Ciudad

Inmobiliaria que daña viviendas en Portales contrató al mismo Director Responsable de Obra que el Rébsamen

Tristemente célebre, el Director Responsable de Obra, Juan Apolinar Torales, hacía revisiones en la delegación panista a petición de la empresa Rouz. El DRO está prófugo, el Rébsamen está en juicio y en Sevilla 710 nada se mueve en favor de los afectados

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Vecinos de la Delegación Benito Juárez piden desde hace dos años que la Inmobiliaria Rouz se responsabilice y repare los daños en sus viviendas, originados por la construcción un nuevo condominio. Para paliar la molestia de los vecinos, la empresa utilizó en mayo de 2017 al director responsable de obra (DRO) Juan Apolinar Torales Iniesta, el mismo que ese año validó las fatídicas obras del Colegio Rébsamen —colapsado durante el sismo de septiembre— y por las que murieron 19 niños. Los vecinos afectados presentaron denuncia ante la PGJ capitalina, y la Procuraduría enteró a la delegación Benito Juárez, pero Rouz, empresa que participa en el boom inmobiliario en esta zona de la capital, parece invulnerable. Ni siquiera se presenta a la Procuraduría cuando ésta le emite citatorios.

Los vecinos de Sevilla 710, en la Portales Poniente, están cansados de una lucha que inició en 2016, cuando Rouz demolió los inmuebles sobre los que construye el nuevo complejo residencial, pues aparecieron grietas en sus departamentos, se derrumbó la barda perimetral y (según indican dictámenes privados que los vecinos han mandado realizar) los cimientos puede estar afectados. Esto no lo dice el DRO enviado por la empresa, que no llegó a realizar más que una revisión ocular.

Los eventos en la muy panista delegación Benito Juárez, se dieron simultáneamente al desarrollo de la tragedia del Colegio Rébsamen, en la morenista Delegación Tlalpan (el Frente encabezado por Alejandra Barrales le recuerda esas muertes, cada vez que puede, a la candidata Claudia Sheinbaum). Pero mientras el colegio es afamado por el fallecimiento de menores y los infructuosos intentos por rescatarlos de los escombros luego del 19-S, el viacrucis de los vecinos de Sevilla 710 se da en el anonimato y sin consecuencias.

El DRO Torales afirmó por escrito respecto al Rébsamen que “bajo mi responsabilidad, hago constar que el inmueble descrito con el uso de suelo autorizado para escuela, cumple con lo dispuesto en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal”. Al mismo tiempo enviado por la constructora a verificar los daños reportados por los vecinos de Sevilla 710, indicó: “se determina que el inmueble se encuentra en riesgo medio, el cual se podría incrementar”. El dictamen de Torales hace que los daños sigan allí sin ser reparados. La empresa pide retirar la denuncia y decidir los trabajos de reparación que deben hacerse. La autoridad sencillamente no aparece.

El delegado panista Christian von Roedrich fue enterado desde el 23 de septiembre de 2016, según consta en la documentación a la que Crónica ha tenido acceso. A esa primera comunicación de los vecinos a su delegado, se sumaron las solicitudes de la PGJ para que la delegación, a través de su Jurídico, revise y envíe expedientes sobre la obra de Rouz.

Pero algo pasa, la delegación no se mueve, ni el involucramiento del DRO del Colegio Rébsamen hace que alguien prenda los focos de alerta… hasta el viernes pasado, cuando Crónica pidió una posición oficial a la delegación sobre ese caso. Unas horas después del contacto vía telefónica, la demarcación de Von Roehrich avisó que ha clausurado (ese mismo día) la obra porque una inspección ha detectado trabajadores sin casco y otras violaciones a las medidas de seguridad mínimas.

“Asimismo se llevó a cabo una visita de verificación administrativa, bajo el número de expediente CV/OV/284/2018, lo anterior para corroborar que el desarrollo de la construcción se ajuste a lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, se lee en la ficha informativa enviada por la delegación a Crónica.

Este diario intentó que Rouz brindara una posición al respecto, que aclarara la participación del DRO y que responda a algunas preguntas en torno a lo que las autoridades delegacionales piden o exigen para que opere  en la demarcación. El director de la empresa, según sus allegados, es avisado de esto, pero no responde a la petición.

TEMOR y TEMBLOR. El DRO Apolinar Torales no hizo levantamientos técnicos más allá de una visita que dejó consignada ante notario público a petición de los vecinos.

Para entonces, la empresa ya está denunciada por los afectados, lo que se hace constar en el testimonial notariado. La Procuraduría y la delegación Benito Juárez (instancia con responsabilidad de hacer cumplir los reglamentos de obras) comienzan un lento proceso administrativo, pero la empresa se presentó sólo una vez ante los citatorios de la PGJ; los demás los ha ignorado, como es el caso del jueves pasado.

Los vecinos salieron ese día del Búnker de la Procuraduría CDMX con cierto desánimo, preguntándose si no es mejor aceptar la oferta de Rouz, de que retirar las denuncias ante el MP, y que simplemente la empresa se encargue de realizar las reparaciones de las afectaciones a las viviendas (las que ella y su DRO juzguen convenientes).

Pero la desconfianza sigue allí, ligada al hecho de que la otra visita oficial, la de un perito que fue a ver los daños por instrucción de la PJG, ni siquiera llevaba un metro para tomar medidas…

Si son daños graves o no es algo que sigue en espera de ser analizado, probablemente hasta que finalmente los vecinos se rindan, la empresa se vea liberada de la denuncia (también sin cargar una demanda civil) y decida que las reparaciones se efectúen bajo los criterios del DRO más cuestionado del que se tenga memoria en el país.

Rouz recibió un revés con la clausura de la obra. Se trata de algo que se solucionará con que sus trabajadores lleven el casco en la cabeza...

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