La tribulación de la Iglesia en Chile

Manuel Gómez Granados

El miércoles de la semana que recién concluyó, el gobierno de Chile decidió tomar una medida que, en estricto sentido, debió tomarse hace mucho tiempo: allanó y confiscó documentos en el tribunal eclesiástico de Santiago de Chile y en la curia de la diócesis de Rancagua. Si esta medida no se tomó antes fue porque las relaciones personales de los obispos chilenos impidieron que ocurriera. Lamentablemente, lejos de aprovechar el tiempo que les conseguía el intenso cabildeo luego de que se sabía de más casos de abuso sexual, los obispos chilenos se durmieron en sus laureles. Incluso convencieron al papa Francisco de que ya todo estaba bajo control, cuando —en realidad— no era así.
Los primeros signos de que las cosas no estaban bien, los recibió el papa Francisco mismo cuando una pequeña delegación de chilenos residentes en Osorno lo fueron a ver a Roma en 2015. El Papa los trató bien, hasta que supo que iban a protestar por el nombramiento del obispo Juan Barros. Otro signo lo recibió durante su visita pastoral a Chile, a principios de año. Lejos de ofrecer la imagen acostumbrada de multitudes desbordadas, revelaba espacios vacíos, además de que la poca gente que acudía estaba distante y sin el entusiasmo de otras visitas pastorales del actual o de otros papas.
Todavía allá, Francisco siguió siendo leal a los obispos chilenos y cuando una paisana suya le preguntó por el obispo Barros, el papa insistió en defender su decisión de que fuera obispo en Osorno. La airada respuesta del papa motivó el apresurado viaje del arzobispo de Boston, quien alcanzó al papa en Perú para hacerle ver que era necesario reconocer ya lo que, al menos en Chile, era un secreto a voces: hubo abusos y los obispos chilenos no supieron actuar.
Afortunadamente, Francisco, hombre sensato y que no peca de arrogante, aceptó que se había equivocado y, desde entonces, hemos visto un giro de 180 grados, que incluyó la reapertura de las investigaciones sobre Barros, lo que derivó en el llamado a que todos los obispos chilenos acudieran a Roma donde, también todos, presentaron su renuncia.  A pesar de ese gesto, la realidad es que la jerarquía chilena se aferró a su posición original.
Lamentablemente para ellos, la primera visita del obispo Charles Scicluna, del Vaticano, quien ya regresó a Santiago, dejó ver que no sólo no se habían resuelto los problemas provocados por Karadima y sus discípulos. Otras congregaciones y diócesis tenían tantos problemas o más que los causados por depredadores sexuales fuera de control.
El caso de la diócesis de Rancagua es especialmente grave porque ahí operaba una mafia del clero local que se hacía llamar La Familia, cuyos miembros tomaban nombres femeninos y, en un contexto así de torcido, crearon complejos mecanismos para abusar de menores.
Es difícil saber qué saldrá de las investigaciones que haga la Fiscalía General chilena, lo que es claro es que muchos obispos de aquel país mintieron muchas veces; no sólo al actual papa, sino a sus antecesores también, además de que mintieron a las personas que, de buena fe, confiaban en ellos. Tampoco sabemos qué resultará de la segunda visita del obispo Scicluna. Lo que es un hecho es que ya anunció que se creará una oficina de la Iglesia en Chile que recibirá las quejas contra curas y obispos que abusen de menores. Lástima que se le haya hecho tanto daño al papa, a la Iglesia como institución y, sobre todo, tanto daño a personas, a víctimas y sus familiares, a quienes no se les quiso escuchar antes.

 


manuelggranados@gmail.com

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