¿El mejor control del gasto es el subejercicio?

Carlos Matute González

Cuando escuché en la radio, mientras manejaba a una cita de trabajo, al Dr. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda en el gabinete propuesto por AMLO en caso que gane la presidencia, creí que era una broma, una fake news o una noticia del Deforma. En cuanto tuve oportunidad consulté el plan económico (Forbes 16-04-18) y confirmé que era cierto lo que escuché. Todavía no salgo de mi estupor.

Leí la propuesta de reducir los salarios a los altos mandos, la no modificación del ISR y el IVA (salvo en la frontera), la construcción de un tren turístico de mediana velocidad entre Cancún y Palenque, la reducción de las estructuras burocráticas y la eliminación de subsecretarías, unidades y direcciones generales, extender el programa alimentario para adultos mayores, becas de 1.5 salarios mínimos a 2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, promover la economía social (cooperativas), internet con la mayor cobertura posible (sic), entre otras memeces.

Dicho plan también incluye las necedades de construir dos pistas en el Aeropuerto de Santa Lucía, abrir dos nuevas refinerías de gasolina y convertir a Los Pinos en la residencia oficial de las artes. Lo anterior no preocupa. Las realidades jurídica, financiera y técnica impondrán los límites rápidamente. Además, siempre existe el recurso retórico de que “la mafia del poder” bloquea cualquier iniciativa a favor del pueblo.

¿Qué causó mi estupor? Algo que resulta difícil de explicar debido a que se trata de una preocupación tecnocrática, pero que puede hacer mucho daño a la operación del gobierno. Carlos Urzúa afirmó que desaparecerá las unidades responsables de gasto en todas las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y que sólo habrá una centralizada en la SHCP. ¡No era broma aquello de regresar a la época del desarrollo estabilizador de los años cincuenta y sesenta!

Mis queridos lectores, en este lugar de la lectura, tienen dibujado en la cara un gran signo de interrogación. ¿Qué significa esa propuesta? Sencillo, eliminar el trabajo de modernización de las finanzas públicas de los últimos cuarenta años, que se inició con la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y continuó con la Leyes Federales de Entidades Paraestatales (1986) y de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria (2004), así como la normatividad en planeación, armonización contable, deuda pública, disciplina fiscal y un larguísimo etcétera.

Hoy cada entidad pública -perteneciente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los que gozan de autonomía presupuestal- son unidades responsables de gasto. Esto significa que cumplen con el ciclo presupuestario en forma descentralizada o desconcentrada, según sea el caso, y lo único que se mantiene altamente centralizado son las funciones de tesorería y las ministraciones presupuestales (aún en estos rubros hay cierto grado de descentralización).

La planeación, programación, ejecución, evaluación y control del gasto lo lleva a cabo cada entidad pública a través de la figura de la unidad responsable del gasto. Esto significa que paga directamente su nómina y servicios personales (capítulo 1000), la adquisición de bienes (2000), la prestación de servicios (3000) y la obra pública (5000), entre otros conceptos y, sólo en circunstancias excepcionales, solicita la adecuación presupuestal correspondiente.

Si se aplicara la propuesta del plan económico, cualquier pago de las instancias federales requeriría autorización de la unidad responsable de gasto centralizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que afectaría de inmediato la operación del gobierno y pudiera lesionar la autonomía financiera de los otros poderes, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos y las instituciones de educación superior que gozan de autonomía. El subejercicio estaría garantizado.

El esfuerzo de décadas por crear un sistema eficiente y moderno de administración basado en resultados y atención inmediata a las necesidades de las personas con organizaciones públicas responsables ante la sociedad se arrojaría por la borda. Ciertamente, la corrupción disminuiría sensiblemente por una sencilla razón: no habría ejercicio del gasto descentralizado, los puntos de control o riesgo de fuga aparentemente disminuirían, pero no habría respuesta oportuna a las demandas sociales.

La propuesta señala que todas las compras gubernamentales de las dependencias y entidades serían centralizadas (sic). Nadie podría ejercer gasto federal, sin la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Todas? ¿Desaparecerían el esquema de contratos marcos o compras consolidadas efectuadas por dependencias y entidades distintas a Hacienda? ¿Una adquisición de emergencia derivada de causa mayor -inundación o ciclón- requeriría de autorización de la unidad responsable del gasto centralizada?

Esta propuesta del plan económico es una broma, producto de un desconocimiento de la realidad presupuestal en un Estado constitucional de derecho o simplemente una expresión de soberbia de quien cree que todo está por inventarse y que nadie ha descubierto el agua tibia. Esto preocupa a los tecnócratas, pero al electorado le tiene sin cuidado. Las protestas surgirán si en verdad las pretenden llevar a la práctica. En ese momento, la puerca torcerá el rabo y las explicaciones, justificaciones o excusas aparecerán.

Profesor de posgrado del INAP

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