir. Se piensa que las personas son libres para decidir su proyecto de vida de acuerdo con los valores que profesan; sin embargo, esta perspectiva delega en el Estado la responsabilidad de establecer cuál es la elección correcta. Tal visión desconfía de la capacidad de las personas para autogobernarse. Los paternalistas, que también son conservadores y autoritarios, siempre racionalizan su afán de control y apelan a la tradición, al bien común, a grandes riesgos o a debacles sociales. Invocan la moral, la ciencia o la familia para prohibir a terceros prácticas que estiman nocivas aunque los grupos sociales las valoren positivamente. Se ignora que los afectados reclaman por un derecho aplicable a ellos en bien de sí mismos.

Las sociedades modernas son plurales, y en correspondencia, el pluralismo de los valores como ética pública supone que los ciudadanos pueden determinar autónomamente qué doctrina metafísica, filosófica, religiosa o política los interpreta. Se asume que no hay un sistema particular que funcione como credo universal. En un conjunto de concepciones morales la imposición de una en particular resulta lesiva para quienes no la comparten. Dentro de treinta y tres días concurriremos a las urnas, por lo que candidatos y partidos deben ponerse en sintonía con la sociedad. La indefinición político-electoral sobre estos temas resulta contraproducente, puesto que los ciudadanos consideran que los derechos no se consultan, simplemente se ejercen.

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