El México que encontrarán los nuevos gobernantes y lo que se espera de ellos

Maria Elena Álvarez de Vicencio

Hace treinta años, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se preguntaba: “¿Cuánta pobreza y cuánta desigualdad podrán soportar las nacientes o renovadas democracias latinoamericanas”. Esta pregunta es pertinente ahora, porque con el avance democrático que se logró en México en el año 2000, no sucedió que paralelamente se generaran políticas efectivas dirigidas a disminuir la pobreza y la desigualdad ni a fomentar una cohesión social que sigue siendo precaria en algunas zonas.

Nuestra adquirida democracia también ha producido en los jóvenes un desafecto o distancia crítica, en relación a las instituciones y a las normas de una política pluralista, que no les ha dado respuesta a sus reclamos para salir del estancamiento económico. Son muchos los jóvenes que no alcanzaron lugar en los centros de educación superior y muchos egresados que tampoco encuentran empleos formales suficientes. Es muy numeroso el grupo de jóvenes que no han satisfecho su expectativa de vivir mejor que sus padres. Este marco de desigualdad ha generado frustración, desaliento y malestar; si bien la economía del país ha crecido, sus frutos no se han repartido de manera equitativa.

Al mismo tiempo la corrupción y la impunidad están erosionando gravemente la economía y la confianza en las instituciones públicas y en algunas privadas. Si la corrupción siempre ha existido, hoy ese fenómeno tiene mayor cuantía, mayor visibilidad y además, una menor tolerancia social. Junto con la democracia, creció la corrupción, la delincuencia y la violencia. No se puede afirmar que la democracia haya producido esos efectos, pero es necesario analizar nuestra realidad y sus causas, así como las soluciones que se requieran.

Los gobernantes que próximamente serán votados, deberán ser conscientes de que México ha construido una democracia, gracias a la cual serán electos y no designados, pero también deberán tener muy presentes los graves problemas que se han generalizado y que urge remediar.

Sobre la desigualdad económica, a fines de este período, el Ejecutivo propuso la creación de zonas especiales para impulsar el desarrollo, pero no se ha visto cuál ha sido su avance y en cuánto tiempo se empezarían a ver sus efectos; los candidatos tampoco se han manifestado al respecto. En esta materia los gobernadores serían los directamente obligados a programar, cómo atenderán la desigualdad económica de su territorio y cómo se asignarán los presupuestos del próximo período.

Al tema de la violencia se han referido todos los candidatos, pero ninguno ha presentado un plan integral para la solución del problema. Uno de ellos propone la uniformidad nacional del Código Penal. Otro ha propuesta una admistía y es aquí donde el federalismo, que es esencia de nuestro sistema y orgullo nacional, tiene que demostrar que los gobernadores pondrán de su parte lo que les corresponda para resolverlo y promoverán sus acuerdos con la Federación, para que no se diluyan entre ambos las responsabilidades.

La impunidad es otro tema que está en boca de todos, candidatos y ciudadanos. Cuando escuchamos que por años se ha estado sangrando a Pemex con el robo de combustible que se saca directamente de sus ductos por tomas clandestinas y nadie es castigado; cuando vemos que muchos malos funcionarios, que usaron los presupuestos públicos para sus inversiones privadas, no sólo gozan de ello con toda libertad, sino que, además, ocupan nuevos cargos. Cuando los ciudadanos ven todo esto, pierden la confianza en los gobernantes y muchos ambicionan poder hacer lo mismo, pero la mayoría de los mexicanos espera que con los nuevos gobernantes la impunidad deje de existir y eso será responsabilidad de los nuevos gobernantes.

Doctora en Ciencias Políticas

melenavicencio@hotmail.com

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