El abrazo del oso

Aurelio Ramos Méndez

Las ansias de figuración en el proceso electoral de algunos de los más poderosos empresarios, han significado algo así como el abrazo del oso para los apadrinados por esta élite, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Tal riesgo se perfila en el profusamente difundido cuestionario de 14 preguntas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dirigidas a los candidatos presidenciales.

Se percibe, en particular, en la segunda inquisición, en la cual se denota el propósito de despojar al Legislativo de una de sus facultades primordiales, irrenunciable: la definición sobre el uso de los dineros públicos.

Encabezados por Juan Pablo Castañón los miembros de la cúpula económica interrogan sin ambages:

“¿Cuál es su postura sobre la necesidad de crear en México una institución o consejo fiscal independiente, como instrumento para fortalecer la gobernabilidad y disciplina fiscal, prevenir un nivel insostenible de deuda y promover la transparencia en el presupuesto?”.

Sin perífrasis alguna, para sondear el mismo objetivo, la pregunta debió ser planteada en los siguientes términos:

“¿Está usted de acuerdo en que el Presupuesto de la Federación ya no sea elaborado por diputados y senadores, porque actúan con criterios asistencialistas y clientelares, cobran moches o de plano se roban el dinero, sino por un consejo de notables, tecnócratas purasangre, que cuadre ingresos y gastos y determine, con frialdad y sin el menor sentido social, el destino de los dineros nacionales?”.

Para hacer semejante planteamiento, ya sea en una forma u otra, se necesita audacia, o ignorancia de que en un régimen democrático el diseño del Presupuesto, el trazo de las prioridades del gasto público, constituye una de las facultades más trascendentales de los representantes populares.

El presupuesto es la herramienta por excelencia para corregir la desigualdad social y, por lo mismo, su control por parte de los representantes populares es sencillamente inalienable.

Si la mayoría de los miembros del Legislativo, en los hechos, ha renunciado a tal facultad y consentido —a cambio de prebendas personales— que el Presupuesto le llegue de Hacienda, listo para firma, eso no legitima tan perniciosa práctica, ni menos significa que no pueda tener un ¡hasta aquí!

Los diputados y senadores tienen el derecho y la obligación de pelear recursos de las arcas nacionales para sus comunidades, distritos, estados, sectores o gremios. Para eso, entre otras cosas, son electos, no para vivir arrodillados a cambio de recompensas del Ejecutivo.

Si hay legisladores que se roban el dinero, lo procedente es aplicar la ley, terminar con la impunidad y sancionarlos con rigor ejemplar; hacer que se pudran en un penal, no eliminar la atribución de gestionar recursos para quienes más los necesitan.

Con mayor razón debe ser así en un país como el nuestro, donde –lo recordó El Colegio de México esta semana— debido a la desigualdad se tiene una de las tasas de movilidad social más bajas del mundo.

Sólo 2.1 por ciento de los hijos nacidos en los hogares más pobres pueden llegar de adultos a la cima, mientras en Canadá, Francia y Estados Unidos la proporción es de 13.5, 11.2 y 7.5 por ciento.

El informe del Colmex Desigualdades en México 2018 precisa que, en contraparte, la mitad de los que nacen en la punta de la pirámide social se mantendrán de adultos en esa posición.

Así las cosas, ¿cuál creen los barones del dinero que será la reacción de los 3 mil 499 candidatos registrados, de nueve partidos –incluidos 47 independientes-- que se disputan 500 curules y 128 escaños, si antes de llegar al Congreso ya hay quienes intentan cercenarles sus facultades?

¿Suponen que realizarán esos candidatos –propietarios y suplentes--, trabajo proselitista a favor de quién los empresarios buscan beneficiar para llegar a Los Pinos, a sabiendas de que en el trámite del Presupuesto no serán más que simples monigotes?

¿Han reparado los miembros del CCE en que, con su mal disfrazada maniobra para suplantar el Congreso (cuya cámara baja por primera vez tendrá 13 integrantes de origen indígena, aunque debieran ser más de 60), han concitado la antipatía de un ejército de aspirantes a legisladores, suficiente para arruinar cualquier candidatura por ellos apuntalada?

No hay interrogante inocuo en el prontuario del CCE; pero el segundo de la lista exhibe una voluntad de ayuda tan chambona que debería mover a Anaya y Meade decir “no me ayudes, compadre”.

Tal pregunta, además, resulta impertinente. Nadie, aparte de los potentados del consejo empresarial, está pensando en reducir el Congreso a ente subalterno de una institución o consejo de notables, habilitado para decidir sobre ingresos, prioridades de gastos, niveles de impuestos, deuda y otros importantes asuntos.

Es, además, dicho numeral, imprudente. Fue formulado en momentos en que tanto el candidato del frente PAN-PRD-MC como el de la coalición Todos por México hacen esfuerzos para granjearse la simpatía de los indecisos con la esperanza de darle la vuelta a las tendencias del voto.

En el caso de Anaya, por añadidura, en momentos en que busca darle carta de naturalización a una patraña que sólo pudo haber ideado Jorge Castañeda.

¿Cuál patraña? Que Andrés Manuel López Obrador “ya pactó” con el Presidente Enrique Peña Nieto impunidad en un eventual gobierno de aquél, a cambio de respaldo de éste, por más que Peña está por ahora menos en condiciones de dar que de pedir respaldo.

En la casa de campaña de Meade, entretanto, contra todos los pronósticos y a pesar de los desatinos de pretendidos aliados como el CCE, el ánimo no decae.

Los estrategas se dicen convencidos de que el margen de volatilidad de las encuestas, hasta de 50 por ciento según sus estimaciones, todavía hace factible un giro de 180 grados en el curso de la contienda.

“Con 30 por ciento de los votos aún sin definir, es perfectamente ganable la elección. Así ha sido en los últimos procesos electorales. Así se están definiendo los procesos en el mundo”, sostiene el vocero Armando Ríos Piter.

Se apuesta a la potente estructura territorial priista que garantiza 20 por ciento del voto. Y a los indecisos, quienes estarían pensando en una segunda opción atractiva antes de decidir. Con lo que, al final,  el caudal de sufragios para Meade podría alcanzar 35 por ciento, colocar a Anaya en 15 por ciento y al representante de Morena en 33.

Sobre estos esfuerzos cuesta arriba cayó el sondeo empresarial, cuya finalidad, no nos engañemos, es intentar el lance de tomar en sus manos, vía un consejo de insignes, el destino de los recursos económicos con que cuenta el país.


aureramos@cronica.com.mx

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